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 El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dice que la abogada presentó documentos de forma irregular para ocultar a los narcos.
Ministro de Justicia, Wilson Ruiz - Foto: DANIEL REINA ROMERO

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“Es falso que haya incumplido requerimientos, esto es prejuzgar”: MinJusticia y la JEP se sacan chispas

El jefe de la cartera de Justicia, Wilson Ruiz, criticó además que la noticia de una apertura de desacato se conociera antes de la notificación, por medios de comunicación.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, respondió este martes a la decisión de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, de abrir un incidente de desacato por el supuesto incumplimiento reiterado de las órdenes impartidas en el marco de las medidas cautelares colectivas que buscan proteger a los firmantes del acuerdo de paz.

La información solicitada a este ministerio está encaminada “a establecer los obstáculos que impiden el cumplimiento de los compromisos estatales en materia de garantías de seguridad de la población señalada y para determinar las medidas urgentes que se deben adoptar”

El ministro señaló que es falso que haya incumplido requerimientos de la JEP por no contestar sus solicitudes. “En el Ministerio de Justicia, recibimos dos notificaciones para enviar informes sobre las medidas adoptadas para el desmantelamiento de organizaciones criminales y otras acciones. La primera providencia fue notificada el 22 de abril de 2022 a las 7:50 p. m., la cual respondimos el 6 de mayo de 2022 al correo del magistrado ponente. La segunda la recibimos el 23 de junio de 2022 y fue atendida el 30 de junio de 2022, también al correo de la magistrada ponente”, señala.

Y agrega: “Los argumentos de la JEP para iniciar esta acción de desacato no tienen sustento, pues las órdenes se han cumplido oportunamente. Se viola mi derecho al debido proceso, presunción de inocencia y buena fe, al compulsar copias a la Procuraduría sin ejercer mi derecho a la defensa. Esto es prejuzgar. Es grave que me haya notificado por conducta concluyente con información de medios de comunicación. Espero que con la misma diligencia mediática se informe sobre el yerro en que se está incurriendo con este caso”.

Entre otras cosas, la JEP había pedido información al Ministerio de Justicia sobre la implementación y los logros alcanzados en materia de adecuación de la política criminal para el desmantelamiento de organizaciones criminales y acciones promovidas para el sometimiento a la justicia, así como la articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y resultados.

En segundo lugar, sobre las actividades de coordinación y articulación implementadas con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y otras entidades con funciones de garantías de seguridad, para contribuir a las investigaciones sobre la lucha contra la impunidad y el desmantelamiento de organizaciones criminales en el contexto de las garantías de no repetición.

Por último, información de los planes y acciones focalizados para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la justicia en los municipios más afectados por la violencia, acordados con el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Hacienda, y el estado de su implementación conforme a los compromisos que refiere la Procuraduría.

En este caso específico, lo que más indigna al jefe de la cartera de Justicia es que se haya enterado, dijo, a través de medios sin que se le hubiera notificado de la decisión de la justicia transicional.

“La propia JEP, en actuación anterior, me exigió firmar un documento de reserva y confidencialidad, la misma que no se está garantizando en el incidente que se inició de manera irracional”, dijo Ruiz.

Entre las preguntas que le hicieron al ministro de Justicia estaban:

¿Qué medidas específicas de fortalecimiento de la investigación y la judicialización de los grupos y las organizaciones criminales se han tomado y cuáles son los resultados a la fecha?

¿Cuánto tiempo lleva operando el Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad y cuáles son sus logros?

¿Cuántos despachos judiciales dirigidos al procesamiento criminal y la judicialización de miembros de organizaciones criminales que atentan contra los defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas en proceso de reincorporación se han creado y cómo se definió la proporcionalidad entre jueces dispuestos e investigaciones a cargo?