"Las águilas negras son una marca que genera terror": Vivanco en entrevista con María Jimena Duzán

María Jimena Duzán: Vino a presentar el nuevo informe sobre Colombia, esta vez, relacionado con una parte de la frontera de Colombia y Venezuela, específicamente la de Arauca y Apure. ¿Qué fue lo que encontraron realmente?

José Miguel Vivanco: A nadie le sorprende que exista presencia de guerrilla en Arauca. Esa no es noticia, lamentablemente. Y que el ELN tenga allí una presencia predominante, tampoco. Lo que es noticia es lo que hemos logrado comentar: el grado de control. Ya no puede calificarse como una simple presencia. Ejercen hoy día un control efectivo sobre la población.

Ellos imponen toques de queda, reclutan menores y aquellos activistas que luchan contra el reclutamiento forzado son amenazados y asesinados.

M.J.D.:¿Cuáles son los grupos armados con presencia en esa zona?

J.M.V.: En el caso de Arauca, claramente el ELN es el grupo más fuerte. Hay disidencias de las Farc. Los dos grupos extorsionan y la población civil tiene que pagarles. Hay una especie de alianza y convivencia entre estas dos agrupaciones. Ahora, en Apure (Venezuela) tienes al ELN que definitivamente cuenta con campamentos y que usa a Apure y Venezuela como su retaguardia. En Venezuela ellos cuentan con licencia para hacer y deshacer.

También encontramos evidencia de disidencias de las Farc en Apure, pero hay también un grupo que se hace llamar Frente Patriótico de Liberación Nacional que proviene de los colectivos chavistas que también aterrorizan a la población. Son delincuentes armados que trabajan en coordinación con el ELN y los otros grupos.

M.J.D.: Cuando salió este informe, la primera reacción vino del gobernador de Arauca. Según él, no es cierto que estén gobernando los grupos armados al margen de la ley. ¿Qué le dice usted al gobernador?

J.M.V.: No hay peor cosa, en el trabajo de Derechos Humanos, que toparse con un interlocutor que niega el diagnóstico. Me da la impresión que el gobernador está actuando de una manera irresponsable. Que está simplemente velando por sus intereses políticos y no por el bienestar de la población de Arauca. Nosotros pudimos constatar y damos fe del terror que siente la gente en Arauca.

M.J.D.: Pasando a otros temas, hay interés del Gobierno de abrir un canal de negociación con el ELN. ¿Cuál es su posición frente a esto?

En esta materia nosotros somos muy claros: si hay una voluntad real, por parte de cualquier grupo irregular armado, por corregir su conducta, por cooperar con la justicia, por frenar los abusos, hay que darle una posibilidad a este tipo de iniciativas.

Lo que sí me parece es que el gobierno actual debe estar abierto a buscar maneras de desactivar estos grupos. Una de las fórmulas es promover la desmovilización. Buscar fórmulas jurídicas que permitan, tanto a las disidencias, como los integrantes de los grupos -no me estoy refiriendo a la jerarquía- que vean que existe un camino para abandonar la violencia.

M.J.D.: ¿Lo que está proponiendo es volver a fortalecer la política de desmovilización, que era la que impusieron Álvaro Uribe y Santos?

Uno nunca puede cerrarse a esas vías. En el caso de la Fuerza Pública, el Gobierno ha fortalecido la presencia militar en Arauca, pero esa presencia está primordialmente -no digo exclusivamente- orientada a proteger un objetivo estratégico que es Ecopetrol. Y es obvio que hay que proteger las instalaciones, el oleoducto, en fin...pero también hay que buscar balancear los intereses y lograr que la población civil se beneficie. De eso vamos a hablar con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

M.J.D.: En su informe también hablan de la necesidad que se apliquen los proyectos que se desarrollaron a partir de los acuerdos de paz, que también favorecen el desarrollo de regiones como Arauca.

Sin duda alguna, porque la respuesta no puede ser simplemente militar. El problema de Arauca no es militar, el problema es falta de presencia de Estado.

M.J.D.: SEMANA reveló un informe registrando el aumento considerable en el asesinato de líderes sociales: en lo que va de enero, casi todos los días han asesinado a un líder. Respuesta del fiscal encargado Espitia: ‘Eso no es cierto‘. Lo que ellos tienen en Fiscalía es que solamente un líder ha sido asesinado.

J.M.V.: Yo creo que valdría la pena hacer una pequeña disquisición respecto del comentario del Fiscal, que no está del todo equivocado. ¿Quién puede estar en desacuerdo con que el fenómeno de los asesinatos de líderes sociales es un problema que es de la mayor gravedad y que lamentablemente no ha ido disminuyendo, sino que sigue creciendo? Las cifras así lo demuestran. Acá lo importante es lo siguiente: creo que los mejores indicadores están en Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo. Y tanto unos como otros tienen mecanismos de verificación que hay que respetar y tanto para la Defensoría como para Naciones Unidas, efectivamente, hay un solo caso confirmado en 2020, de tal modo que lo que dice el Fiscal coincide con este dato. Pero hay un detalle adicional, hay 17 por confirmar. Entonces es cuestión de darle tiempo. Hay que ser pacientes, hay que respetarlos. La metodología de investigación, probablemente de aquí a un mes o dos. En una de esas nos topamos con la noticia lamentable que no es solamente un caso en el mes de enero, sino que eran 17 o incluso más.

M.J.D.:  Tengo entendido que se entrevistó con Iván Cepeda y Roy Barreras en Washington, que fueron a plantear el tema de lo que estaba pasando con las chuzadas en el Ejército, q ue también reveló SEMANA en un informe especial. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?

J.M.V.: Obviamente que es un hecho escandaloso, de la mayor gravedad, porque no solo invade la privacidad de aquellos que están siendo interceptados: invade y viola fundamentos esenciales de un sistema democrático de gobierno.

A nosotros nos interesa examinar un aspecto de todo este escándalo y es verificar o determinar si los instrumentos y los equipos utilizados para chuzar hacen parte o no de las donaciones que han hecho los Estados Unidos para apoyar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Si estos equipos se han facilitado y el Ejército y las agencias de inteligencia del Ejército los están utilizando para amedrentar, para conseguir información privada de políticos, de periodistas, de defensores de derechos humanos, de la sociedad civil, es un hecho de la mayor gravedad.

M.J.D.: Pero SEMANA ha hecho muchas investigaciones en este frente y nunca ha pasado nada.

J.M.V.: Yo creo que tú tienes un punto y un punto válido, y eso de hecho, creo que la percepción general que aquí la justicia ha estado muy por debajo de los niveles y en parte esa debe ser probable que sea una de las razones que facilita este tipo de prácticas que explica este último escándalo. Pero también hay otros como Nicacio Martínez Espinel, al mando del Ejército. Un individuo que tiene que rendir cuentas ante la Justicia por graves abusos cometidos en 2005 y aún no lo ha hecho. Entonces se desempeñaba como subcomandante de la Décima Brigada y cuando, en algunos casos comprobados -nosotros tenemos los documentos de su puño y firma- celebró, felicitó, incluso pagó recompensas a militares que participaron en la ejecución de una niña indígena de 13 años en 2005. Nunca ha rendido cuentas ante la justicia. Este señor que llegó a ser nada menos que comandante en jefe del Ejército y luego también hay evidencias de pagos a paramilitares.

En el caso de Nicacio Martínez Sentinel,  él llega a pagar recompensas a sujetos que hacen parte del paramilitarismo en esa zona. Tenemos la documentación, yo hice entrega de esa documentación -en agosto pasado- al ministro Botero y al presidente Duque y sin embargo, sobre eso nada se ha investigado.

M.J.D.: ¿Cuáles eran los paramilitares?

Supuestos informantes en falsos positivos. Cuando yo digo que aquel que recibió el dinero que por una supuesta información era un paramilitar, no es mi opinión, es que el sujeto fue luego condenado por los tribunales máximos de este país por paramilitarismo. Y luego las políticas que generaron tanta controversia el año pasado, que son, en esencia, de estímulo a la captura y a la baja de personas en operaciones militares y donde reduce los niveles de protección en acciones militares; tienen el tufillo de lo que representa la política de falsos positivos. Yo no estoy diciendo que el general Nicacio Martínez tenga una vinculación con estas chuzadas, con estos escándalos. Lo que estoy diciendo es que era la máxima autoridad del Ejército y quienes aparentemente chuzaban eran personal del Ejército, una institución que, como todos sabemos, es jerarquizada y vertical.

M.J.D.: Volviendo al tema del Ejército y Derechos Humanos. Desde el comienzo, esta nueva cúpula fue una cúpula complicada o cuestionada incluso por Human Rights Watch...

J.M.V.: Con datos de 9, incluyendo Nicacio Martínez, vinculados a casos de falsos positivos.

M.J.D.:Y usted vio cómo ellos eran ascendidos en el Congreso. En el caso de Nicacio Martínez fue impresionante.

J.M.V.: Y durante el gobierno el presidente Santos. El ministro de la Defensa anterior, el señor Villegas, negaba en términos tajantes. Acá el subterfugio que se utiliza para permitir las promociones y ascensos es que ninguno de estos ha sido condenado. Sí, eso es cierto, la justicia colombiana lo que ha hecho es ensañarse fundamentalmente con la tropa. O sea, el país y la justicia ha sido capaz de garantizar justicia porque hay más de 1.300 suboficiales, fundamentalmente. O sea, la tropa, sargentos, cabos y algunos oficiales de grado de teniente y capitanes. Pero hay un clarísimo doble estándar hacia los que comandaban: esas unidades que han llegado a ser generales, encabezados por Montoya.

De allí la preocupación de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, que es la máxima instancia de investigación penal en el mundo, mantiene una investigación abierta contra Colombia por falsos positivos, pero no porque Colombia no haya hecho las tareas, sino porque no hay ningún general.

M.J.D.: Hay el temor de que vuelvan otra vez los falsos positivos. ¿Usted cree que es posible? ¿Los están documentando?

J.M.V.: Nosotros mantenemos la lupa constantemente y no solo militares, también en las Farc, también en el ELN. Nuestra obligación es velar por la situación de derechos humanos en términos globales, en este país, y en el resto del mundo. En el caso de la cúpula, veremos. Hay una nueva dirección. Salió el señor Botero. Hoy día está Carlos Holmes Trujillo a cargo del Ministerio de Defensa. Es una nueva dirección. Hay un nuevo general a cargo del Ejército, el general Zapateiro, a quien yo no conozco; continúa el general Navarro, a cargo de las Fuerzas Militares. Ojalá que podamos también reunirnos con el general Zapateiro.

M.J.D.: Tocando otro tema, es claro que se ha vuelto problemático el control de la protesta social. El Esmad quedó en medio de la polémica, por muchas acciones, pero aún más por el caso de Dilan Cruz .

J.M.V.:Mira, el caso de Dilan Cruz es realmente paradigmático. Un caso muy grave, muy serio. Yo confío en que la justicia establezca responsabilidades. Lo tratamos también con el Fiscal. Allí no solo los autores materiales, sino las máximas autoridades policiales, incluyendo el coronel a cargo de este tipo de operaciones, deben rendir cuentas ante la justicia. Me parece que es importante que se suspenda el uso de esa escopeta. Me parece muy valioso lo que está haciendo la alcaldesa Claudia López acá en Bogotá, en cuanto a promover un nuevo protocolo. Esos pasos son no solo perfectamente consistentes con los estándares internacionales en esta materia, en lo que se necesita para llegar a usar la fuerza propia de la policía y confrontar a la violencia y restaurar el orden público, sino que me parecen, además, extraordinariamente creativos e inteligentes. Me parece que fue un éxito que hay que reconocer. Ojalá este modelo sea exportado a otros países de esta región y lo digo con conocimiento de esta materia al detalle. Me correspondió a mí dirigir una investigación en Chile, en noviembre, precisamente sobre este tema.

M.J.D.: En los últimos meses también ha habido un aumento de amenazas por parte de un grupo se autodenomina las Águilas Negras.  ¿Ustedes también tienen la lupa sobre este tema?

J.M.V.: En este tema yo creo que hay que hacer algunas distinciones. Las águilas Negras fueron un grupo paramilitar que operó en este país en el pasado. Eso no cabe duda alguna. Nosotros hicimos informes, así como hicimos informes sobre Carlos Castaño, las AUC, sobre Mancuso, sobre Don Berna. En fin, yo estoy pensando en los noventas, también en los ochentas, lo que conocíamos corrientemente como paramilitarismo y también durante el gobierno Uribe donde proliferaban estos grupos.

Hoy día las Águilas Negras son una marca, una marca que genera obviamente terror, porque todo el mundo sabe lo que fueron, pero es una marca que está dirigida a intimidar, a amenazar, a crear miedo entre actores de la vida pública colombiana. Yo creo que la respuesta del jefe la Policía es inadecuada. Acá lo que hay que entender, que debe investigarse, es quiénes están usando esa marca. Y esa es la obligación de las autoridades.

M.J.D.: Y finalmente, disidencias de las FARC. ¿Ustedes han investigado el tema?

Para empezar yo he escuchado esas cifras de Álvaro Uribe y no sé de dónde las saca. No entiendo cómo consigue esas cifras. Da la impresión que todavía el grueso de los que hacían parte de los miembros de las Farc continúan en el proceso de desmovilización y de reincorporación felizmente. Que hay disidencia, las hay en Catatumbo, las hay en Tumaco.

Las hemos registrado en este informe reciente en Arauca. Las hay y son muy activas y muy peligrosas.