Ernesto Macías denunció a Eduardo Montealegre por persecución política

En Colombia se ha debatido mucho si las decisiones judiciales contra líderes políticos del uribismo son políticas o ajustadas a derecho. Y en ese debate, obviamente, el Centro Democrático insiste en la primera tesis. Lo ha hecho a tal punto, que este jueves, uno de sus senadores, Ernesto Macías, denunció penalmente al fiscal general, Eduardo Montealegre.
 
En un voluminoso expediente de 336 folios, Macías reunió las pruebas para demostrar que el fiscal general “ha venido persiguiendo, de forma sistemática, a dirigentes políticos del Centro Democrático y a varios de sus familiares”.
 
En la denuncia, Macías reúne reseñas de artículos periodísticos en los que se da cuenta de que el fiscal Montealegre utiliza los medios de comunicación para notificarles decisiones a los dirigentes del Centro Democrático, y señala que en algunos casos, hasta violando el debido proceso.
 
Entre el cúmulo de hechos se mencionan casos y decisiones de la Fiscalía que han afectado a Luis Carlos Restrepo (alto comisionado de paz del gobierno de Álvaro Uribe), el exministro Andrés Felipe Arias, el excandidato Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, o el de Luis Alfonso Hoyos, exasesor espiritual de la campaña presidencial, de quien se dice que está en Estados Unidos en condición de asilado.
 
La tesis de la persecución política que ha alegado el uribismo no es nueva, pero ahora se traduce en una denuncia penal que tendrá que analizar la Comisión de Acusaciones, organismo al que le quedan apenas diez meses de existencia, para darle paso a la llamada Comisión de aforados, creada por la reforma al equilibrio de poderes.
 
Sin embargo, lo particular de la demanda son los presuntos delitos en los que estaría incurriendo el fiscal con sus decisiones judiciales contra el uribismo. Según el senador Macías, Montealegre estaría en curso de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto e intervención en política.
 
El primer presunto delito lo sustentan en que el Código Penal sanciona al funcionario que “(…) excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”.
 
Y la segunda conducta, la de la presunta participación en política, también se deriva de una interpretación del mismo código penal, que en su artículo 422 señala que aquel funcionario que “utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo”.
 
Pero quizás el análisis jurídico más novedoso que trae esta demanda del uribista Macías es que advierte que por esos hechos, y por incurrir en las conductas señaladas, el fiscal Montealegre también estaría en un presunto delito de lesa humanidad.
 
En la demanda se acoge el artículo 7 del Estatuto de Roma, donde se definen los crímenes de lesa humanidad, uno de ellos es el contemplado en el numeral h de dicho estatuto, que define la justicia internacional, que considera como crimen de lesa humanidad “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (…) u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional (…)”.
 
“Es muy curioso, el fiscal general va a denunciar ante la Corte Internacional al mayor persecutor de la oposición política en Venezuela, siendo él el mayor persecutor de la oposición política en Colombia”, dijo Macías en el momento de radicar su denuncia.
 
Esta es la segunda vez que un congresista denuncia penalmente a un fiscal en ejercicio. Gustavo Petro, como representante a la Cámara, había denunciado por paramilitarismo al entonces fiscal, Luis Camilo Osorio. Aunque el proceso terminó en preclusión, como la mayoría de asuntos que maneja la Comisión de Acusaciones. Esta pueda ser la última denuncia que reciba este organismo. Macías ruega que en este caso suceda todo lo contrario.