¡Estupefactos!

Hace algunos años un reputado humorista llamó a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Dirección Nacional de Estupefactos. Hoy no habría mejor manera de simbolizar el caos que reina en esta institución. El desastre que sucede con los bienes incautados al narcotráfico va mucho más allá de las denuncias puntuales del mal uso de un apartamento o unas cuentas, que conoció el país hace unos meses y que le costaron la salida al anterior director, el coronel (r) Alfonso Plazas.

"Si yo le preguntara en este momento a cualquier funcionario exactamente qué bienes tenemos a cargo, nadie me podría responder", dijo a SEMANA Juan Carlos Vives, quien en los dos escasos meses que lleva al frente de la entidad ha estado tratando de poner la casa en orden.

En efecto, esta institución no sabe a ciencia cierta qué propiedades tiene a su cargo, quién las tiene, dónde están y cómo están siendo administradas. SEMANA intentó armar este rompecabezas con la información que durante un mes le proporcionaron los funcionarios de la DNE y la que pudo recabar por cuenta propia, y descubrió la magnitud del desorden acumulado. En cientos de registros oficiales no figura el nombre de la persona a quien se le ha entregado en administración cada bien, en otros dice "por establecer", "información insuficiente", "registro con expediente cero" e incluso algunos registros dicen sólo "N.N.".

De todos modos, cruzando la información disponible se calcula que desde su creación en 1986 esta entidad ha recibido aproximadamente 50.000 bienes que les han sido incautados a narcotraficantes, secuestradores y otros. De estos, por orden judicial, se han devuelto alrededor de 4.000 bienes y se ha extinguido el dominio de otros 2.286 (esta cifra sí es exacta), y por lo tanto han pasado definitivamente a manos del Estado. Sin embargo, la mayoría de estos últimos aún sigue a cargo de Estupefacientes pues sólo 121 se han entregado a entidades oficiales o sin ánimo de lucro, han sido rematados 463 vehículos y sólo tres inmuebles.

Son entonces cerca de 43.000 bienes que la DNE tiene bajo su custodia provisional mientras se resuelve si se les quitan a sus dueños. Mansiones, lujosos apartamentos, haciendas, empresas, dinero en efectivo, caballos de paso, ganado, obras de arte, joyas, carros, aviones, sustancias químicas, tiquetes aéreos, teléfonos celulares y satelitales, muebles, entre otros cientos de propiedades, son parte del complejo inventario que hoy administra en forma muy precaria. Tanto es así que, según la Contraloría General, a diciembre del año pasado la DNE enfrentaba demandas por 352.000 millones de pesos, de propietarios que alegan abandono y mal manejo y de administradores de estos inmuebles a los que les han quitados los bienes.

La filosofía detrás de la política de quitar las propiedades adquiridas con recursos ilícitos: castigar a los criminales y debilitar sus estructuras financieras, mientras el Estado se fortalece y financia con estos mismos bienes, no está saliendo como se pensaba. En este caso, aún está por verse aquello de que el crimen no paga y que al final el Estado sale triunfante.

Esta exuberante cantidad de propiedades están a cargo de 34 funcionarios de la subdirección de bienes de esta entidad -contados el subdirector y la secretaria-. Es decir que en promedio cada uno de ellos debe velar por el buen estado y gerencia de más de 1.300 bienes. Para tener un punto de comparación, entidades como Central de Inversiones S.A. (Cisa), encargada de administrar los bienes en dación de pago de los bancos oficiales, tiene a su cargo 4.276 inmuebles (el 10 por ciento de lo que tiene la DNE). O Luis Soto y Cía, una de las inmobiliarias más grandes de Bogotá, tiene una nómina de 15 personas para administrar 450 propiedades.

El panorama es más abrumador aún si se tiene en cuenta que además de las propiedades, esta entidad vela por el manejo de dinero incautado que supera los 28.000 millones de pesos, más 379 millones de dólares y el equivalente a 4.000 millones de pesos en otras monedas. En total un monto de dinero similar a la suma de los presupuestos de los ministerios de Educación y de la Red de Solidaridad para este año.

La DNE también tiene a su cargo 17.000 procesos contra traficantes de todos los tamaños, para cobrarles 1,7 billones de pesos en sanciones, la mayoría de las cuales, según el director Vives, son de muy difícil recaudo.

Por eso se explica que luego de la renuncia de Plazas, el gobierno tuviese tantas dificultades para encontrar quién se le midiese a semejante chicharrón. Vives está convencido de que en pocos meses podrá poner "estos bienes al servicio de la política social del país". No obstante su optimismo, el desafío es mayúsculo pues la entidad cuenta con muy pocas herramientas y tiene que empezar de menos cero.



GOBIERNO INCAUTO

Lo paradójico de la política del actual gobierno es que por un lado sacó adelante una ley más eficiente para incautar y luego extinguir los bienes de la delincuencia, y por otro no ha tenido la voluntad política para darle dientes suficientes a la entidad que debe lidiar con ellos.

En efecto, en los seis años de la ley anterior sólo se logró que pasaran al Estado 344 bienes de los narcos, mientras que desde la vigencia de la nueva ley de diciembre de 2002 se les ha extinguido el dominio a 1.942 propiedades. La nueva ley también ha facilitado la incautación. Por ejemplo, la semana pasada a Víctor Patiño Fómeque se le quitaron 299 propiedades avaluadas en 151.000 millones de pesos (ver artículo en la página 42). Fincas, casas, centros comerciales que quedan a cargo de la DNE.

Por ley, esta entidad 'preferentemente' debía constituir fideicomisos para la administración de estos bienes con entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Esto, porque los encargos fiduciarios funcionan bajo reglas estrictas y están muy controlados. En su defecto, dice la ley, se debe buscar otro tipo de contratos "que mantengan la productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso a favor del Estado". Pero lo que era la excepción se convirtió en regla.

La gran mayoría de las propiedades durante años se han entregado discrecionalmente a personas y empresas, llamados depositarios. Este es uno de los principales dolores de cabeza de la actual administración. Fueron escogidos sin cumplir mayores requisitos, incluso, según la Contraloría, sin siquiera investigar sus antecedentes judiciales. Además, la mayoría de los bienes entregados no tienen avalúos, por lo que no se sabe con certeza cuánto deben rentar ni cuánto cuesta administrarlos. Hay casos en los que se entregaron sin ninguna clase de inventario, ni póliza. No hay una misma forma de contratación de los administradores y no existen reportes de lo que hacen con los bienes. De ahí que muchos de ellos estén al garete y que se hayan convertido en un caldo de cultivo para la corrupción. ¿Quién controla que no se venda el ganado de una finca, que se subregistren los ingresos de una empresa o que se utilice indebidamente un bien?

SEMANA investigó quiénes eran los principales depositarios de bienes urbanos y rurales y de sociedades, y encontró situaciones entre los mayores beneficiarios que por decir lo menos son exóticas. Por ejemplo, a quien figura en el sistema de la DNE como el depositario de la mayor cantidad de fincas no lo conocen en la entidad, ni saben dónde buscarlo. Aseguran que se trata de un error del sistema. Así mismo, para la mayoría de los bienes urbanos se nombró a un ex funcionario de control interno de Estupefacientes. Y una compañía que maneja empresas incautadas con un patrimonio superior a 80.000 millones de pesos, sólo tiene un capital de tres millones de pesos (ver recuadros).

Es justo resaltar que no es fácil administrar estas propiedades. No hay que olvidar que han estado en manos de mafias poderosas y sanguinarias, por lo que algunos de estos depositarios reciben emisarios o mensajes para presionarlos sobre qué deben hacer con los bienes que les asignaron. Además, el limbo jurídico en el que se encuentran la mayoría de las propiedades dificulta que los poseedores temporales de ellas hagan las inversiones que se requieren para mantenerlas adecuadamente y ponerlas a rentar en todo su potencial.

Si bien es cierto que todas estas dificultades juegan en contra y su solución no es fácil, no tiene justificación que no haya ni un inventario confiable de lo que se tiene, ni garantías mínimas de un manejo aceptable. Y lo que menos explicación tiene aún es la poca diligencia del Estado para darles un destino final a los 1.699 bienes a los que ya se les extinguió el dominio. "Hay que sacar estos bienes a remate, explicó Vives, pero con cautela porque esta y otras entidades de lucha contra el narcotráfico como la justicia especializada se financian de lo que éstos rentan".

La nueva administración de la DNE hizo un convenio con el Departamento Nacional de Planeación para avaluar la mayoría de los bienes que ya son propiedad del Estado y sacarlos a remate. Con respecto a los bienes que aún están en disputa, la DNE está desarrollando estrategias diferentes, según se trate de propiedades rurales, urbanas, sociedades u otros bienes. Para los primeros ha puesto en marcha unas mesas de trabajo con el Ministerio de Agricultura, para que el Incoder determine su vocación agrícola o pesquera, y si la tienen, para que asuma su administración. En el caso de los hoteles, está adelantando estudios de factibilidad para determinar los cánones de arrendamiento y revisar los contratos que ya se han firmado, algunos de los cuales son demasiado beneficiosos para el depositario. Con respecto a las demás propiedades urbanas, buscará hacer acuerdos con las lonjas de propiedad de cada ciudad para que éstas se encarguen de entregárselas a inmobiliarias que las administren debidamente, como ya sucedió en Cali (ver recuadro).

Por último, con dos millones de dólares que les han sido asignados por el gobierno de Estados Unidos, provenientes de unos dineros que le habían congelado al extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha en ese país, pretende poner al día el sistema de información de todos los bienes para saber exactamente qué tienen, en qué estado están, cuál es su situación jurídica y quién los posee. Se buscará que fiducias o firmas de banca de inversión le ayude a darles una mejor administración, pero por ahora no le ha sido fácil encontrar firmas serias que estén dispuestas a manejar estos bienes 'problema'.

La tarea es enorme y el nuevo director de la DNE va a tener que demostrar una gran capacidad gerencial para llevarla a cabo. Pero si ya el gobierno tuvo la voluntad política para enfrentar un poder tan grande como el de las mafias, con una ley que permite incautar y extinguir sus bienes malhabidos en forma expedita, es el momento de que con esa misma entereza respalde la DNE. De ellos depende que ésta no siga siendo un lastre de desgreño administrativo y pleitos potenciales que, como se ha visto, se prestan para una gran corrupción. O que por el contrario, el espíritu de la política se ponga por fin en práctica, y la riqueza de los narcos pueda ser utilizada en su contra.