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| 10/2/2013 12:00:00 AM

“Una cosa es silenciar las armas y otra construir la paz”

Las minorías retomaron lo que era suyo y los inversionistas le apuestan al campo. Las tierras en las que se cultivaban estupefacientes, ahora exportan café. Esto y más ha conseguido el programa de restitución de tierras.

Entrevista Rosa Emilia Salamanca pacto ético para la paz Rosa Emilia Salamanca, presidenta ejecutiva de Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE). Foto: Página web Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE)

Somos un ejército de colombianos que patrulló, durante más de siete años, los lugares más alejados de la geografía nacional para devolver las tierras que el conflicto armado les arrebató a miles de habitantes del país. Tal y como lo dijo el presidente Juan Manuel Santos, la restitución de tierras es innegociable y se cumple bajo el rigor de la ley.

El día que firmamos la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con el acompañamiento del exsecretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, no se hizo distinciones entre zurdos o diestros: vivimos la coalición de un Estado que puso en primer lugar a quienes durante décadas sufrieron el rigor del conflicto.

A la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 112.177 reclamaciones. De ellas, 85.774 fueron estudiadas y encontramos que 800.000 hectáreas de tierra podían ser llevadas ante los jueces. De esta cifra, 300.000 ya cuentan con fallo. Hoy, a lo largo y ancho del país, hay jueces especializados que llegan a zonas donde la justicia nunca había asomado. Ellos resuelven los problemas que causaron los guerrilleros y paramilitares, dan respuesta a las comunidades que fueron azotadas por la violencia, buscan un espacio para cada una de las víctimas y han creado una jurisprudencia transicional que es ejemplo en otras naciones con conflictos similares.

La realidad actual no es la misma que la de hace siete años. Los derechos de las comunidades indígenas y negras son restituidos. Las minorías cuentan con un instrumento que les permite defender su territorio y han encontrado en la política un camino para recuperarlo.

Como ahora sabemos qué les pertenece a los indígenas, qué es de los negros, qué zonas están ambientalmente protegidas y qué es de los campesinos, el territorio está retomando su orden. Hemos podido determinar aquellos predios que estaban en la informalidad y que por esa condición eran más fáciles de despojar. Con el proceso de paz, miles de víctimas han regresado a sus tierras, a esos suelos que ahora son la riqueza del país y donde se producen cultivos de exportación como el café.

El panorama económico también ha cambiado. Ahora podemos ofrecerles seguridad jurídica a los inversionistas. Al conocer con claridad quiénes son los propietarios de las tierras y la dimensión de los predios, es posible saber con certeza qué zonas pueden transformarse en propiedad privada. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hace parte del legado del presidente Juan Manuel Santos. La restitución está saldando una deuda histórica con los campesinos.

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