“En Tolemaida había un alto grado de corrupción”

En la mañana del viernes pasado, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, recibió el informe final de la comisión transitoria que fue creada en la primera semana de abril tras la explosiva denuncia que hizo SEMANA de los excesos y privilegios en la cárcel militar de Tolemaida.

El extenso documento de más de cien páginas confirma las revelaciones hechas por esta revista y hace un completo y descarnado relato de otras graves irregularidades encontradas por la comisión, que estuvo integrada por el inspector general de las Fuerzas Militares, el inspector del Ejército Nacional, el viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales y el director del Inpec.

"Se evidencia que el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida se convirtió en un desorden administrativo sin precedentes, con alto grado de corrupción", dice uno de los primeros apartes del informe, en el que se reportan 166 irregularidades de todo tipo.

Y unos párrafos después muestra cómo la cárcel se había convertido en un jugoso negocio para los supuestos detenidos. "Era negocio para los internos propietarios de los 'talleres productivos', que en algunos casos eran muy prósperas empresas privadas, y para quienes en ellas laboraban. Era también negocio para quienes se reclamaban como propietarios de las cabañas, que las vendían. Y negocio para quienes estaban al frente del penal y que, abusando de las competencias otorgadas, hicieron de la cárcel una empresa de extracción ilegal de recursos", se afirma en la investigación entregada al ministro Rivera.

La comisión encontró que tal y como se denunció hace dos meses, los internos del penal entraban y salían de la cárcel como Pedro por su casa e incluso algunos de ellos se daban el lujo de vivir en lujosas edificaciones en Melgar o Girardot. "Se encontró que al menos 92 militares investigados o condenados salían de la cárcel sin orden judicial. El sistema de seguridad interna y externa del penal era inoperante, en la medida en que la libertad de ingreso y de salida para los internos era la norma", asegura el informe.

Otro punto clave que confirmó la comisión, que en su momento fue negado por algunos sectores del Ejército, tiene que ver con los alojamientos que tenían los reclusos. "La información recolectada y analizada indica que los denominados kioscos o cabañas, por lo menos en su mayoría, fueron construidos por los internos y sin el lleno de los requisitos que deben observarse para las construcciones que se adelanten en predios oficiales y dentro de los centros carcelarios". Y añade: "Las construcciones venían siendo utilizadas para beneficio personal de determinados internos, en contraste con las diez que fueron construidas por el centro carcelario con fines de visita conyugal. Las cabañas fueron asignadas de tiempo atrás a determinados internos, quienes las asumían como su propiedad privada, a tal punto que se registran testimonios que indican que eran vendidas entre ellos", afirma la comisión.

La completa investigación aborda y deja en evidencia otra gran cantidad de anomalías y plantea 35 recomendaciones puntuales, entre las que está demoler los kioscos.

Aunque luego de destaparse el escándalo el Ejército intentó minimizar lo ocurrido, sin duda alguna la contundencia del informe deja muy bien parados al ministro de Defensa; al comandante de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely y al Ejército mismo, pues no solo dieron total libertad para realizar el informe, sino que además dieron una muestra de transparencia con su completa divulgación a la opinión pública, sin ocultar ninguno de los hallazgos.

Ahora lo que viene es tomar los correctivos del caso y esperar que, como lo anunció Rivera, la Fiscalía y la Procuraduría -a quienes se les envió el informe- sancionen a los responsables de tan bochornoso episodio.