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Exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. | Foto: Archivo SEMANA

JUDICIAL

Exministro Arias demandó a la Nación ante el Consejo de Estado

La demanda por 532 millones de pesos fue radicada tras fracasar la conciliación entre el extitular de Agricultura y el procurador Ordóñez. Arias alega perjuicios por la sanción disciplinaria emitida en su contra en el proceso que investigó la entrega de subsidios del programa AIS.

30 de agosto de 2012

Este jueves el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias demandó a la Nación por 530 millones de pesos ante el Consejo de Estado.

La acción fue radicada tras el fracaso de una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.

El exministro había presentado un recurso de conciliación ante el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, por 532 millones de pesos. El exfuncionario acudió a este mecanismo al alegar perjuicios por la sanción disciplinaria emitida en su contra por el Ministerio Público, que señaló su responsabiliad en las irregularidades registradas en la entrega de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.

Con la decisión, la Procuraduría destitituyó e inhabilitó a Arias para ejercer cargos públicos por 16 años.

En su momento Arias explicó que la indemnización se debe realizar por los daños emocionales a la reputación suya y la de su familia.

"Perjuicios morales: se estiman en 600 salarios mínimos legales vigentes, 600 x 535.600 = 321.360.000. Teniendo en cuenta el grado de perjuicio emocional y afectación a la reputación pública del demandante por tratarse de un funcionario de alto rango y teniendo en cuenta la magnitud de la sanción que lo inhabilita para la vida pública por más de dos lustros, 300 salarios mínimos para su cónyuge e hijos 300 x 535.000 = 160.680.000. Total perjuicios: 532.040.000", dice un documento sobre el caso revelado en el pasado mes de mayo.

Quien era el titular de Agricultura durante el gobierno de Álvaro Uribe considera que las pruebas del caso no fueron lo suficientemente valoradas y que el procurador Ordóñez lo privó de sus derechos para ejercer una debida defensa material y logró afectar su "dignidad humana".

"El derecho de defensa no se manifestó como plena oportunidad de ser oído, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y (la) evaluación de las que se estimaban como favorables, en un ánimo única y exclusivamente dirigido a probar lo desfavorable. Se desconoce el principio de dignidad humana cuando se juzga con subjetivismos y presunción de culpabilidad", dice el documento citado.

Según el trámite, como no se llegó a la conciliación, la demanda fue radicada ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, que determinará si acepta estudiar la demanda.