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Ahora las FARC critican al procurador por proceso contra Cepeda

El grupo guerrillero acusa a Alejandro Ordóñez de persecución política por formular cargos contra el senador por presuntamente comprar testigos para un debate de control político.

21 de octubre de 2015

La delegación de paz de las FARC acusó este martes al procurador general, Alejandro Ordóñez, de persecución política por formular cargos contra el senador de izquierdas Iván Cepeda por presuntamente comprar testigos para un debate de control político en el Senado.

"Salta a la vista que pretender silenciar a uno de los principales voceros de la oposición, por el solo hecho de estar ejerciendo sus funciones públicas, es un claro acto de persecución política que causa grave daño a la democracia", afirman los negociadores de las FARC en un comunicado divulgado en La Habana.

Cepeda, senador por el Polo Democrático Alternativo (PDA), fue el promotor del debate en septiembre del 2014 en el que acusó al expresidente y actualmente senador Álvaro Uribe de supuestos vínculos con paramilitares cuando fue gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, y durante su etapa como director de la Aeronáutica Civil, entre 1981 y 1982.

Los portavoces de la guerrilla critican el "abuso de poder encarnado" en el procurador Ordóñez y su "extralimitación en el ejercicio de la función pública, demuestra todo el arsenal de venganza", contra la oposición política y también quienes "no comparten su ideología anclada en el pasado".

Además consideran que "esta situación no es nueva" y citan como ejemplo las sanciones contra la senadora Piedad Córdoba y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y afirman que han sido "perseguidos y castigados sin tener en cuenta mínimas garantías procesales".

"En Colombia no puede operar el principio de la zanahoria para los amigos y el garrote para quienes no doblegan la cerviz ante los poderosos, ni comulgan con su ideología. Esa ha sido la conducta del procurador Ordoñez", subrayan.

Asimismo instan a los sectores democráticos, movimientos sociales, partidos políticos y a la sociedad colombiana a demostrar la "más amplia solidaridad y movilización popular" por la defensa y el respeto a las garantías y al derecho de ejercer la oposición política en Colombia.