“Me entregaron a mi hermana en una bolsa”

“Me entregaron a mi hermana en una bolsa. ¿Cómo llego a decirle a mi sobrino que ahí está su mamá?” Yanette Bautista es una de las víctimas que explican qué tiene de bueno y de malo el nuevo procedimiento que implementará el Estado colombiano para entregar los restos de las personas que llevaban días, meses o años desaparecidas.

Ella es la directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, que, junto a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), es una organización que impulsó la creación de un protocolo para que las familias reciban los cadáveres de los desaparecidos.

La intención es que los muertos y sus familias no pierdan la dignidad. “A veces entregaban los restos en cajas, y las personas, que iban a reclamarlo a otro lugar donde no vivían, se devolvían en buses, con su familiar en las manos”, asegura Bautista. Ella aclara que hechos como estos ocasionaron que las víctimas les reclamaran a las autoridades una práctica correcta, más acorde con las costumbres de las personas.

El llamado comenzó en el 2008, después del auge de exhumaciones que hubo con las declaraciones de los paramilitares dentro de la Ley Justicia y Paz y luego de que las cifras de desapariciones se dispararon en el 2007, siendo el peor año el 2011, con 7966 casos. Sólo seis años después se ven los resultados (vea el Proyecto Víctimas sobre desaparición forzosa).

“Es una demora lamentable”, aseguró el defensor Jorge Armando Otálora, “y es por falta de voluntad política”, complementó Julián Fernández, presidente delegado de la Defensoría para la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Esta no fue la única tardanza. De hecho, la primera desaparición registrada en Colombia es de 1938 y sólo en el 2000 se tipificó el delito de desaparición forzosa, con la Ley 598. Antes de eso, cualquier persona que desapareciera se trataba como un secuestro simple. 

Desde entonces se ha avanzado en el tema hasta llegar al protocolo. El lanzamiento de ese procedimiento que compromete a todas las organizaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y que contó con el apoyo del PNUD y de la Cruz Roja, fue este jueves en vísperas al día internacional de los desaparecidos, el próximo 30 de agosto.

Algunas instituciones como Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo dicen que una de sus grandes ventajas es que exige preguntarles a las víctimas cuándo pueden recibir los restos de sus familiares, si quieren o no una entrega colectiva, y respeta sus tradiciones culturales y religiosas. Otro de los avances es que los familiares no tendrán que pagar un solo peso por las acciones y las diligencias de la entrega del desaparecido.

“Pareciera que en Colombia se nos olvidó que con la muerte no se pierde la dignidad. Ahora eso cambia”, aseguró Carlos Eduardo Valdés, el director de Medicina Legal.

A pesar de lo nuevo del protocolo, las víctimas siguen inconformes porque todavía se permite que en un acto colectivo se entreguen los restos de varios desaparecidos, a pesar de que ni siquiera se conocían ni tienen algo en común. “Les preguntarán a las familias si quieren entrega colectiva o no, pero la gente es muy humilde y dirá que sí porque no conoce su derecho a la intimidad”, explica Bautista.

Otra de las inconformidades es la entrega simbólica, en la que en vez de los restos óseos se dará un objeto porque fue imposible encontrar al desaparecido o identificar un cadáver. “Es difícil aceptar que no se demostró la identidad y, en compensación, recibir una caja llena de papelitos”, afirma Bautista.

El Estado es el que fracasa cuando no se identifica un cuerpo, según el director de Medicina Legal, y por ello se comprometió ante los familiares de los desaparecidos a que no habrá ningún cadáver anónimo en el país.

Ese no es el único reto. El país tiene que estar preparado ante un eventual posconflicto, según el defensor del Pueblo. “El Gobierno tiene que pensar en fortalecer a Medicina Legal porque con el proceso de paz se espera que haya verdad sobre dónde están las personas que desaparecieron las FARC, pero también el ELN, los paramilitares y los agentes de Estado”, explicó para Otálora.

Hay algo en lo que las víctimas y las instituciones concuerdan: no puede haber más desaparecidos en el país y ellos tienen que volver, vivos o muertos, pero volver para que las familias puedan cerrar su ciclo de dolor (lea sobre la investigación de Centro de Memoria Histórica acerca de este delito).