Entre rejas

En Casanare, desde hace dos años, la gente habla del 'paravideo de Miguel Ángel' como hablar de la novela de las 8. El último capítulo se emitió el jueves pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró culpable al gobernador Miguel Ángel Pérez de recibir 100 millones de pesos de las autodefensas de Martín Llanos para financiar su campaña electoral en 2003, y lo condenó a seis años de cárcel y a pagar 200 millones de pesos.

La historia de Pérez comenzó en 2004, cuando llevaba pocos meses en el cargo. A mediados de julio de ese año, los rumores sobre la existencia de un video en el que el mandatario aparecía reunido con paramilitares empezaron a sacudir la región. Los rumores dejaron de serlo y se convirtieron en realidad en noviembre de ese mismo año, cuando Noticias Uno transmitió una cinta en la que el gobernador aparece con un personaje que se hace llamar Fox, y que se conoce por ser el vocero político de los paramilitares de Martín Llanos.

Pérez reconoció la autenticidad del video, pero insistió en que se trataba de una celada del grupo paramilitar y que no sabía con quién estaba reunido ni de quién recibía el aporte. Aunque aseguró que devolvió la plata cuando supo el origen, el 22 de diciembre la Fiscalía General de la Nación solicitó la suspensión del cargo y libró una orden de captura preventiva en su contra. Antes de que lo pusieran preso, el gobernador se escabulló y desapareció de la escena.

El 16 de junio de 2005, la Policía de Bogotá lo capturó en un asadero de pollos del norte de la capital. Desde entonces ha permanecido en la cárcel La Picota en espera de que la Corte Suprema de Justicia, que tiene la competencia para fallar el caso, tomara una decisión.

Y el jueves pasado, después de varias audiencias, los magistrados de la sala de casación penal del alto tribunal lo condenaron. En la sentencia dijeron que "para la sala es evidente que el doctor Pérez Suárez acudió a la cita conociendo la identidad de sus gestores y de su vinculación con grupos armados ilegales, por lo que al aceptar y recibir el aporte económico incurrió en la conducta punible de enriquecimiento ilícito de particulares". Esta condena sienta un precedente cuando crece la cadena de sospechas sobre alianzas entre gobernantes regionales y locales y grupos armados al margen de la ley.

En Casanare la decisión del alto tribunal fue recibida con sorpresa. Sus seguidores siempre dijeron que Pérez había caído en una trampa orquestada por el grupo político opositor que perdió las elecciones en 2003. Por eso esperaban que fuera absuelto y hoy ponen en tela de juicio la decisión: "Es una muestra de que hubo intereses políticos oscuros detrás del proceso. Evaluaremos la posibilidad de llevar el caso a una corte internacional", dijo Flavio Vega Barrera, secretario general de la gobernación de la administración de Pérez.

Nadie en el departamento tiene claro el futuro político inmediato de la región. No habrá elecciones para terminar el período actual por la cercanía a los nuevos comicios de octubre 2007, pero algunos consideran que Helí Cala López, nombrado gobernador encargado hace 16 meses, no puede terminar el período. En el decreto que lo nombró quedó estipulado que estaría en el cargo mientras se definía la suerte judicial de Pérez Suárez. Y esta se definió el jueves en la noche. Dirigentes liberales del departamento como Jorge Prieto sostienen que el camino indicado es que el Partido Liberal -al que pertenece Pérez- proponga una terna y el presidente Álvaro Uribe decida entre esos candidatos.

Aunque los grupos políticos ven la condena como una oportunidad para reorganizar el ajedrez burocrático del departamento, la suerte de Casanare está en manos del Presidente, que tendrá que definir quién llevará las riendas de uno de los departamentos más ricos del país, hasta el año próximo.