EPM: entre la crisis de Hidroituango y los nuevos negocios

Las tensiones en torno al desarrollo del proyecto Hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango) y a las recientes decisiones de Empresas Públicas de Medellín (EPM) no dan tregua y su intensidad crece cada vez más. El turno ahora le llegó a un informe realizado por la firma londinense Advanta Global Services, contratado por las reaseguradoras del proyecto Hidroituango. El documento dejó en evidencia que los constructores de la obra no siguieron los diseños para construir la galería auxiliar de descarga, usaron menos tornillos de los estipulados y no adecuaron una losa de cemento, entre otros errores. Como anunciaron, el alcalde Daniel Quintero y el gerente de EPM, Álvaro Rendón, esta es la prueba principal que tiene la empresa paisa para la conciliación a la que llamó al consorcio constructor, al diseñador, al interventor y a las aseguradoras de la megaobra, por un valor de 9,9 billones de pesos. La revelación de este documento volvió a atizar la hoguera.

La junta anterior y el exgerente Jorge Londoño han advertido que no conocían el texto y que no fue radicado en EPM. “El informe técnico solicitado por las reaseguradoras, habitual en este tipo de procesos, fue contratado a su costo, para su uso interno y del asegurador, con el fin de determinar si procedía aceptar o no la cobertura de la póliza, lo que finalmente sucedió declarando la cobertura que ascendía hasta 2.500 millones de dólares. Este estudio no lo conoció ni fue puesto a disposición de la junta directiva por parte de Mapfre”, señalaron en un comunicado. Según Rendón, de acuerdo con lo observado en las actas del año pasado, la junta directiva ya planeaba hacer una conciliación, pero solo con la firma Integral S. A., diseñadores y asesores del proyecto. En efecto, decidieron dejar de un lado los errores constructivos y solo atacar las fallas de diseño, pese a que el informe causa raíz que contrató EPM con la Skava dejaba ver las dos variantes. “La junta anterior quiso conciliar, pero solo con una de las partes; nosotros las convocamos a todas para actuar en derecho y blindar a EPM”.

Por otro lado, hay otra conciliación con Mapfre Seguros, que en diciembre pasado desembolsó un adelanto de 150 millones de dólares y se comprometió a hacer otro en abril de 2020, lo que no ha sucedido. Esta controversia es uno de los más recientes capítulos de la disputa entre las administraciones anteriores y el alcalde Quintero por el manejo de la crisis de este megaproyecto. Este entrará a operar cuatro años después de lo proyectado, y sus costos pasaron de 7 billones de pesos a más de 16 billones.

Cuatro administraciones de Medellín y varios directivos de EPM están hoy en el ojo del huracán por las decisiones que en su momento tomaron para acelerar la obra. En el primer lustro de la década pasada, esta ya mostraba retrasos de más de 20 meses. Los riesgos, la tensión jurídica, política e institucional y la polarización en la capital antioqueña son cada vez más evidentes. Sin embargo, realmente está en juego el futuro de una de las principales empresas de servicios públicos de América Latina, el desarrollo de Medellín y de Antioquia y, por si fuera poco, la seguridad energética del país. EPM ha aportado de manera fundamental a los proyectos de Medellín con sus giros al municipio. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el año pasado este recibió 1,29 billones de pesos en transferencias de EPM. Entre 2008 y 2019 la empresa respondió por cerca del 19 por ciento de los ingresos totales de la capital paisa.

La Gobernación de Antioquia también tenía puestas sus esperanzas en los giros de utilidades que obtendría, por medio de la compañía Hidroituango, con la puesta en operación del proyecto. Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia, cuenta que la Asamblea Departamental había aprobado pignorar los ingresos que generaría Hidroituango para financiar en 1,7 billones de pesos el proyecto del Ferrocarril de Antioquia. Hoy por hoy, EPM es el protagonista del sector eléctrico nacional en dos hechos claves. Uno, la puesta en marcha de Hidroituango, que representa el 17 por ciento de la energía del país. Y dos, la apuesta de EPM en Electricaribe.

En cuanto a lo primero, el camino ha sido tortuoso en medio de limitaciones resultantes de las controversias con los constructores, las tensiones con las aseguradoras por los pagos del siniestro, las dificultades con el ramo financiero por la suspensión de desembolsos, como hizo el BID Invest, y la reducción de la calificación de riesgo que realizó Fitch por el mal manejo del gobierno corporativo. Y, además, con una licencia ambiental pendiente. De hecho, recientes iniciativas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que están para observaciones del sector, han sido percibidas como señales para facilitar la entrada en operación de Hidroituango si no llegara a cumplir los cronogramas previstos para 2022. Todo esto en medio de la difícil situación por la que atraviesan los proyectos de energías renovables no convencionales, especialmente en la zona de La Guajira. Más de 2.000 MW están hoy en discusión porque tres procuradores judiciales de esa región pidieron suspender la construcción de los proyectos y de las líneas de transmisión que sacarían la energía de allí, mientras no se adelanten las consultas previas, cuyo retraso se hizo evidente por la pandemia. }

Y, en cuanto a la apuesta de EPM en la operación de Electricaribe, la empresa se quedó con Caribe Mar, una de las zonas en que el Gobierno dividió el servicio de distribución de energía en la costa atlántica. La otra está en manos del grupo de Alberto Ríos. Esto representa para la compañía antioqueña inversiones cercanas a los 10 billones de pesos en ocho años, pero la crisis sanitaria ha suscitado un cambio en la estructura de la propuesta.

Según analistas, los recaudos han caído en los últimos meses y han dificultado el cierre financiero de la operación. Y los contratos tienen cláusulas de efecto material adverso que podría desembocar en una retractación del acuerdo. Por eso, para muchos el Gobierno le está dando una mano a la operación con nuevas propuestas. Por ejemplo, hay un borrador de decreto que establece un aumento en el cargo de comercialización a Electricaribe en cerca de 20 por ciento, y también lo que se denomina riesgo de cartera, que subiría 3 por ciento.

Este panorama pone a EPM en una tensión financiera. En principio, necesita alrededor de 15 billones de pesos para atender las obligaciones de corto, mediano y largo plazo de Hidroituango y de Caribe Mar. La baja en la calificación y la parálisis en el desembolso del BID Invest, con el que tiene un crédito por 150 millones de dólares, anticipan que la situación no será fácil. EPM debe cumplir unos compromisos (covenants) en cinco indicadores. Uno es el de deuda sobre ebitda, que no debe superar las 3,5 veces pero a junio estaba en 3,89. De acuerdo con EPM, en las próximas semanas llegarán las dispensas a estos covenants. Sin embargo, si EPM no les cumple, corre el riesgo de que puedan ejecutar algunas de las deudas y tendría que prepagarlas. Además, el acceso al sector financiero se volvería más complejo y costoso. Esta situación podría estresar la caja de la compañía.

Pero para el gerente Rendón, nada es más lejano de la realidad, pues en el mercado de capitales, como en las operaciones con los bancos, “la situación está muy normalizada, no tenemos ese tipo de preocupaciones”. Rendón asegura que después de la renuncia de la junta directiva, solo Fitch Ratings bajó en un grado la calificación a la empresa, no obstante, Moody’s lo mantuvo. En el primer semestre de este año, EPM reportó ingresos por 9,3 billones de pesos: “Estamos generando utilidades y obviamente la comunidad financiera tiene nuestros números y no hay reparos”. Justo en las últimas semanas, la compañía hizo una emisión de bonos por 2,5 billones de pesos, con una demanda tres veces la esperada. Pero la crisis de Hidroituango no tiene solo un efecto financiero, sino también político.

En los últimos meses, este tema logró lo impensable: poner de acuerdo a dos 2022, que nunca comparten puntos de vista: Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro. Ubicados en orillas ideológicas opuestas, ambos han concordado con las acciones del alcalde Quintero, y lo que suceda en el mediano plazo va a tener una consecuencia política que podría impactar las próximas elecciones presidenciales y convertirse en parte de los temas de campaña. La crisis de Hidroituango impacta directamente a Aníbal Gaviria, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, tres figuras de la región que buscan también competir por la Casa de Nariño. Son personajes carismáticos, con gran experiencia en la gestión pública, pero que han tenido que responder por las decisiones administrativas que tomaron en sus Gobiernos locales y departamentales.

A excepción de Gaviria, cobijado con una detención domiciliaria por la troncal de la paz, Fajardo y Gutiérrez han pasado a la ofensiva en los medios. Fajardo representa al centro como alternativa y Gutiérrez está más al centroderecha. En el ajedrez político, son dos pesos pesados de la política regional, aunque tienen un gran reconocimiento nacional. De ahí que cada crítica de Petro y Vargas Lleras también parezca un cálculo político detrás del multimillonario pleito. El conflicto institucional de Antioquia está lejos de terminar y, por el contrario, la polarización y las diferencias serán la constante. Mientras tanto, EPM está en la mira.

“No pasa por mi cabeza renunciar”

SEMANA: ¿Tiene usted legitimidad para gerenciar EPM en medio del rechazo de empresarios, empleados y sindicatos?

Álvaro Rendón: La legitimidad la toma uno al hacer las cosas correctamente en el marco de la Constitución y la ley. Por ejemplo: ¿qué hubiera pasado si al gerente general le hubiera faltado pulso para proponer esa solicitud de conciliación que interrumpía una caducidad? Si yo no lo hubiera hecho, en este momento estaría respondiendo por prevaricato por omisión; estaría inmerso en esas investigaciones de control fiscal por poner a la organización a asumir la totalidad de los riesgos y la plena responsabilidad del proyecto. Era mi obligación.

SEMANA: ¿No ha pensado en renunciar?

A.R.: Eso no pasa por mi cabeza. Obviamente el único que me va a pedir la renuncia es el señor alcalde, pero estamos cumpliendo con el deber, los hechos nos darán la razón.

SEMANA: ¿Pasaron por encima de la junta directiva anterior?

A.R.: Aquí no se violó el gobierno corporativo. Aquí se desclasificó una información para dejar saber que el tema del objeto social fue estudiado por la junta directiva en muchos momentos. Uno lamenta y respeta que ellos digan lo contrario; las pruebas nos dan la razón, solo basta con leer las actas para ver el nivel de participación que tuvieron con el consorcio. En cuanto a la conciliación, la junta trató de conciliar con Integral, pero sacaban al constructor. Si yo hubiera seguido esa tesis de solo llamar a Integral, en la diligencia se hubiera podido llegar a la conclusión de que no tenían responsabilidad, pero sí la otra parte. La obligación del gerente es integrar a todo el mundo, y no porque todos tengan culpa.

SEMANA: ¿La nueva junta está entre la espada y la pared? ¿Tienen que decir sí a todo?

A.R.: Para nada. Eso nunca ha sido así, está integrada por empresarios o personas con importante trayectoria. En los ocho meses que estuvimos con la junta anterior, hubo un respeto profundo. Ellos renunciaron voluntariamente. La nueva junta es un equipo interdisciplinario con unas capacidades enormes. Lo primero que hizo esta junta fue afirmarnos en defender el gobierno corporativo. Validaron esta conciliación que hicimos, y allí tenemos a tres abogados muy importantes.