Esquema de basuras, víctima de su propio invento

La llegada de los compactadores arrancó mal. Los primeros equipos que arribaron al puerto de Cartagena tenían señales de deterioro que encendieron las alarmas de los organismos de control y dificultaron su nacionalización. Por esta causa, la Alcaldía modificó el contrato, y de los 170 camiones previstos inicialmente, solo entrarían 60 en razón de 9.000 millones de pesos. 

La primera modificación del contrato de arrendamiento de camiones la hizo el secretario de Educación, Óscar Sánchez, quien fungió de alcalde encargado a comienzos de enero. Esa fue la primera prórroga. Sánchez indicó que el 12 de enero ya estarían, por lo menos, veinte camiones recolectores de basura en la ciudad. Para esa fecha, el 4 de enero, según el cronograma de entrega, ya debían estar todos los carros en Bogotá. El 15 de enero, sin embargo, solo llegaron nueve de 15 que salieron de Cartagena.

SEMANA conoció la solicitud de una segunda prórroga que hizo el contratista en la cual argumenta que los carros no pudieron entrar porque la empresa Aguas de Bogotá (titular de la importación) no estaba inscrita en el Runt (Registro Único Nacional de Tránsito). Y como si fuera una broma, la razón era que el anterior gerente, Mario Álvarez, no había pagado una multa de tránsito. Ese hecho demoró el trámite de las placas dos días más. Según el representante legal de Districapital, César Alvarado, a él le tocó pagar la multa para agilizar el trámite. El Distrito accedió. 

El 16 de enero el contratista pidió una nueva prórroga por cinco días. En ella argumenta que el mantenimiento de los equipos y las revisiones han tardado más de lo previsto. Esta vez, Aguas de Bogotá no se la otorgó. El 19 de enero el contratista solicitó una tercera prórroga para la entrega del segundo lote de 30 compactadores. Esta vez, la empresa argumentó que la Dian había ocasionado una demora de ocho días durante el proceso de nacionalización. El pasado 27 de enero se cumplió esa prórroga, pero aún no han comenzado a rodar todos los carros. 

Según Alvarado, “estos fueron actos de autoridad que llamamos actos de arbitrariedad, porque sin ninguna contemplación nos bloquearon la entrada de los camiones”. En su criterio, las talanqueras que pusieron entidades como ICA, el Ministerio de Transporte y la Dian, fueron más gravosas de lo normal. Obligó, por ejemplo, que varias veces los carros fueran desinfectados y lavados y que sólo pudieran salir de Cartagena en camabajas. 

Si halla responsable al contratista de estas demoras, Aguas de Bogotá debería imponerle una sanción económica por morosidad. Ahí radica el dilema del gerente Agudelo. Si el Distrito sanciona a Districapital estaría admitiendo que cometió un error porque al contratista le faltaba experiencia. Sería reconocer que el esquema de Petro fue víctima de su propio invento. Pero si no lo castiga, tendrá que demostrar que la culpa es de otras entidades que entorpecieron la importación, lo que no parece muy fácil de explicar. 

A pesar de los problemas del nuevo modelo de basuras la responsabilidad política y contractual de este caótico arranque ha brillado por su ausencia, con la tímida excepción del gerente de Aguas. ¿Sancionará el gobierno Petro al contratista?