Esclarecer el crimen de Álvaro Gómez Hurtado: la petición de la Procuraduría a Salvatore Mancuso | Este es el cuestionario completo

Un extenso cuestionario le puso sobre la mesa la Procuraduría General al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien en días anteriores rindió su declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En medio de las diligencias, el delegado del Ministerio Público le pidió al exjefe de las AUC ahondar en varios temas que tocó durante las cuatro sesiones.

Debido a que Mancuso indicó en más de una oportunidad que era una persona cercana a la denominada Casa Castaño, conformada por Vicente y Carlos Castaño Gil, la Procuraduría General indicó que puede contar con información que permita esclarecer el crimen del dirigente político conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien fue asesinado el 2 de noviembre de 1985 cuando salía de dictar una clase en la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá.

En la petición se advierte que debido a la desinformación que existe en este caso, el excomandante paramilitar contaría con datos. Vale recordar que en 2020, los excomandantes de la guerrilla de las Farc se adjudicaron, para sorpresa de todos, este crimen. Carlos Antonio Lozada, exintegrante del Secretariado y actual senador, aseguró que la orden la había dado Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy.

El procurador delegado Jairo Acosta Aristizábal le pidió a Mancuso aclarar, además, detalles frente a las presuntas relaciones del grupo armado con miembros de la Fuerza Pública, así como detalles sobre las líneas de mando, el origen de las órdenes, los motivos y maneras de caracterizar enemigos por parte de las AUC, entre otros.

Entre estos se encuentra la presencia de fosas comunes donde habrían sido inhumados cuerpos de víctimas del conflicto, en la frontera con Venezuela, y el uso por parte de las AUC del canal del Dique como “zona de depósito de cadáveres”.

Frente a este tema, Mancuso aseguró que serían unas 200 víctimas de los grupos paramilitares que fueron arrojadas a la zona fronteriza por petición de dirigentes políticos de Norte de Santander con la ayuda de oficiales de las Fuerzas Militares.

La Procuraduría también pidió mayores claridades sobre los múltiples asesinatos de periodistas independientes, durante aquella época, en el departamento de Córdoba y otros departamentos en la zona de acción del grupo armado ilegal.

Ante magistrados y representantes de las víctimas, el Ministerio Público le solicitó al aspirante a compareciente que entregara –en caso de conocerlos–, más detalles sobre la Operación Rastrillo, que involucraría las masacres de Macayepo y El Salado; la desmovilización de la guerrilla del EPL y el paso de combatientes a las AUC, y la posible conformación de un frente internacional de las AUC en la frontera o en Venezuela.

El representante de la Procuraduría le pidió a Mancuso que profundizara en los vínculos de empresarios y ganaderos con la ‘Casa Castaño’ y el paramilitarismo; si conoció o no a David Antonio Úsuga David, más conocido con el alias de Otoniel, y si hubo algún tipo de fusión temporal o coyuntural con miembros de las Farc dentro de su actuar como Autodefensas.

Igualmente, el procurador delegado indicó que recibió información sobre el modelo de “franquicias” o bloques paramilitares utilizados por las autodefensas, así como sobre la financiación con cultivos ilícitos y dineros de empresas privadas del país, con aportes voluntarios y forzados.

Finalmente, durante sus intervenciones el procurador delegado insistió ante la JEP en la necesidad de que el aspirante a compareciente aporte una verdad completa, genuina, desprovista de justificaciones o episodios que puedan resultar revictimizantes, pidiéndole a Mancuso visibilizar a quienes, “como servidores públicos, especialmente del DAS, hicieron parte de esa gran empresa del crimen, aquellos que contribuyeron con ustedes”. Así mismo que, de ser admitido por la JEP, entregue una propuesta que contemple la inclusión de la verdad y reparación a las víctimas de Justicia y Paz.