Enredado

El coronel de la Policia Mauricio Santoyo es uno de los miembros más respetados de esa institución. Es considerado como uno de los mayores especialistas en la lucha antisecuestro y en temas de seguridad en Colombia y desde hace más de un año tiene una de las misiones más difíciles para cualquier miembro de la Fuerza Pública: garantizar la seguridad del presidente Alvaro Uribe. Como secretario de seguridad del primer mandatario Santoyo se ha convertido en uno de los hombres más cercanos de Uribe y su gabinete. Su exitosa labor es ampliamente reconocida por todos los miembros del gobierno. La semana pasada, sin embargo, una determinación de la Procuraduría lo puso en el ojo del huracán.

El jueves pasado el Ministerio Público ordenó la destitución del coronel Santoyo por hechos relacionados con su desempeño como comandante del Gaula de Medellín. La Procuraduría confirmó la participación del oficial en interceptaciones telefónicas, realizadas entre octubre de 1998 y diciembre de 1999, a organizaciones defensoras de derechos humanos y otros particulares en la capital de Antioquia. La decisión, firmada por el procurador general, Edgardo Maya Villazón, también impone a Santoyo la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.

La historia de este caso comenzó el 6 de octubre del año 2000 a raíz de una investigación que adelantó la Fiscalía en Medellín por la desaparición de Claudia Monsalve y Angel Quintero, activistas de derechos humanos vinculados a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). Durante las pesquisas las autoridades encontraron que las líneas telefónicas de los desaparecidos habían sido intervenidas ilegalmente por el Gaula de la Policía de Medellín. Aunque para la época de las desapariciones de los dos activistas Santoyo ya no era director del Gaula, y no está relacionado con ese caso en particular, la investigación estableció que de diciembre de 1997 a febrero de 2001 el Gaula realizó 1.808 interceptaciones ilegales y que varios miembros de la Policía habrían utilizado órdenes de intervención telefónica falsificando firmas de fiscales asignados al Gaula.

Durante casi tres años la Fiscalía adelantó las pesquisas para tratar de establecer la culpabilidad de Santoyo y sus hombres en los hechos. El pasado 29 de agosto esa entidad absolvió de toda responsabilidad al coronel por no encontrar méritos ni pruebas suficientes de su participación en las intervenciones ilegales. Por este mismo caso, en octubre de 2001, la Fiscalía ya había revocado la medida de aseguramiento en contra de seis miembros del Gaula de Medellín a quienes había vinculado a la investigación. A pesar del fallo del ente investigador la Procuraduría, que adelantó una investigación paralela a la de la Fiscalía, decidió no sólo pedir la destitución de Santoyo, por considerar que sí tuvo responsabilidad en las intervenciones ilegales, sino que en la misma decisión ordenó además la destitución del coronel Germán Eduardo Flórez Sánchez, también ex comandante del Gaula de Medellín, y de ocho miembros más de la Policía, la mayoría de los cuales habían sido absueltos también por la Fiscalía. Según el fallo del Ministerio Público, los funcionarios del Gaula intervinieron líneas telefónicas "para lograr resultados operacionales sin importar el costo para los derechos fundamentales de las personas afectadas con la escucha arbitraria de sus comunicaciones privadas".

Luego de conocido el fallo la Casa de Nariño expidió un comunicado en el que afirmó que el coronel Santoyo interpondrá el recurso de reposición. Y agregó que la Presidencia considera prudente esperar el fallo definitivo del Ministerio Público. Antes de un mes el Procurador deberá decidir si acepta el recurso, caso en el cual Santoyo y los demás implicados realizarán sus descargos, con lo que el proceso continuará durante varios meses. Si la Procuraduría no revoca su decisión la sanción de destitución, una de las más drásticas, quedará en firme y el destino del coronel será el retiro.

Con este caso ya son tres los secretarios de seguridad del Palacio de Nariño involucrados en escándalos judiciales en los tres últimos gobiernos. En septiembre de 1999 un fiscal de primera instancia llamó a juicio al coronel Germán Osorio, ex edecán del presidente Ernesto Samper, acusado de recibir dos cheques de Elizabeth Montoya de Sarria, la tristemente célebre 'Monita retrechera'. La Fiscalía precluyó la investigación en su contra el 3 de abril de 2001 y determinó que no hubo incremento patrimonial por parte del oficial y ordenó archivar el expediente.

El otro caso ocurrió el 6 de octubre de 2003, cuando la Fiscalía abrió investigación contra el coronel (r) Royne Chávez, ex jefe de seguridad del presidente Andrés Pastrana, y a su esposa, la popular cantante Maureen Ramírez -Marbelle-, quienes son investigados por enriquecimiento ilícito y tendrán que explicar de dónde proceden los recursos con los que construyeron un edificio de parqueaderos. Los peritazgos arrojaron un incremento no justificado de su patrimonio por 1.500 millones de pesos.

El caso del coronel Santoyo podría tener un desenlace diferente. El gobierno confía en la inocencia de su jefe de seguridad y en su capacidad para demostrarla. Por el bien del país ojalá que así sea.