Y falta más

Si lo que ya ha pasado en la para-política es grave, lo que se viene no lo es menos. La contundencia demostrada por la Corte Suprema permite pensar que volará muy alto en las investigaciones sobre los nexos de congresistas con paramilitares, y lo que falta, a juzgar por las declaraciones de testigos y de paramilitares desmovilizados, es mucho. Y hay que sumarle los procesos que lleva la Fiscalía sobre ex parlamentarios y ex funcionarios.

Las capturas de este segundo grupo de congresistas implicados, todos de la Costa Atlántica, ratifican lo ya dicho: que en esa zona del país la penetración de estos grupos ilegales en la política y en las instituciones fue muy profunda. Pero también significa que a pesar de que pueden caer más políticos costeños, la baraja de implicados en esa región se agota y empezarán las investigaciones en otros departamentos en donde el fenómeno no es de menor gravedad.

Lo que ha pasado hasta ahora es el resultado de la confluencia de varios hechos. Por un lado, el destape que produjo el llamado computador del jefe paramilitar 'Jorge 40', por otro, las confesiones de Mancuso que, en este campo de la política, trajo como consecuencia la aparición de los firmantes del famoso pacto de Ralito que ya están llamados por la Corte a rendir versión libre.

También las confesiones del ex director de informática del DAS, Rafael García, que comprometieron no sólo al ex director del organismo de inteligencia del gobierno Jorge Noguera, sino a muchos políticos. Y también por los testimonios de un río de testigos que quizá animados por la efectividad de las investigaciones, se lanzaron a contar lo que sabían.

Todo esto, expuesto ampliamente en los medios de comunicación, generó un ambiente propicio que aprovecharon los entes de investigación. Pero hay más elementos que se pueden sumar. Las versiones libres de los jefes paramilitares desmovilizados seguirán y con esas confesiones vendrá más información para los procesos de los políticos ya implicados y para iniciar otros.

Adicionalmente, y a juzgar por el peso que la Corte les ha dado a los datos de las investigaciones académicas que escudriñaron la para-política, podrían llegar a estar investigados al menos 25 senadores más y unos 35 representantes a la Cámara. De nombres como los de los ex representantes Miguel Ángel Durán, Jorge Ramírez Urbina y Jorge Castro Gelvis se sabrá pronto, pues la Corte compulsó copias a la Fiscalía para que revise sus casos.

Otros nombres están el sonajero. En Norte de Santander, la lupa se posa sobre el senador Manuel Guillermo Mora, del partido de La U, y también sobre Carlos Barriga, del partido Convergencia Ciudadana.

En Bolívar se analizan nombres como el del senador Javier Cáceres, mencionado en el computador de 'Jorge 40' y sobre Vicente Blel, quien fue uno de los 'purgados' del liberalismo en 2006 por presuntos nexos con el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque.

Otro nombre que suena y suena en las investigaciones de los académicos y de los periodistas es el del senador del Valle Juan Carlos Martínez, quien fue elegido en 2006 por Convergencia Ciudadana. Se da por cierto que aparecerán nombres de políticos antioqueños favorecidos electoralmente por presuntas alianzas con paramilitares y vinculados con la transformación de las organizaciones de seguridad privada Convivir en grupos ilegales. Otros políticos de departamentos como Risaralda, Atlántico, Córdoba y Meta serían investigados, según las informaciones que aportan testigos y jefes paramilitares.

En el Congreso lo que viene esta semana es que los reemplazos de los seis congresistas presos porque les siguen en votación, tomarán posesión de sus curules (ver recuadro) en medio de una nueva reflexión puesta sobre la mesa por la misma Corte, sobre si los mismos votos que llevan unos a la cárcel pueden llevar a otros al Congreso.