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| 3/13/1995 12:00:00 AM

EN MI CASA MANDO YO

Después de la intervención del presidente Samper y la ofensiva diplomática del gobierno en Washington, la situación de Colombia frente a la certificación en su lucha antidrogas se ve menos dramática.

EN MI CASA MANDO YO EN MI CASA MANDO YO
HACE OCHO DIAS Estados Unidos había puesto en jaque a Colombia y el país se encontraba a punto de quedar en el muro de la verguenza. O por lo menos esa era la impresión como consecuencia de la amenaza de no certificación de sus esfuerzos en la lucha contra las drogas por parte de la administración Clinton.
Hoy, sin embargo, ese panorama es menos drástico. Y si bien nadie sabe a ciencia cierta qué va a suceder, el sentimiento de pánico ha comenzado a desvanecerse.
Dos factores son responsables de esta variación: comprensión de las circunstancias y una eficaz acción del gobierno. En cuanto al primero, se tiene ya más conocimiento de la situación. El famoso discurso del embajador Myles Frechette ante el Consejo de las Américas en Nueva York el pasado 27 de enero tomó a todo el mundo por sorpresa. Pocos dentro del gobierno colombiano lograban entender el súbito cambio de actitud de Estados Unidos, que le había dado la certificación al país aun después del oso que constituyó la fuga de Pablo Escobar.
Al cabo de varios días de consultas y gestiones se ha comenzado a desenrollar la madeja. Por una parte, quedó claro que había un problema de política doméstica en Washington, por cuenta del nuevo Congreso de mayoría republicana. Este ha enfilado sus baterías sobre temas como el de la ayuda a los países del Tercer Mundo y la mano dura con el narcotráfico. Ante la firmeza de los planteamientos de la oposición, la administración Clinton se ha mostrado reacia a darse la pela y arriesgarse a una derrota en el Parlamento. Esa impresión fue confirmada por la noticia que recibieron otros países latinoamericanos, en el sentido de que a ellos también les sería negada la certificación.
Pero ese no era el único elemento. A esto se sumaban ciertas reservas frente al gobierno colombiano, al cual le reconocían resultados alentadores mas no un compromiso frontal en la lucha contra los carteles de la droga. En otras palabras, existía la percepción en Washington de que el gobierno de Ernesto Samper era más implacable con la cocaína que con sus exportadores.
Ante esa situación, el Presidente decidió fijar de una vez por todas y en forma clara la posición de su gobierno sobre el tema. Simultáneamente decidió enviar a Washington a sus ministros de Defensa y de Relaciones a vender esa posición.
La ocasión escogida para dar la línea de la administración fue la posesión del nuevo gerente para el plan de desarrollo alternativo de cultivos ilícitos, el pasado martes 7 de febrero. Para preparar su intervención, Samper le pidió un borrador de discurso al ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez y al canciller Rodrigo Pardo. Una vez recibidos los textos elaboró personalmente la versión final en su computador. El resultado fue un discurso claro y directo que obtuvo el propósito buscado. El punto clave para los norteamericanos fue el compromiso de erradicar la totalidad de los cultivos de coca y amapola en un plazo de dos años. "El gobierno que presido se compromete con esta política integral, que estará directamente orientada y supervisada por el Presidente de la República", dijo Samper.
Para los conocedores no es seguro que esta meta sea viable. Erradicar las casi 50.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, en una zona donde la guerrilla ejerce un fuerte control y donde miles de campesinos viven de esa actividad, parecería un propósito loable pero utópico. Sin embargo, el solo hecho de que el Presidente de la República tome semejante riesgo político al adquirir ese compromiso personalmente significa que la cosa es en serio.
Mientras Estados Unidos registraba con satisfacción el contenido del discurso de Samper, los representantes del gobierno se desplazaron a Washington a hacer lobbying. Y el lobbying fue efectivo. En una reunión entre Fernando Botero, el subsecretario para asuntos de narcóticos, Robert Gelbhard, y el subsecretario de Estado para asuntos interamericanos, Alexander Watson, se pusieron las cartas sobre la mesa. Los representantes de la administración Clinton plantearon cuáles eran sus problemas de política interna y lo que esperaban de Colombia. El Ministro de Defensa les explicó lo que se había hecho en esta materia y lo que se podía mejorar. Este intercambio de opiniones sincero y directo distensionó el ambiente.
Al día siguiente llegó Rodrigo Pardo, quien se concentró inicialmente en el Congreso, que es donde está la resistencia más grande. Trabajando individualmente parlamentario por parlamentario, el Canciller logró mejorar el ambiente. Algunos de sus interlocutores, del calibre de Benjamin Gilman, presidente de la comisión de relaciones exteriores de la Cámara, se comprometieron a ayudar a Colombia.
Al cierre las acciones de Colombia tenían tendencia al alza. El ministro Pardo, quien es el mayor conocedor del tema y se ha caracterizado por ver las cosas fríamente, le da al país 5 por ciento de posibilidades de que le nieguen la certificación; 25 por ciento de posibilidades de que ésta se otorgue en forma plena y un 70 por ciento de posibilidades de que la certificación sea intermedia bajo la modalidad de seguridad nacional. De ser este último el caso, las implicaciones económicas serían mínimas. No habría represalias ni en materia arancelaria ni crediticia. En otras palabras, la certificación de seguridad nacional tiene los mismos efectos que la certificación plena para el país.
En este escenario la administración Samper tendría dos alternativas. Aceptar calladamente el premio de consolación y recibir los 14 millones de dólares que se le seguirían dando a Colombia para la guerra contra el narcotráfico. La segunda opción es dar un grito de independencia y rechazar los 14 millones de dólares. De ser este el caso, tampoco se afectaría el panorama arancelario ni el crediticio.
En el gobierno hay dos bandos frente a este problema y parece estar ganando la línea dura. La recomendación sería rechazar sin alardes populistas la ayuda económica y continuar la lucha antidrogas bajo los mismos parámetros dados por Samper en su discurso del martes 7. En todo caso el suspenso al respecto durará hasta comienzos de marzo, época en la cual se sabrá la decisión de la Casa Blanca y la respuesta de la Casa de Nariño.

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