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A la izquierda, la finca donde se encuentra el presidente Álvaro Uribe mientras definen las condiciones de su reclusión. A la derecha, César Reyes, el ponente.

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¿Era necesaria la detención preventiva a Álvaro Uribe?

La corte podría haber aplicado criterios de razonabilidad y de proporcionalidad menos polémicos. ¿Cuáles fueron sus argumentos?

La decisión de la sala especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es desafortunada. Le da a una corte que ha trabajado con mucha seriedad la impresión de un sesgo político ante sectores de la opinión pública, así no lo tenga.

Es indiscutible que las instituciones deben prevalecer y que nadie está por encima de la ley. Y que la justicia se le aplique a uno de los hombres más poderosos del país demuestra la independencia de la rama judicial. 

Primero que todo hay que aclarar que se trata de una medida precautelativa, que solo se puede dictar en tres casos: 1) cuando hay riesgo de fuga, 2) cuando la permanencia del imputado pone a las víctimas en peligro y 3) cuando existe riesgo de que el imputado puede entorpecer el proceso y el recaudo probatorio. En los dos primeros casos no aplica. Y en el tercero es muy discutible. 

En el primero, porque en este momento no hay vuelos ni movilidad y porque Uribe se ha presentado cada vez que lo han llamado. Además, no corresponde al talante del expresidente pedir asilo en una embajada o convertirse en un prófugo en el exterior, como el peruano Alejandro Toledo o el panameño Ricardo Martinelli.

Tampoco es razonable pensar que el expresidente va a poner en riesgo la vida de las posibles víctimas. Y en este caso de soborno y fraude procesal no está claro quiénes lo son. La tercera causal, la que sirvió de fundamento a la decisión de la corte, es discutible. A Álvaro Uribe le han intervenido sus teléfonos y tiene una escolta de más 100 personas de entidades de seguridad del Estado que pueden dar fe de cada uno de sus movimientos. Por lo demás, si fuera a coordinar testigos o a obstruir la justicia, lo podría hacer tanto en libertad como en detención precautelativa. Es más, hasta en la virtualidad de su casa podría ser más fácil.

Por otra parte, en un caso tan sensible como este es fundamental la percepción de que la Justicia actúa con equilibrio, ecuanimidad y de acuerdo con el derecho. La medida de detención precautelativa contra el expresidente hace sentir a un segmento de la población que no tenía méritos en una etapa tan preliminar del proceso. Aunque todavía no se conoce el texto de la resolución judicial, se ha alborotado un gran avispero. 

La corte argumenta que adoptó la decisión en derecho. Y, sin duda, los juristas actuaron basados en la evidencia y con criterio jurídico. Pero esa decisión en derecho hay que entenderla con cuidado. El juez tiene un margen de discrecionalidad que debe ejercer dentro de los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad. Entonces, tratándose de un expresidente de la república, los criterios aplicados antes de cualquier condena son distintos.

El juez tiene que tener en cuenta los derechos fundamentales del procesado al debido proceso, a la presunción de inocencia y, sobre todo, a la libertad. Y tratándose de un derecho tan crítico como el de la libertad, en la ponderación judicial también hay que tener en cuenta el principio de favorabilidad, tanto sustancial como procesal, que en un ejercicio objetivo ha debido privilegiar la libertad frente al hipotético riesgo de que se pudiera perturbar u obstruir el proceso y la consecución de pruebas. 

Esta corte tiene el reto de sacudirse la imagen negativa que han dejado sus escándalos de corrupción y politización en el pasado reciente. Al fin y al cabo, el país apenas sale del escándalo del cartel de la toga. En esas circunstancias, su prioridad es actuar en derecho, recuperar la credibilidad de la justicia y defender la institucionalidad del país. 

Para llegar a esos objetivos no solo es importante ser, sino parecer. Y para muchos sectores de la opinión pública es difícil de entender cómo la misma corte que no le decreta una medida de detención preventiva a un guerrillero imputado de delitos de narcotráfico, como Santrich, sí le aplica esa medida a un expresidente de la república, a quien ni siquiera ha llamado a juicio.

Además, aquí no se están discutiendo las pruebas que pueden existir para acusar al expresidente Álvaro Uribe o precluir su caso. Este se encuentra en una etapa preliminar y nadie sabe a dónde llegará. La credibilidad de las instituciones del país dependerá en gran parte del tratamiento que los magistrados le den a la papa caliente que les cayó.