Fallo anticlientelista

Hace pocos días la Procuraduría General emitió el primer fallo contra clientelismo del país. Dieciséis congresistas (ver recuadro), entre quienes se encuentran algunos de los que más se enorgullecen de liderar la lucha contra la politiquería, fueron multados por recomendar hojas de vida hace cinco años a la Contraloría.

En agosto del año pasado la Procuraduría ya había sancionado al ex contralor general de la República Carlos Ossa Escobar, al ex vicecontralor José Félix Lafaurie y al ex secretario administrativo de la Contraloría Mauricio Casasfranco, por haber aceptado recomendaciones de congresistas para nombrar funcionarios públicos entre septiembre de 1998 y mayo de 1999. Así lo reconoció Alfredo Saade, asistente de Ossa, quien en su testimonio confirmó que "la base de datos de los nombramientos era alimentada con las resoluciones de nombramiento firmadas por el Contralor; las hojas de vida que presentaban los congresistas eran diferentes, en formato normal; los cargos los distribuía directamente el doctor Ossa con su puño y letra".

La investigación contra los congresistas empezó en junio de 2002, luego de una denuncia de la revista Cambio. Inicialmente fueron 204 los investigados, pero no contra todos se encontraron pruebas. Por eso, en el fallo de única instancia que proclamó la Procuraduría en enero, 85 parlamentarios fueron absueltos, a dos se les suspendió la actuación por estar secuestrados (Jorge Eduardo Gechem y Consuelo González), a 21 se les declaró la prescripción y 30 fueron sancionados. De ellos, 14 congresistas más lograron la prescripción y en definitiva, sólo 16 fueron multados.

El fallo de la Procuraduría sienta un precedente para que el intercambio de votos por puestos sea castigado. También para que los organismos de control tengan independencia del Congreso. Pero lo que deja un sabor amargo es que después del intenso trabajo del equipo del viceprocurador Carlos Gómez, muchos de los acusados se hayan salvado de recibir un castigo sólo porque el tiempo corrió a su favor. Además, que las sanciones impliquen tan bajo costo político para los inculpados.

Es que en Colombia los procedimientos burocráticos y los criterios legales para acabar con la politiquería aún dejan mucho que desear. Buena parte de la demora del proceso se debió a que hubo que notificar personalmente a los 204 congresistas comprometidos en la investigación, a los 'recomendados' y a los testigos. Muchos de ellos se encontraban en las regiones, fuera del país o decidieron no presentarse.

De otra parte, las multas son irrisorias. A Ossa se le cobraron 90 días de salario; a Lafaurie y a Casasfranco, 60 días y a los congresistas, en promedio, 45 días. Por ley, este castigo disciplinario tampoco deja inhabilitados a los congresistas para ser reelegidos ni a los funcionarios para ser nombrados servidores públicos.

Finalmente, en este caso las sanciones fueron posibles porque la Constitución prohíbe "a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección de Contralor dar recomendaciones para empleos en su despacho". Pero, ¿qué habría pasado si la lluvia de recomendaciones se hubiera dado en otra entidad?

El fallo de la Procuraduría contra los congresistas es ejemplarizante. Aunque las sanciones que determinó no son suficientes para combatir el clientelismo, sí lo son para que al menos ocho de los 16 congresistas multados que hoy se encuentran en ejercicio tengan una lección de consecuencia. Al fin y al cabo la antipolitiquería no es cuestión sólo de discursos sino de transparencia en las actuaciones.