Batalla jurídica entre el fiscal y el gobierno por el equilibrio de poderes

No ha existido un tema que haya dividido más al fiscal con el gobierno que la reforma de equilibrio de poderes. Si la paz hizo que en ciertos momentos Eduardo Montealegre pareciera con la camiseta del Palacio de Nariño puesta, ese acto legislativo despejó toda duda de que no jugaba en ese equipo. Eso se confirmó esta semana cuando en el encuentro de la Corte Suprema de Justicia, a la que asistió el presidente con sus ministros, anunció que había radicado la demanda contra la reforma bandera del gobierno.

El momento y el lugar no podían ser mejores para ese anuncio. El público era cautivo pues no hay nadie a quien le moleste más la reforma de equilibrio de poderes que a los magistrados. El acto legislativo terminó convirtiéndose en la reforma a la justicia que no había podido tramitar ningún gobierno en el pasado, y la crisis de las altas cortes, en especial de la Constitucional, en el motor para aprobarla.

La verdad es que la reforma sí golpeó a los magistrados. Logró lo que la mayoría de los colombianos estaban esperando: les quitó muchas de las funciones electorales como la posibilidad de elegir procurador, les impidió saltar de una corte a otra y les puso una barrera enorme para postularse a otros cargos (por ejemplo, a la Fiscalía). Sin embargo, el punto que generó un quiebre total entre las altas cortes y el gobierno fue la propuesta de una Comisión de Aforados, es decir, una instancia que los juzgue de verdad.

Hasta hace unos meses, junto con la Presidencia de la República, el cargo de magistrado era prácticamente el único que tenía inmunidad. El encargado de investigarlo era la Comisión de Acusaciones, que tenía el mote de ‘comisión de absoluciones’ porque en más de 25 años nunca había sacado adelante un proceso. Así, en Colombia era usual que congresistas, ministros, generales y gobernadores fueran a la cárcel, pero nunca un miembro del Palacio de Justicia. Eso había quedado mal hecho en la Constitución del 91.

El fiscal fue el principal vocero de la Rama Judicial en la reforma. Mientras la opinión pública lo criticó, en la Justicia su posición cayó muy bien. Montealegre logró recoger la inconformidad que generaba ese proyecto entre los magistrados. Acudió a conceptos tan extremos como efectistas como decir que esta era la “segunda toma del Palacio de Justicia”, o llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, se sabía que el juego real estaría en la demanda que siempre anunció que iba a presentar.

Como Montealegre es un experto constitucionalista, pues fue magistrado de esa alta corte, se sabe que la pelea jurídica será de mucho peso. El fiscal no demandó toda la reforma, cuyo estandarte fue la eliminación de la reelección presidencial, sino solamente los artículos que tienen que ver con la justicia. Su escrito combina los argumentos filosóficos con los técnicos, de puro trámite constitucional.

El fiscal sostiene que el Congreso desbordó sus competencias y sustituyó algunos de los pilares más valiosos de la Constitución. Agrega que esa facultad solo puede ser conferida a una Asamblea Nacional Constituyente. Sobre la Comisión de Aforados dice que tendrá “poderes exorbitantes” y “rompió el sistema de pesos y contrapesos”. Así mismo, agrega que la reforma violó en su trámite los principios de unidad de materia, conexidad, identidad y consecutividad.

El anuncio de Montealegre también dejó ver que las heridas entre la cúpula de la Justicia y el gobierno no se han cerrado. El presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, lanzó grandes elogios al presidente y manifestó su apoyo sin restricciones al proceso de paz. Lo que no se sabe hasta ahora es si la Corte Constitucional lo acompañará manteniendo la reforma bandera de su gobierno.

En esa corporación todo puede pasar. En este momento hay otra demanda contra ese acto legislativo y los magistrados han considerado la posibilidad de suspenderlo hasta que emitan la decisión final. Se anticipa que varios magistrados se declararán impedidos. Por ejemplo, la presidenta de esa corporación, María Victoria Calle, puede tener un conflicto de interés porque su esposo, el exmagistrado Gustavo Gómez, está en el comité promotor del referendo que busca tumbar la reforma. Lo mismo podría pasar con Gloria Ortiz, quien fue la mano derecha de Montealegre en la Fiscalía. Las cartas están echadas.