ENTIERRO DE TERCERA

En la Costa Atlántica, todo el mundo está convencido de que está asistiendo al entierro de tercera del proyecto hidroeléctrico de Urrá, sin duda el más ambicioso del sector en la historia del país. Y no es para menos. Mal que bien, el proyecto había logrado superar, no sin recibir algunas heridas
graves, los cuestionamientos financieros, técnicos y ecológicos que se le habían planteado. Pero el nuevo debate que ha surgido parece ser el golpe de gracia pues implica la puesta en duda, por primera vez desde cuando se empezó a hablar de Urrá, de la seriedad de los procesos de adjudicación de las licitaciones relacionadas con la obra.
Todo comenzó el 3 de mayo, cuando un columnista de El Espectador Antonio Andraus Burgos, sugirió que algo raro estaba sucediendo con una licitación que adjudicaba las obras de construcción de los campamentos de Urrá, una ciudadela en la cual deberían álojarse unas 7 mil personas vinculadas a la obra. Ese mismo día, a las once en punto de la mañana el consejo directivo de la Corporación Eléctrica de la Costa, Corelca, encargado de adjudicar los contratos de Urrá, inició en Barranquilla una reunión que en el orden del día incluía la decisión sobre la licitación de los campamentos.
El consejo se reunió con un quórum precario, pero suficiente para analizar y decidir. Cuatro de los siete miembros estaban presentes y en capacidad de votar: la viceministra de Minas, Gloria Duque de Robayo, quien presidía a nombre del ministro Iván Duque; el conservador Rodolfo Campo Soto; y los liberales Amado Blanco Castilla, número dos del movimiento del senador José Name Terán y Alvaro Jaramillo Vengoechea.
Al parecer, otros miembros del consejo habían llegado a las oficinas de Corelca esa mañana, pero habían optado por no asistir a la sesión en un intento por romper el quórum, pues ese día vencía el plazo para la adjudicación. Todo indica que la intención de estos directivos era la de que la licitación se declarara desierta, pues no estaban de acuerdo con la firma que iba a resultar ganadora.
Lo cierto es que el consejo sesionó y adjudicó el contrato al consorcio Conidec Ltda. -Domínguez y Saieh Ltda., por 829 millones de pesos. Nada más se habría sabido al respecto si una semana después un editorial del diario El Espectador no hubiera cuestionado la adjudicación, alegando que una de las firmas competidoras, el consorcio Salleg Bechara Ltda. y otros, había sido eliminada pese a haber hecho una oferta mucho más barata que la de los ganadores. En efecto, la oferta de Salleg Bechara, consorcio de constructores de Córdoba ascendía a 616 millones de pesos, 213 menos que la de Conidec. El Espectador agregaba que le parecía sospechoso que la firma favorecida perteneciera precisamente a un hermano del presidente del Senado, José Name Terán.
¿Por qué fue eliminado el consorcio de Córdoba? SEMANA interrogó al respecto al director de Corelca, Alvaro Osorio Carbonell, quien dijo que ese consorcio había dejado vencer su registro en el kárdex de contratistas de la empresa y que, según el decreto 222 sobre contratación administrativa, eso lo inhabilitaba.
El jueves 9, en una nueva junta de Corelca celebrada esta vez en Cartagena y presidida por el ministro Duque, éste dejó constancia de sus opiniones sobre la adjudicación y consideró que la licitación debió haberse declarado desierta por tres razones:
por la gran diferencia entre la oferta ganadora y aquella del consorcio eliminado; porque no es urgente adjudicar un contrato para unos campamentos que deben alojar a trabajadores de una obra que aún no está contratada y finalmente, porque los campamentos son para Urrá I y Urrá II, las dos etapas del proyecto, y la segunda de ellas se encuentra aplazada dentro del cronograma energético nacional. En una palabra, era absurdo ensillar antes de tener la mula.
El barullo es grande. En realidad, 213 millones de pesos constituyen una diferencia demasiado importante como para no haberla tenido en cuenta y eso dejaba muy mal parado al consejo directivo de Corelca. Pero también es cierto que, como lo anotaba un editorial de El Heraldo del lunes 13, no parecía muy coherente que el Ministro considerara inconveniente una adjudicación que 6 días antes su Viceministra había bendecido. votando incluso a favor de la firma ganadora, con todo y el sobreprecio de 213 millones.
De cualquier manera, el gran perjudicado es el proyecto que valga la verdad, no resistía un cuestionamiento más, y menos en el campo de la seriedad de una adjudicación. Y en esa medida, los directivos de Corelca parecen haberse equivocado, más que en términos legales, en términos políticos, ya que los opositores al proyecto se hicieron ahora a un nuevo y contundente argumento: si en un contrato de 800 millones, la tajada parece ser de 200, ¿a cuánto ascenderá la tajada final, si el conjunto de las obras de Urrá vale cerca de 200 mil millones de pesos?
Por ahora se da por descontado que el Ministerio de Minas, que deberá revisar el contrato de los campamentos, vetará dicho contrato. Para ello podrá utilizar el argumento de la inconveniencia económica, que de paso deja sin base legal cualquier reclamación de los favorecidos con la adjudicación. Y ese veto será, según opinan los expertos, el inicio del cortejo que conducirá el proyecto al cementerio.