Oportunidad histórica para la aprobación de un estatuto de la oposición

Han pasado 25 años desde que la Constitución de 1991 consagró la obligación del Congreso colombiano de expedir una ley para reglamentar las garantías y los derechos de los partidos y movimientos de oposición. Sin embargo, tras nueve proyectos de ley fracasados y dos actos legislativos que no llegaron a buen término, quedan en evidencia las enormes dificultades políticas para tramitar esta iniciativa.

La idea de redactar un estatuto de la oposición nació durante el gobierno de Virgilio Barco, quien terminó de desmontar el Frente Nacional al plantear el esquema gobierno-oposición. Pero los intentos de Barco para legitimar la participación de partidos diferentes a los que integran el gobierno quedaron enterrados, por cuenta de la violencia contra candidatos y líderes de izquierda que se agudizó durante su mandato y terminó con el exterminio de la Unión Patriótica. Fue entonces cuando tomó fuerza la idea de convocar una asamblea constituyente para legitimar la participación de nuevos actores y acabar con el bipartidismo.

Hoy, un cuarto de siglo después, la idea vuelve a cobrar vigencia por cuenta del proceso de paz entre el gobierno y las Farc. Hace un par de semanas, como parte de las conversaciones de La Habana, un comunicado de ambas partes anunció la convocatoria a los partidos y movimientos con personería jurídica para definir las garantías legales de quienes se declaren en oposición. “Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un acuerdo final que abriría espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías”, dice el texto al recordar que dentro de poco las Farc participarán abiertamente en política y estarán en una orilla diferente a la de los partidos tradicionales.

¿Cuál es la razón de que hasta el momento no haya podido expedirse un estatuto de la oposición en Colombia? ¿Por qué podría ser esta la coyuntura ideal? Frente a lo primero, quienes han hecho política en los últimos años reconocen que formular ese estatuto ha sido imposible por falta de voluntad política. “Este es un país cortoplacista, y quienes están en el poder no tienen conciencia de que en pocos años podrían estar en la oposición”, dice el senador liberal Luis Fernando Velasco. Con él coinciden parlamentarios de otros partidos como Antonio Navarro, del Verde; Rodrigo Lara, de Cambio Radical; y Jorge Enrique Robledo e Iván Cepeda, del Polo: “Los factores que han impedido un estatuto son estructurales y políticos y tienen que ver con la concentración del poder y con un miedo tradicional a que este se redistribuya”, insiste Cepeda.

Las dificultades para reglamentar la oposición son tan evidentes, que en los pasillos del Congreso se da por hecho que el estatuto se suma a otros tres temas en la categoría de irreformables a menos que ocurra una coyuntura especial. Estos son la descentralización, la justicia y el sistema electoral. En cuanto a la justicia, el hundimiento del Tribunal de Aforados en la Corte Constitucional dejó en evidencia lo difícil que es ajustar la Rama Judicial, más aún si estos cambios provienen del Congreso. Y en lo que concierne al sistema electoral, la necesidad de modificarlo profundamente para garantizar una mayor transparencia constituye otro de los consensos a los que se llegó en las discusiones de La Habana.

Otra razón cultural, que se suma al miedo de los políticos por ‘compartir’ el poder, tiene que ver con el clientelismo. Por cuenta de una tradición colombiana, quienes ocupan las mesas directivas del Congreso y de otras corporaciones de representación popular hacen parte de las aplanadoras del gobierno de turno y, por tanto, pueden presionar por puestos. “Ahí radica la cuestión: quien tiene puestos, tiene votos. ¿Y qué mejor manera de pedir puestos que teniendo el poder de impulsar o trancar una ley? Habría que ser bobo para darle esa gabela a la oposición”, dijo un parlamentario conservador a SEMANA, al explicar por qué es tan difícil que, una vez elegido un presidente, los partidos tradicionales se opongan a su gobierno.

La posibilidad de estar en las mesas directivas del Congreso, las asambleas y los concejos municipales es uno de los aspectos fundamentales de un estatuto de la oposición. A ese punto se suman otros como la posibilidad de que miembros de la oposición lideren organismos de control del Estado, hagan parte de las autoridades electorales, ejerzan cargos en las mesas directivas del Congreso, concejos y asambleas; tengan representación en los organismos electorales y cuenten con las garantías de seguridad para hacer política. Si bien algunos expertos consideran que la mayoría de estos elementos ya están presentes en la Constitución, el estatuto se ha vuelto una causa común entre quienes están por fuera de la Unidad Nacional, incluyendo al Centro Democrático. Aunque el partido de Uribe no participará en la comisión encargada de llevar las propuestas que tienen que ver con una reforma electoral y el estatuto de la oposición y que surgió en La Habana, en varias ocasiones el expresidente ha reconocido su importancia. De hecho, al final de su mandato, tal como ha sucedido en todos los gobiernos desde 1990, se ambientó uno. En esa ocasión, terminó embolatado en el debate sobre la tercera reelección.

En el mundo político se pensó que algo similar pasaría en el gobierno de Juan Manuel Santos. En 2010, el ministro del Interior Germán Vargas dijo: “Ya es hora de que el país tenga un estatuto de la oposición”. El asunto quedó reducido a un anuncio mediático y solo hace un mes, con el comunicado de La Habana, volvió a tomar fuerza.

La coyuntura de la paz permite pensar que esta vez el estatuto será posible: las iniciativas que surjan como resultado de los acuerdos con las Farc deberán ser tramitadas en el procedimiento especial de fast track establecido. Al mismo tiempo, el Congreso deberá tramitar una reforma electoral, un régimen de partidos y unas leyes estatutarias de participación ciudadana. De no ser por una coyuntura tan específica como la de la negociación de paz, lo más probable es que pasarán otros 25 años sin que el país pueda reglamentar el ejercicio de la oposición y otros aspectos del funcionamiento democrático.