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| 12/16/2006 12:00:00 AM

Estado capturado

La bandera contra la corrupción y la politiquería dejó de ondear ante la lluvia de escándalos que la azotaron. El gobierno nacional es el peor librado al terminar el año.<br><br>

Estado capturado Estado capturado
Si la corrupción tuviera rostro, sería fácilmente un buen candidato al personaje del año. En 2006 hubo toda clase de escándalos. Están 'los de cuello blanco' como el caso de Cajanal, donde miles de millones de pesos de los colombianos se están esfumando. 'Los descarados', como las supuestas coimas que cobraban altos funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro para financiar campañas políticas, o en el Incoder para entregar tierras de forma ilegal.

Los que ya parecen parte del paisaje, como los billones que les roban a los recursos de la salud de los más pobres o las transferencias que se quedan en los bolsillos de unos pocos políticos locales. Los que ahora se ha dado por llamar 'éticos', como los contratos a los familiares de empleados del Invías, las atenciones de supuestos narcotraficantes a los magistrados de las Altas Cortes o las supuestas relaciones del director del Inco con paramilitares. Y 'los cibernéticos', como las evidencias incestuosas entre contratación pública y el paramilitarismo reveladas gracias a la información de un computador de un jefe de estos grupos ilegales, las cuantiosas compras de equipos por el Congreso, o los servicios especiales de tecnología contratados a dedo por Emcali.

También están los escándalos de 'los precavidos', como el de un alto funcionario de estupefacientes que ya había negociado unos bienes de la mafia antes de tener su autorización para hacerlo. 'Los populares', como los vividos en elecciones, en especial en algunos pueblos de la Costa donde se investigan votaciones irregulares, o 'los silenciosos', como el de aquellos partidos políticos que nueve meses después de las elecciones aún no hacen públicas sus listas de financiadores.

Hay 'los contractuales', como los que tienen contra las cuerdas a los Alcaldes de Barranquilla y Cali, o que determinaron el retiro del Alcalde de Villavicencio y el Gobernador de Putumayo. 'Los tributarios', como los que enredan al director nacional de impuestos. 'Los transnacionales', como los movimientos de millones de dólares de la Aeronáutica Civil en cuentas en paraísos fiscales. O los otros que llegarán en las dos ultimas semanas del año, cuando habitualmente se concentra mucha contratación, y que no alcanzan a ser registrados en este informe.

Y aunque en la gran mayoría de estos escándalos la justicia tiene pendiente definir si efectivamente hubo o no corrupción, y quiénes serían sus responsables, los indicios conocidos en cada caso, en gran parte revelados por la prensa, han sido suficientes para que entre la opinión pública quede la sensación de que este es uno de los peores años que ha vivido el país en falta de transparencia. Nada diferente se puede pensar cuando un monstruo como el de la corrupción se encuentra metido no sólo en los gobiernos regionales, que usualmente salen muy mal librados en este tema, sino también en los temas electorales, en la rama judicial, en el Legislativo y en el gobierno central. Incluso rondando cerca del Palacio de Nariño.

De confirmase cualquiera de estos casos, sería de suma gravedad, y lo que restaría sería imponer sanciones y controles adecuados para atajar a los bandidos. Algo que por años el país espera con ansias.

Pero esto termina siendo un juego de muñecas ante una corrupción de marca mayor que se evidenció este año, y que pareciera avanzar con paso firme. Es la que el contralor general, Julio César Turbay, llama "maridaje entre las finanzas de los grupos ilegales y algunas administraciones locales", o la que la investigadora de Transparencia por Colombia Marta Tamayo califica de "captura del Estado sin precedentes en la historia del país". Una cooptación que surge de una compleja mezcla de gobernabilidad regional, con mafias políticas, clientelismo del gobierno central, intereses de grupos armados ilegales y narcotráfico, que compromete la institucionalidad.

A la hora de los balances, el gobierno nacional es el que sale peor librado, pues todo esto ha sucedido bajo una administración que tiene como bandera la lucha contra la corrupción y la politiquería. El director de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia, Rodrigo Lara, dice que es precisamente por la actitud transparente del gobierno que se han conocido tantos escándalos. Además, no tiene sentido atribuirle gran parte de estos al gobierno central. ¿Acaso qué responsabilidad tiene este por la decisión irregular de un juez, las indelicadezas de un magistrado o los raponazos de un mandatario local?

Aun así, la actitud de la que habla Lara ha quedado opacada por la avalancha de titulares de prensa. Y ha despertado más de un comentario el hecho que el Presidente, quien se muestra implacable con un general por una falla militar, sea menos duro con algunos funcionarios muy cercanos o tenga dificultad de deslindarse de compañías y alianzas políticas que despiertan dudas, y que luego resultan envueltas en graves denuncias .

También ha dejado un mal sabor el hecho de que, en algunos casos, desde el Ejecutivo se haga mucho ruido sobre investigaciones administrativas exhaustivas, pero a la hora de los resultados es muy poco lo que hay que mostrar. Esto es, por ejemplo, lo que sucede con los recursos de la salud, quizás uno de los sectores donde se hace más evidente la captura de mafias locales de delincuentes y políticos, y en donde pese a los anuncios, son pocos los correctivos y las sanciones.

Hay mucha expectativa por los resultados que muestren a su tiempo los organismos de control. También, sobre su independencia política frente a investigados que resultan en algunos casos muy cercanos familiar, regional o políticamente a las cabezas de estas entidades. Fiscalía, Procuraduría y Contraloría coinciden en que están investigando esta tormenta de escándalos, y para dar confianza de que cumplirán con su deber, muestran cifras de lo que ha sido su gestión con casos de años pasados que se sancionaron en este. Sin embargo, el hecho de que las investigaciones requieran tiempo no es justificación para situaciones tan absurdas como la anunciada hace una semana por el Contralor General: reveló que por falta de diligencia, en su entidad se dejaron vencer los términos de cuantiosos cobros de procesos fiscales que duraron más de cinco años y que para todo efecto práctico durmieron el sueño de los justos.

El augurio para el próximo año es reservado, por lo proclives que son algunos funcionarios al mal uso de los recursos públicos en época electoral. Más con algunas regiones en medio de una captura del Estado como la anteriormente descrita, y con una democracia socavada. De no haber una acción decidida de los organismos oficiales, no sería de extrañar que el fantasma de la corrupción sea el personaje del próximo año. n

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