Enemigos íntimos

El jueves 28 de febrero de 2008, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, llamó a su colega colombiano, Álvaro Uribe, para comunicarle una buena nueva: Ecuador dejaría de exigir el certificado de antecedentes judiciales a los colombianos para ingresar a ese país. Uribe, entusiasmado, le agradeció públicamente la decisión. En la madrugada del sábado primero de marzo los mandatarios volvieron a hablar; ya no de temas consulares, sino del ataque colombiano contra un campamento de las Farc localizado en territorio ecuatoriano. Según un comunicado de la Presidencia, Uribe le informó del hecho a Correa. Aparentemente, le faltaron detalles. "El presidente Álvaro Uribe o estuvo mal informado o descaradamente mintió al Presidente de Ecuador -sostuvo Rafael Correa horas después al ordenar el retiro de su embajador de Bogotá-. Estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, pero se acabaron los ultrajes y los abusos del gobierno colombiano".

Unos 16 meses después, Correa ha cumplido su amenaza. La orden de captura del juez de Sucumbíos contra el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, y la petición a Interpol de que expida una circular roja para que detengan al dirigente colombiano son apenas el último episodio de una ofensiva jurídica, política y diplomática contra Colombia. En abril de 2008, Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por las fumigaciones de cultivos ilícitos en la frontera. El mes pasado, presentó una demanda por la muerte del ciudadano Franklin Aisalla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Aisalla murió en el ataque contra el campamento de 'Raúl Reyes'.

Esta semana, el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de ese país decidió imponer una salvaguardia cambiaria a Colombia, en efecto un arancel. El gobierno ecuatoriano alega que el país ha devaluado excesivamente su moneda (algo extraño si se tiene en cuenta la fuerte revaluación del peso estos años). La medida, dicen los medios y los analistas locales, sólo aplicaría a Colombia. ¿Y el requisito de certificado judicial? Sigue, con la ñapa de que ahora debe ir apostillado.

Aunque este deterioro de las relaciones entre dos naciones que los políticos llaman 'hermanas' precede el bombardeo a 'Reyes' -el anticolombianismo en Ecuador cogió vuelo gracias a las fumigaciones y a una labor poco eficaz de los embajadores de Uribe en Quito-, sin duda todo cambió los primeros días de marzo de 2008. Por un lado, Correa quedó consternado por el ataque en territorio ecuatoriano sin su consentimiento, y por el otro, Uribe quedó aterrado con el contenido de los correos del computador de 'Reyes',que describían unos vínculos demasiados cercanos entre altos funcionarios del gobierno ecuatoriano y las Farc. Ambos gobernantes y sus séquitos se sintieron traicionados en lo más profundo de sus almas.

Esa desconfianza, lejos de desaparecer, se ha acentuado desde entonces. La rabia en el corazón de Correa sale a relucir cada vez que alguien le menciona Colombia. No ahorra epítetos para referirse a Uribe y su gobierno. El hecho de que el gobierno colombiano haya sido más discreto en lo público no significa que no mantenga serias dudas sobre las actuaciones de su par ecuatoriano. Esa preocupación quedó evidente en el comunicado de la Cancillería sobre la demanda interpuesta por la muerte de Aisalla, un hombre que las mismas agencias de inteligencia ecuatorianas vinculaban con las Farc. "Colombia presentará pruebas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre nexos de ecuatorianos con la guerrilla de las Farc", dice el comunicado, que agrega que no hay duda de la "presencia activa de este grupo terrorista al otro lado de la frontera colombiana".

La virulencia verbal con la cual se refieren los unos a los otros -los funcionarios ecuatorianos a los cuatro vientos en foros y charlas que los inviten, y los colombianos en privado hasta esta semana (Uribe los calificó este viernes de "auxiladores de las Farc")- ayuda explicar por qué los buenos oficios de la OEA y del Centro Carter no han sido fructíferos. En su momento, se hizo mucho alarde del apretón de manos de Uribe y Correa en la cumbre de Río en Santo Domingo, días después de estallar la crisis diplomática. Se dijo que con ese gesto los dos mandatarios habían pasado la página. La realidad ha despedazado esa ilusión.

Correa siente que los derechos de Ecuador no han sido reivindicados. Por eso, su andanada de demandas judiciales y sus giras internacionales en busca de una condena a Colombia. Esa sensibilidad sale a flor de piel especialmente cuando se citan los documentos encontrados en el computador de 'Reyes'. La sola mención de ese aparato genera una reacción explosiva por parte del mandatario ecuatoriano, como se vio recientemente en la columna escrita por Mary Anastasia O'Grady en el Wall Street Journal. Allí la columnista publicó varios apartes de correos que dejan mal parado al entonces ministro de Seguridad, Gustavo Larrea. Los mensajes no son nuevos; fueron conocidos el año pasado y generaron la salida de Larrea del gobierno. Para Correa, no hay duda alguna de quién es la fuente de esa información. Dijo que era parte de "una campaña de rumores y agresiones de Colombia hacia Ecuador". Su embajador ante la Casa Blanca fue más explícito en una carta enviada al diario estadounidense: "Funcionarios colombianos han decidido proveer información engañosa que daña la imagen de Ecuador".

Esa percepción de que hay una mano colombiana detrás de cada artículo crítico a Correa existe desde cuando el gobierno de Uribe decidió hacer públicos y en rueda de prensa varios de los correos de 'Reyes', al día siguiente del ataque. Un alto dirigente colombiano le dijo a SEMANA que no se puede descartar que ese artículo del Wall Street Journal motivó el anuncio de la reciente orden de captura del juez de Sucumbíos contra Juan Manuel Santos. En otras palabras, sería la venganza ecuatoriana a la grave denuncia periodística. Un ojo por ojo mediático.

De ser cierto que las recientes filtraciones a la prensa provienen de funcionarios del gobierno, sería un error craso, le dijeron a SEMANA dos fuentes conocedoras de la diplomacia, que por la sensibilidad del tema pidieron no ser identificadas. No es claro qué gana el país al despertar la ira de Correa, un mandatario que hace ver a Hugo Chávez, en palabras de un dirigente regional, "de mejores maneras". En el último año, Correa se ha enfrentado con Brasil al demandar a la empresa Oderbrecht ("si se resiente Brasil, qué le vamos a hacer", dijo). Casi expulsa a la mexicana América Móvil, cuyo dueño es Carlos Slim. Tuvo que intervenir personalmente Felipe Calderón. Este abril les puso restricciones a las importaciones peruanas. Y en febrero, expulsó dos diplomáticos gringos porque le dio la gana.

La fama de Correa de ser un buscapleitos favorece la estrategia colombiana de mostrarse como la parte conciliadora. Y la arremetida ecuatoriana en todos los escenarios posibles refleja la frustración en Quito de que el episodio de 'Reyes' ya no importaba en la región. Como le dijo a SEMANA una fuente de la OEA, era visto como un asunto bilateral. Sin duda, eso cambió con la petición ecuatoriana a la Interpol para que capture al ex ministro de Defensa de Colombia. Una medida arriesgada no sólo en lo jurídico (ver artículo anterior), sino en lo diplomático. Hace un año, Correa y Ecuador tuvieron a su favor la solidaridad regional; el respeto por las fronteras ha sido un pilar del sistema interamericano por décadas. Será difícil que tengan tantos adeptos esta vez. Por una sencilla razón: ningún gobierno va a apoyar que se genere el precedente de que un juez de cualquier país pueda ordenar la captura de sus altos funcionarios. Es como darle una patada al ajedrez.