La carta del procurador a Mindefensa por presencia de las FARC en La Guajira

Para el procurador Alejandro Ordóñez es claro que la presencia de Joaquín Gómez, Jesús Santrich e Iván Márquez, junto a cientos de sus hombres armados en La Guajira, obedece a un acto de despeje. El alto funcionario le recordó al Gobierno que desde el 2010 la Ley prohíbe expresamente ordenar la salida de la fuerza pública de cualquier área del territorio nacional.

En una carta dirigida al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, advirtió que, de comprobarse que se impartieron órdenes para permitir la presencia de los guerrilleros en la zona y evitar su encuentro de la fuerza pública, esas actuaciones podría haber consecuencias disciplinarias.

Este jueves las redes sociales se inundaron de fotografías de guerrilleros armados y jefes negociadores de las FARC junto a la población del sector de Conejo, en el municipio de Fonseca (La Guajira). Poco después se logró establecer que se trataba de un mitin político que había concretado la insurgencia, gracias a un permiso especial que les otorgó el Gobierno.

Horas más tarde el propio jefe negociador del Ejecutivo, Humberto de la Calle, admitió que la presencia de los rebeldes en la zona había sido autorizada. Su traslado al lugar, obedecía al desarrollo del plan que se comprometieron a ejecutar los comandantes de la guerrilla para efectuar una labor de pedagogía con sus filas.

Para lograrlo, los jefes insurgentes contaron con el acompañamiento de la Cruz Roja y los países garantes, Cuba y Noruega. De ahí que el desarrollo de este ejercicio supuestamente académico requiriera limitar la presencia de la fuerza pública.

Sin embargo, las FARC aprovecharon su presencia en La Guajira para incluir a la población en esos diálogos pedagógicos. Para los críticos del proceso de paz es indudable que lo que se produjo allí fue un mitin político armado. El Gobierno no fue ajeno a esa opinión.

De ahí la reacción enconada de muchos sectores, entre ellas la del procurador, y la consecuente decisión de la administración Santos de suspender las actividades de sensibilización en torno al proceso de paz que estaban cumpliendo los comandantes guerrilleros.

El jefe del Ministerio Público cree que se trata de una afrenta a la institucionalidad. Además, está convencido que las pruebas sobre la forma como se produjo la presencia de las FARC en Fonseca demuestran que el Gobierno violó la prohibición contenida en la Ley para decretar zonas de despeje.

No de otra manera puede interpretarse semejante concentración guerrillera, sin que las Fuerzas Militares hubieren reaccionado.

Ordóñez también criticó la labor de los facilitadores. Para él, el acompañamiento de la Cruz Roja y de los estados garantes no refleja para nada la condición de imparcialidad que deben mantener dentro de este proceso.

Para el procurador, es inadmisible que mientras el Estado renuncie a su deber de perseguir actores violentos, brindándoles además condiciones de seguridad y otras comodidades, omite el deber de cumplir con la protección a la vida honra y bienes de la población civil.