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N A R C O T R A F I C O

¿Falsa alarma?

La carta del congresista Benjamin Gilman contra el Plan Colombia es menos grave de lo pensado.

18 de diciembre de 2000

La noticia en The New York Times parecía preocupante: “Líder del Congreso retira su apoyo al Plan Colombia”, afirmaba el periódico más influyente del mundo. Y teniendo en cuenta que en Estados Unidos muchas veces un peso pesado en el Congreso tiene más influencia que un alto burócrata de la rama ejecutiva, la preocupación no parecía sin causa.

La verdad es que no había motivo para pánico. En primer lugar The New York Times había cometido un error en la titulación de la nota y para muchos esto fue lo que le dio actualidad a la noticia. El senador Benjamin Gilman, líder del Congreso citado por el periódico, en una carta que dirigió al general Barry McCaffrey, no le estaba retirando su apoyo al Plan Colombia. Simplemente se había limitado a solicitar un cambio en la destinación de los recursos del Ejército a la Policía. Pero en esto no hay nada de nuevo. Gilman, presidente del comité de relaciones exteriores de la Cámara de Representantes, siempre ha sostenido este punto de vista. Desde hace años ha sido propolicía y antiejército.

Sus argumentos ahora son básicamente dos: la incompetencia de las Fuerzas Armadas y su récord en cuestión de derechos humanos. El primer punto, el de la incompetencia, lo invoca citando el fracaso del Ejército Nacional en controlar el Putumayo, donde está concentrada gran parte de la producción de coca del país. Este fracaso, según él, demuestra que no es viable el objetivo original de darle prioridad al control territorial del sur del país y posteriormente erradicar los cultivos. Las ventajas de trasladar los recursos a la unidad antinarcóticos de la Policía, para Gilman, serían una mayor eficiencia, mejores pilotos y menos violaciones de los derechos humanos. La posición de Gilman puede ser bien intencionada pero no es ni totalmente exacta ni viable en la actualidad. Si el Ejército no ha podido recuperar el sur del país de manos de las Farc tampoco va a poder la Policía. Y en cuanto al récord de derechos humanos, todo es relativo. Como se reveló la semana pasada en el periódico Philadelphia Inquirer, no sólo la Policía colombiana, sino la DEA y la CIA, mantuvieron durante la persecución de Pablo Escobar una alianza tácita con Los Pepes, que no eran más que un escuadrón de la muerte. Hoy la institución está depurada. Pero lo mismo se podría decir del Ejército, que acaba de llevar a cabo una purga interna.

Por otro lado, aunque Gilman tuviera la razón, no es fácil cambiar la destinación de recursos aprobados por un largo y complicado proceso en el Congreso de Estados Unidos. El paquete de ayuda del Plan Colombia a que se llegó es el resultado de un tire y afloje entre múltiples facciones del gobierno y el Congreso norteamericanos. Redireccionar los recursos a estas alturas es prácticamente un imposible. Requeriría, para comenzar, una nueva ley, lo cual, de llegarse a un consenso sobre la misma, implicaría una demora en la operación del Plan de por lo menos un año.

Teniendo en cuenta todo lo anterior es posible que lo que Gilman buscaba, en su carta de la semana pasada, era dejar una constancia de su posición tradicional sobre este tema. Su período como presidente de la comisión de asuntos exteriores de la Cámara está a punto de terminar y la carta a McCaffrey es en cierta forma la despedida. Sin embargo se trata más de una posición personal que de un viraje político en el Congreso de Estados Unidos frente al Plan Colombia. Ni siquiera el representante Dan Burton, que generalmente lo acompaña en sus declaraciones, avaló esta última salida.