Entre la guerra y la paz

Pase lo que pase, 2012 será visto en perspectiva como un año clave en el conflicto armado de medio siglo que padece el país. Si el audaz intento de La Habana resulta, pasará a la historia como el año en que se fraguó la paz. Si fracasa, quedará como el año en que se perdió la última oportunidad, en esta generación, de parar el conflicto armado.

El día clave del año fue, sin duda, el 27 de agosto, cuando se hicieron públicas las conversaciones secretas que adelantaban el gobierno y las Farc en Cuba, que culminaron en una agenda de negociación para poner fin al conflicto. Lo que nadie creyó posible durante una década ocurrió y la agenda nacional dio un vuelco. Juan Manuel Santos puso en la balanza su presidencia y probablemente, su eventual reelección, aunque insiste en que no vacilará en pararse de la mesa si el proceso no resulta. Si se llega a un acuerdo, al que él mismo le puso como plazo noviembre de 2013, pasará a la historia como el presidente de la paz; si no, como uno más en la lista de los que fracasaron en el intento.

Salvo la fugaz instalación en Oslo, el 18 de octubre, el año se cierra sin mayores avances en este frente. Hubo tres meses 'muertos', entre el anuncio formal de la negociación y su inicio, el 19 de noviembre. Y aún no está claro, probablemente ni para los negociadores, si el proceso adquirirá la dinámica que necesita para sostenerse en medio de una opinión pública que, después de un arranque de entusiasmo inicial, ve lo que pasa en La Habana con creciente escepticismo.

El año fue tan contradictorio como las voces que se oyen desde el gobierno respecto a las Farc. En Cuba el equipo negociador del gobierno, encabezado por Humberto de la Calle, las legitima como interlocutor al hablar con Iván Márquez y sus colegas. Pero en Colombia el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, adelanta contra ellas, además de la ofensiva militar, toda una guerra verbal que las descalifica. Así fue el año: se habló de paz, en secreto y en público, y, simultáneamente, se hizo la guerra.

Al tiempo con el comienzo de las conversaciones secretas con las Farc, en febrero, se anunció una nueva estrategia militar, el plan Espada de Honor, que desplegó diez fuerzas de tarea conjuntas para atacar a esta guerrilla en las áreas históricas a las que se ha replegado. En marzo, sendos bombardeos en Arauca y Meta, que cobraron la vida de 33 y 35 guerrilleros, entre ellos seis jefes de frente del Bloque Oriental, anunciaron lo que sería el año. En el más reciente de estos ataques de la fuerza pública, en diciembre, en Ricaurte, Nariño, murieron 20 guerrilleros. En el año cayeron, según Mindefensa, 24 jefes de primera y segunda línea de las Farc.

Estas, por su parte, empezaron año con el anuncio, en febrero, de que ponían fin al secuestro extorsivo (que todo indica han cumplido) y lo terminaron declarando, en noviembre, dos meses de tregua unilateral hasta el 20 de enero. Solo propinaron un golpe importante a los militares en marzo, una emboscada en Arauca en la que murieron 11 soldados, pero escalaron mes a mes sus acciones de guerra de guerrillas. Hostigamientos, emboscadas, ataques a instalaciones militares y policiales y retenes ilegales aumentaron a niveles que no se veían hace varios años. Y también los atentados. A diciembre, la Dijin registró 550 "actos de terrorismo". Hasta octubre hubo 142 voladuras de infraestructura petrolera, casi 100 más que en igual periodo del año anterior. Las voladuras de torres se redujeron casi a la mitad, pero aumentaron notablemente los actos de sabotaje contra la infraestructura vial. La extorsión también ha subido. Y en el mes que va de tregua ha habido no pocos enfrentamientos con el Ejército (Ariel Ávila, de la Corporación Nuevo Arco Iris, habla de 22, casi todos atribuidos por las Farc a respuestas "defensivas" a la acción oficial).

La ecuación militar no ha cambiado. Pese a que proclaman lo contrario en sus múltiples pronunciamientos públicos desde que empezó la negociación, las Farc de Cuba son una sombra de las del Caguán. La abrumadora superioridad numérica y el dominio del cielo han dado a los militares una ventaja estratégica prácticamente irreversible. Y la nueva estrategia adecuó, aunque tardíamente, la respuesta militar del Estado a los cambios en el accionar de la guerrilla. Un ELN aún más disminuido que las Farc intenta emprender también una negociación con el gobierno, y se cree que ambos están conversando discretamente.

Sin embargo, las consecuencias de la confrontación para la población civil siguen siendo dramáticas. Aunque lejos de los niveles de los peores años del conflicto, las cifras son tristemente elocuentes. A diciembre hubo 32 masacres con casi 150 muertos, varias de ellas protagonizadas por grupos sucesores de los paramilitares, las llamadas bacrim, que cada día afectan más a civiles. Bajaron los accidentes con minas antipersonales, pero 362 personas, entre ellas muchos niños, los sufrieron. Cayó el secuestro extorsivo por primera vez en tres años, pero hubo 160 casos. Y el desplazamiento también sigue a la baja, pero a agosto la Unidad de Víctimas registraba casi 30.000 casos.

La Onic denunció, entre enero y julio, el homicidio de 54 indígenas, entre ellos 19 niños y cinco mujeres, y 24 desplazamientos masivos que llevaron a la huida de 9.000 indígenas. A junio, la base de datos Noche y Niebla, del Cinep, registró más de 600 infracciones graves al DIH por parte de los actores armados. Para ese mismo mes, el programa Somos Defensores contaba 29 defensores de derechos humanos asesinados y tres desaparecidos; Fecolper, tres periodistas de radios comunitarias asesinados; y, a agosto, la Central Unitaria de Trabajadores, 13 homicidios de sindicalistas.

Entre los combatientes la guerra también hace estragos. Más de 350 guerrilleros fueron reportados como muertos en combate por el Ministerio de Defensa. Casi otro tanto de miembros de la fuerza pública murió en acción y cerca de 2.000 fueron heridos, el número más alto de los últimos años.

La guerra es cada día más marginal y poco se siente en las zonas urbanas, pero estas cifras hablan del impacto que sigue teniendo sobre la Colombia rural y olvidada. De allí, la obvia importancia de lo que pase en La Habana.

El gobierno mantiene la decisión de no aflojar la ofensiva militar contra las Farc hasta que no se llegue a un acuerdo de paz. Habrá que ver qué decisión tomen estas cuando termine su cese el fuego, el 20 de enero. El comienzo del año entrante estará marcado por la expectativa de lo que ocurra en La Habana. La discusión del punto agrario, políticamente el más complejo de la agenda, aclarará en los dos o tres primeros meses de 2013 hacia dónde va el proceso. Y es claro que el gobierno va a estar en aprietos para mantenerse en la mesa si el proceso no adquiere en ese tiempo una dinámica que permita comunicar resultados, así sea parciales. Al fin y al cabo, el apoyo de la opinión pública viene bajando, mientras crece su pesimismo en cuanto al resultado.

El ejecutivo deberá, además, batirse con las percepciones de seguridad. Entre abril y noviembre, la Gran Encuesta Colombia Opina registró un aumento de 25 a 33 por ciento en la percepción de que la inseguridad ciudadana y la delincuencia común son uno de los dos principales problemas del país. En noviembre, la confianza en las Fuerzas Armadas decayó por primera vez. Y la aprobación por la forma como el presidente maneja la seguridad fue la más baja desde julio de 2011 Aunque en parte este estado de ánimo puede atribuirse al impacto del fallo de La Haya, de persistir estas tendencias para el año próximo el gobierno enfrenta un panorama muy difícil. Evidentemente, buenas noticias en la mesa de negociación podrían dar a estas percepciones un vuelco súbito.

Aún es pronto para decir si 2013 podría ser el año de un acuerdo de paz o el de la prolongación de la guerra. Porque mucho de lo que suceda en Colombia y en el futuro de su presidente van a depender de los diez hombres sentados a una mesa de diálogo en La Habana, Cuba.