Entre llamas y muerte

"Desde hace 20 años? los familiares y allegados de las cerca de 100 personas fallecidas en la llamada toma del Palacio de Justicia anhelan conocer la verdad de lo ocurrido entre los días 6 y 7 de noviembre de 1985, exigen justicia por las muertes, heridas y desapariciones de sus seres queridos, y claman porque los responsables de tan cruentos hechos resarzan los perjuicios con ellos causados. El general Víctor Alberto Delgado Mallarino, entonces director general de la Policía Nacional, anuncia a las autoras de este texto que algún día escribirá un libro en el que nos hará el favor de contarnos la verdad sobre los hechos que rodearon la toma y recuperación del Palacio de Justicia. Belisario Betancur, entonces Presidente de la República, es mucho más directo: el libro que ha escrito contándonos la verdad sobre esos trágicos hechos se conocerá después de su muerte, sin importar que para entonces gente como el padre del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, hombre ya mayor, probablemente haya muerto sin conocer la suerte de su hijo. No es que las generaciones futuras, aquellas para las que el Palacio de Justicia no es más que un dato aprendido en las clases de historia, no deban conocer la verdad; es que los primeros interesados en ella son quienes presenciaron atónitos las imágenes de un teniente coronel que, desde un tanque que daba la espalda a la estatua del Libertador Simón Bolívar, defendía la democracia disparando contra un pequeño baño del Palacio de Justicia en el que se hallaban hacinadas algo más de 60 personas. Por eso resultan tan difíciles de responder los acostumbrados interrogantes de quienes cada año preguntan a los familiares de las víctimas de Palacio si han conseguido perdonar. ¿A quién perdonamos? ¿Al presidente Betancur, cuya verdad sobre su participación en la masacre sólo se sabrá cuando la naturaleza lo haya relevado de la obligación de enfrentarla en este mundo? ¿O quizás al general Delgado Mallarino cuando en medio de su tranquilo retiro tenga a bien publicar su libro? ¿O a Antonio Navarro Wolff y Gustavo Petro, quienes aseguran no haber tenido participación ni conocimiento alguno de los planes que el M-19 tenía para tomarse el Palacio de Justicia, ni se molestaron por indagar sobre los mismos cuando en octubre de 1985 los medios de comunicación nacionales hicieron públicos esos planes? El silencio que impuso entonces la joven ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, cuando amenazó con cerrar aquellas emisoras de radio y noticieros de televisión que tuvieran el atrevimiento de permitirle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, solicitar un cese del fuego y el inicio de un diálogo, aún perdura. Betancur no le pasó al teléfono al presidente de la Corte porque "estaba en una reunión urgente con su gabinete y no lo podía atender"; y cuando Reyes Echandía distrajo la atención del Presidente de la República enviando por las emisoras de radio el mensaje que no le había podido dar telefónicamente, entonces la ministra Sanín prohibió que ese mensaje se transmitiera de nuevo por los medios de comunicación. Mientras el presidente Betancur consultaba con algunos ex presidentes sobre si debía iniciar una negociación con los asaltantes o debía reducirlos por las armas, Alfonso Reyes, convencido por Jaime Castro y Delgado Mallarino de que se había dado la orden de cese del fuego pero que no había llegado a la tropa, intentaba enterar de ello a los soldados y policías que atacaban el Palacio en procura de su recuperación. Y muchos de esos ex presidentes que hoy censuran la lentitud del gobierno para conseguir la liberación de los secuestrados por la guerrilla, alentaron al presidente Betancur a no negociar con el M-19 y a reducir el comando de asaltantes por la fuerza. Aun quienes entonces no eran destacados políticos de la vida nacional, como César Gaviria, respaldaron la ofensiva militar del Ejército contra el comando guerrillero que se tomó el Palacio de Justicia, con el argumento de que la reacción de la fuerza pública era necesaria. "Fue -dijo- una acción en cumplimiento de un deber constitucional y legal, indiscutible e ineludible"; y agregó: "Se imponía por tanto el uso de las armas, pues no había otra forma de evitar la acción aleve y terrorista, intempestiva y audaz de grupos subversivos y terroristas". Lo curioso es que en mayo de 1992, cuando una jueza sin rostro utilizó esa misma expresión de César Gaviria y tildó de terroristas a los integrantes del M-19 que habían intervenido en la toma del Palacio de Justicia y ordenó procesarlos como autores del delito de terrorismo, Horacio Serpa se mostró preocupado porque una actuación judicial tal "afectaba ostensiblemente el proceso de paz", al tiempo que el entonces presidente Gaviria escribió con preocupación al Procurador General de la Nación para advertirle que a los miembros del M-19 no se les podía juzgar nuevamente por los hechos del Palacio de Justicia, olvidando que nunca lo habían sido por el delito de terrorismo. El único proceso que resultó de este episodio fue el que se le adelantó a la jueza sin rostro por la posible comisión de un delito de prevaricato. Poco se avanzó también en estos 20 años sobre la forma en que murieron algunas de las víctimas del Palacio de Justicia; mientras el general Delgado Mallarino afirmó en el consejo de ministros que cuando sus hombres penetraron al cuarto piso del Palacio de Justicia (en contra de las advertencias que sobre esa operación hicieron algunos ministros, como Enrique Parejo) no encontraron allí a ninguna persona, la investigación posterior demostró que en ese piso murieron varios magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En la misma investigación se reveló que la bala hallada en el cuerpo del presidente de la Corte (una nueve milímetros) no correspondía a ninguna de las armas utilizadas por el comando del M-19. Si bien ni la Policía ni el Ejército suministraron sus armas para que se llevara a cabo el cotejo con el proyectil que dio muerte al presidente de la Corte, se sabe que algunas de las armas usadas por los hombres de la Policía Nacional que penetraron al cuarto piso funcionan con proyectiles nueve milímetros, lo que daría pie a pensar que los magistrados murieron en el intercambio de disparos ocasionado con el asalto al cuarto piso del Palacio, sobre cuyos peligros habían advertido a Delgado Mallarino varios de los ministros. El fatal desenlace explicaría que el entonces director de la Policía Nacional faltara a la verdad cuando en el consejo de ministros aseguró que sus hombres no habían encontrado a nadie en el cuarto piso. Quizás fue una mentira para no admitir el error que constituyó la toma violenta por parte de sus hombres, o quizás fue una más de esas afirmaciones fantasiosas por las que entre algunos de sus alumnos se le conocía con el remoquete de General Mentiritas. Recuerdo cómo amenizaba sus clases con todo tipo de divertidas exageraciones, como en aquella oportunidad en la que -para poner de presente errores que solían cometerse por parte de la Policía Judicial- nos contaba el supuesto caso de quien limpiaba con mucho cuidado la escena del delito para que el juez no la viera sucia y desordenada, con lo que obviamente borraba las huellas del crimen que se iba a investigar. Lo curioso es que varios años después, cuando los jueces quisieron ingresar al Palacio de Justicia para recoger las evidencias que habían quedado después de la sangrienta toma, no se les permitió la entrada porque las fuerzas de seguridad estaban arreglando el edificio, recogiendo los cadáveres y juntándolos en un mismo sitio, en algunos casos despojándolos de sus ropas e, incluso, lavándolos con mangueras. En materia de justicia, tampoco se avanzó mucho en estos 20 años. El M-19 recibió indultos (lo cual es perfectamente válido), pero a cambio las víctimas no recibieron de dicho movimiento ningún tipo de reparación ni aporte sustancial para conocer la verdad de todo lo ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Aun cuando el entonces Procurador General de la Nación denunció al presidente Betancur por violación al derecho de gentes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ni Horacio Serpa ni las demás personas que la integraban encontraron mérito alguno para iniciar la investigación. Los argumentos de Serpa quedan para la posteridad en las páginas de este libro: Primero, que si bien era evidente que existía una grave situación de violencia en el país, no podía hablarse de una guerra formal, "ni lo que desgraciadamente abona con sangre la geografía nacional, por muy grave que sea, puede equipararse a los conflictos de orden internacional ni al enfrentamiento entre naciones", argumento con el que se excluiría, en el caso de nuestro conflicto interno la aplicación del derecho internacional humanitario. Y segundo, que en esa época no se sabía mucho del derecho internacional humanitario o derecho de gentes. No deja de ser curioso que en un país marcado por las guerras civiles y un prolongado conflicto con la guerrilla, una persona que ha aspirado a regir los destinos de Colombia "no supiera mucho" sobre un tema como el del derecho de gentes, cuyas primeras manifestaciones proceden de la segunda mitad del siglo XIX y han sido centro de atención permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde los albores del siglo XX. Y sobre todo, contrastan sus argumentos de entonces sobre la aplicación del derecho de gentes al conflicto armado colombiano, con los que ahora se le escuchan en medio de su más reciente aspiración a la Presidencia de la República. En las investigaciones efectuadas por la justicia penal militar, tampoco se halló mérito para procesar a ninguno de los que dirigieron las operaciones militares contra el comando del M-19 que se tomó el Palacio de Justicia; por el contrario, se determinó que los disparos hechos por los tanques al mando del coronel Plazas contra un pequeño baño del edificio donde permanecían refugiados cerca de 60 rehenes y unos pocos guerrilleros, tuvieron la noble finalidad de airear el recinto para que el humo no afectara a los que allí permanecían. Los relatos de algunos de quienes estuvieron en ese baño dan cuenta de que esa operación de aireamiento concluyó cuando una de las paredes del baño voló, lesionando a varios de los rehenes y permitiendo que por ese agujero penetraran, además de aire fresco, granadas de fragmentación y balas que segaron la vida de varios guerrilleros y rehenes. Por lo que respecta a la reparación por los daños ocasionados con la toma del Palacio de Justicia, puede decirse que se condenó a la Nación a pagar indemnizaciones a los familiares de las personas fallecidas y heridas, tanto por la ausencia de vigilancia en el Palacio como por el exceso en el uso de la fuerza. De igual manera se condenó al Estado por la desaparición de la guerrillera Irma Franco, pero nada más se ha hecho en relación con los demás desaparecidos. Todas éstas y muchas más son las asombrosas revelaciones que las autoras entregan en este libro a la opinión pública, mediante relatos y entrevistas realizadas a muchos de quienes, desde distintos ángulos, tuvieron que ver con lo ocurrido en el Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985". Yesid Reyes Alvarado.