“Esta reforma es solo un analgésico”

Germán Velásquez: Un sistema como el de Colombia, que tiene una mezcla entre actores públicos y privados, exigía del Estado una muy sólida capacidad de regulación y control que nunca logró desarrollarse. Un segundo problema grave es que este sistema exige que todos los actores tengan claro que la prioridad es la salud de los colombianos. Sin embargo muchos actores, orientados por incentivos financieros, terminaron generando enfrentamientos y conflictos en donde los objetivos de salud pasaron a ser subordinados a los intereses financieros y comerciales. Adicionalmente, el modelo permitió la creación o afianzamiento de enormes pulpos financieros que se escaparon fácilmente del control del Estado.  

G. V.: El problema no son las EPS. El problema fundamental es que no se contó con un gobierno capaz de controlar a las EPS y a otros actores, y terminaron saliéndoseles de las manos. En el caso de los medicamentos, el crecimiento escandaloso de los recobros por productos por fuera del Plan Obligatorio de Salud fue la expresión más visible del comportamiento de una industria farmacéutica que se ha constituido en Colombia, al igual que en muchos países, en una amenaza a la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud. 

G. V.: La situación de la Ley 100 es hoy comparable a los jeans que usan las nuevas generaciones: están llenos de rotos y remiendos, y cuestan cinco veces más. Para mí, todas las reformas que se han hecho al sistema creado en 1993 no han enfrentado los problemas estructurales. El gobierno anterior no solamente hizo poco para corregir los desequilibrios, sino que dejó crecer y acumular las deudas y los descontentos, al tiempo que alimentó una polarización en la que cualquier crítica era descalificada como ideológica. Asuntos altamente sensibles como las diferencias que había entre el Régimen Contributivo y el Subsidiado se mantuvieron mucho más allá del período de transición previsto en 1993.

Esto generó, junto con otros problemas de fondo, la intervención de la Corte Constitucional y la bien conocida Sentencia 760. A esto se sumó la Emergencia Social, que entre otras, pretendió culpar a los pacientes, a los médicos y a los profesionales de la salud de los problemas del sistema sin tocar a los grupos de poder (EPS e Industria farmacéutica).  Y dejó pendiente un resentimiento en los pacientes y en los gremios de la salud que todavía está pagando el Ministerio. En conclusión, la situación del sistema se dejó llegar a un punto en el que ninguno de los medicamentos que se han usado por parte del gobierno ha servido para aliviar a un paciente que requería una cirugía radical.

G. V.: La actual reforma plantea de nuevo un manejo con analgésicos para un paciente que está en cuidados intensivos. El gobierno actual no ha sabido reconocer la gravedad del problema que heredó del gobierno anterior. Una situación que requería intervenciones profundas y estructurales se ha asumido con tres ministros en tres años y con ajustes que han pagado incendios pero no el origen del problema. Es necesario que el gobierno reconozca, como lo debía haber hecho hace varios años, que el acumulado de problemas en la salud, de enemistades, de tensiones y de pérdida de legitimidad es tan grave que  no es posible esperar una solución completa y de corto plazo, y mucho menos con la reforma que se plantea.

G. V.: Se puede decir que existen tres tipos de sistemas de salud. Un primer modelo cuya concepción se basa en una filosofía que concibe la salud como un mercado donde los seguros privados con ánimo lucrativo ofrecen servicios de salud y el consumidor obtiene la protección que le permiten sus recursos financieros, tal y como ocurre en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. El segundo es un modelo cuya filosofía se basa en la salud como un derecho y donde el Estado lo garantiza a través de un financiamiento solidario público. Es el que se ve en los países de Europa occidental, Canadá o Australia. O Costa Rica en nuestro continente. El estado busca ofrecer un acceso equitativo  a todos los servicios necesarios para todos los ciudadanos. Cuando un ciudadano francés tiene una urgencia de salud grave, recurre a un hospital público y no a una clínica privada como sucede en Colombia. El tercer modelo es el de muchos países en desarrollo en donde los sistemas de salud están basados en una mezcla entre el asistencialismo del Estado y un mercado de servicios privados para la minoría. Colombia intentó hacer un acercamiento entre la salud como un derecho y la salud como un mercado obteniendo una mezcla que no parece haber funcionado apropiadamente. 

G. V.: En Colombia se combinan tantos problemas que el gobierno no tiene el espacio y las condiciones para conducir una propuesta de reforma. Además  no hay un clima de entendimiento y construcción entre los actores.  Creo que el Congreso de la República es demasiado vulnerable a los intereses políticos que son por naturaleza inmediatistas y fácilmente capturados por los grupos de poder. Se requiere una instancia que esté exenta de ese tipo de exigencias y que busque, sin presiones, una salida para la garantía del derecho a la salud de los ciudadanos. Brasil tomó más de dos años para llevar a cabo una Asamblea Constituyente por la salud que desembocó en el actual Sistema Único de Salud (SUS). 

En Colombia se propuso una octava papeleta para una constituyente en salud. También Fedesalud ha propuesto la integración de una comisión especial para la reforma de la salud, en la que los partidos políticos nominen representantes para que los partidos asuman la responsabilidad por la reforma. Finalmente, se propuso una comisión de sabios o de notables que formulen una propuesta basada en un diseño nuevo exento de presiones e intereses. Pero mientras esto ocurre, va a ocurrir un proceso de transición difícil y costoso que el gobierno tiene que asumir. 

G. V.: En ningún país del mundo el creciente costo de los medicamentos nuevos es sostenible y ningún país dispone de recursos ilimitados. La industria presiona por nuevas y más sostenibles fuentes de financiamiento para la salud, presionando por la abolición de listados (en lo que los médicos suelen ser un apoyo entusiasta), por el uso de medicamentos de marca (con diferentes campañas para desacreditar los genéricos) y por la eliminación de los controles a los precios. En el tratado Trans Pacifico (TPP), al cual Colombia quiere ingresar en el futuro, se ha propuesto eliminar los controles de precio y los sistemas de subasta que muchos gobiernos utilizan para controlar el gasto en medicamentos. El debate sobre la reglamentación de biotecnológicos, lejos de ser una discusión de calidad, es un intento por conseguir exclusividad en el mercado eliminando potenciales competidores para asegurar precios altos y ganancias crecientes.

Con el sistema actual ningún país, por rico que sea, consigue absorber costos de medicamentos novedosos como consecuencia de un modelo de innovación farmacéutica donde la investigación resulta ser exagerada y artificialmente costosa. Actualmente, la industria farmacéutica argumenta que desarrollar un nuevo medicamento cuesta más de  $1000 millones de dólares cuando experiencias sin ánimo lucrativo han conseguido recientemente desarrollar medicamentos por $50 ó 60 millones, lo que indica que los sistemas de salud pagan por muchos productos 10 veces más.

G. V.: Lo que uno tiene que decir es que es muy difícil entender que una Ministra, que todo el mundo reconoce como competente, permanece a la cabeza del Ministerio por 8 meses, en medio de una situación como la que hemos venido describiendo. También hay que entender que el poder en el sistema de salud lo tienen las EPS y la industria. Hoy se habla de que el Ministerio y el Ministro van a acabar con las EPS. En realidad las EPS y la Industria han quitado a varios ministros anteriormente.