EN OBSERVACION

El pasado 20 de octubre la edición dominical del periódico inglés The Observer publicó un artículo titulado 'BP, acusada de crear escuadrones de la muerte en Colombia'. En él se afirmaba que, de acuerdo con un informe oficial del gobierno colombiano, la British Petroleum y sus asociadas en el campo petrolero de Cusiana estaban compartiendo información de inteligencia con el Ejército y financiando grupos paramilitares en Colombia.Al día siguiente, en Bogotá, la BP no sólo desmintió el artículo de The Observer, sino que le envió una carta al consejero presidencial para los Derechos Humanos, Carlos Vicente de Roux, pidiéndole que se pronunciara sobre la naturaleza y alcance del documento mencionado en el artículo de The Observer, y recordándole que desde el 2 de octubre le habían solicitado tal aclaración. La petición era urgente porque dos días después tendría lugar un debate en el Parlamento Europeo sobre los Derechos Humanos en Colombia que podría involucrar a la empresa petrolera.La carta de la BP se cruzó con una comunicación del consejero presidencial al representante legal de la compañía británica en la cual decía que el documento en cuestión fue elaborado en abril de 1995 por una comisión interinstitucional encabezada por la Consejería, y recogía algunas denuncias contra la empresa. Pero aclaraba que no era un pronunciamiento oficial y que sus autores carecían de jurisdicción y competencia para juzgar la veracidad de los hechos mencionados en el mismo.De Roux resaltaba la importancia que tienen las comisiones interinstitucionales creadas para investigar la posible violación de los Derechos Humanos en zonas de conflicto _como el de Casanare_, pero aseguraba que "el propósito del trabajo de tales comisiones es el de definir focos de acción institucional para el desarrollo de investigaciones más detenidas (incluidas las del poder judicial) y para el diseño de políticas estatales encaminadas a enfrentar a profundidad las respectivas problemáticas".Tres días después, sin embargo, el ducumento _que fue revelado originalmente por el periódico The Guardian_ fue utilizado por Richard Howitt, miembro del Parlamento Europeo, para tratar de buscar un pronunciamiento oficial en contra de la BP, en el marco del debate sobre los Derechos Humanos en Colombia. Al final, la resolución del Parlamento no recogió la propuesta de Howitt, pero sí lo hicieron las agencias internacionales presentes en el recinto, cuyos informes le dieron la vuelta al mundo.Frente a eso, de poco valieron las cartas enviadas el 22 de octubre a The Observer por el vicepresidente Carlos Lemos y por el ex embajador británico en Colombia Keith Morris, precisando las relaciones entre la BP y las autoridades colombianas. Para el mundo, la BP es culpable de lo que en Colombia son apenas acusaciones formuladas por algunos habitantes del Casanare ante la comisión creada por la Consejería Presidencial, pero que todavía no han sido evaluadas por ninguna autoridad judicial. Y eso, en un tema tan delicado, es poco lo que aporta a la imagen del país.