Enero, mes clave en procesos del 'carrusel de la contratación'

El año empieza con importantes decisiones en los procesos que se adelantan por el llamado ‘carrusel de la contratación’. Después de que en el 2011 la justicia aseguró al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, enero se convierte en un mes clave para el desarrollo de los procesos que cursan por este escándalo.

Este miércoles se definirá la situación del exasesor jurídico del IDU, Inocencio Meléndez (detenido desde marzo del 2011). Un juez definirá si avala o no el principio de oportunidad por el delito de concusión al que llegó con la Fiscalía. El exasesor ya fue condenado a siete años y medio de cárcel por los delitos de prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y celebración de contratos con incumplimiento de requisitos legales.
 
Las diligencias por el ‘carrusel de la contratación’ continúan el 16 de enero (lunes) con el juicio oral ante el juzgado 27 penal contra la exdirectora del IDU Liliana Pardo (libre desde agosto del 2011) y el excontralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi (en detención preventiva desde noviembre del 2011).
 
Y aunque dichas audiencias son clave en el proceso, tal vez una de las más importantes es la de formulación de acusación contra el exalcalde Samuel Moreno. El martes 24 de enero ante el juzgado 10 penal, la Fiscalía presentará las pruebas que tiene en su contra y con las que se basó para la imputación de cargos por los delitos de concusión, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
 
En este caso, la justicia ha hablado de graves y notorias irregularidades en tres contratos: dos de mantenimiento de la malla vial, que se adjudicaron por cerca de 200.000 millones de pesos, y uno para la construcción de un tramo de Transmilenio, por más de 400.000 millones. Según la Fiscalía, por los primeros dos contratos al alcalde Samuel Moreno y a su hermano, el exsenador Iván Moreno, les habría tocado 10.800 millones de pesos de ‘mordida’ y al entonces contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, 3.500 millones.
 
El mismo día (24 de enero) en que se espera conocer las pruebas contra Samuel Moreno, se realizará la audiencia de fijación de pena y fallo contra Julio Gómez, contratista del IDU. Gómez llegó a un preacuerdo con la justicia por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
 
En el proceso que cursa contra los Nule, que tuvo su capítulo reciente con la condena por peculado, el único delito que aceptaron y por el que pagaran siete años y medio de cárcel, se espera que se conozca si prospera o no el principio de oportunidad que los miembros del cuestionado grupo estarían adelantando con la Fiscalía por los delitos de cohecho, falsedad ideológica en documento privado, concierto para delinquir y fraude procesal.
 
Las audiencias de imputación de cargos contra Álvaro Dávila (abogado) y Emilio Tapia (contratista) siguen pendientes. Tanto en el caso de Dávila como en el de Tapia ha trascendido que buscan un preacuerdo con la Fiscalía. A cada uno, el ente acusador le imputará cuatro delitos.
 
Pero además de la continuación de los procesos de quienes durante el 2011 sonaron por este escándalo, se está a la espera de lo que suceda con el reciente llamado de la Fiscalía a interrogatorio a nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios de IDU, que hicieron parte del comité evaluador y de adjudicaciones de esa entidad.
 
Después de los interrogatorios, que aún no tienen fecha para llevarse a cabo, la Fiscalía decidirá si los llama o no a audiencia de imputación de cargos.