¿Escándalo de sobornos en la FIFA salpica a Federación Colombiana?

En el marco del escándalo de corrupción generalizada que enloda a la FIFA destapado por la justicia estadunidense y que llevó a la captura de 14 altos dirigentes del fútbol mundial, hay un capítulo que toca directamente a la dirigencia suramericana y que podría arrastrar también a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

En el escrito de acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York (EE. UU.), que reseña toda la historia de corrupción en este deporte, hay un apartado que involucra a las cabezas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), de la que hace parte la FCF, que representa su presidente, Luis Bedoya.

En el numeral 249 (página 105 del documento) se hace referencia a una empresa, Datisa, que representa los intereses de tres firmas para obtener los derechos comerciales de al menos cuatro ediciones de la Copa América, negociadas en el 2013 y efectivo a partir de la edición 2015 del torneo, que está a menos de 10 días de comenzar.

“Datisa accedió a pagar 100 millones de dólares en sobornos a oficiales de la Conmebol -todos de los cuales eran también oficiales de la FIFA- en intercambio del contrato 'Copa América 2013': 20 millones de dólares por la firma del contrato y 20 millones de dólares para cada una de las ediciones subsecuentes del torneo”, dice el apartado.

Añade el texto que “cada pago de 20 millones de dólares debía ser dividido dentro de los recipientes del soborno de la siguiente forma: tres millones de dólares para cada uno de los tres oficiales ‘top’ de la Conmebol (el presidente de la Confederación y los presidentes de las federaciones de Brasil y Argentina), 1,5 millones de dólares para cada uno de los otros siete presidentes de federaciones de la Conmebol y 500.000 dólares para un decimoprimer oficial de la Conmebol”.

Es aquí donde aparece salpicada la FCF, que hace parte de la Conmebol. Pero ¿qué es Datisa y por qué pagó el multimillonario soborno?

Los derechos televisivos y de comercialización resultaron ser el detonante de la corrupción en la dirigencia del fútbol suramericano. La historia es así: La Fiscalía estadounidense reveló que el fallecido Julio Humberto Grondona recibió en el 2013 15 millones de dólares de coima por la comercialización de las Copas América de los años 2015, 2016, 2019 y 2023.

De acuerdo con el escrito de acusación, el dinero fue entregado por Datisa, firma creada para unir los intereses comerciales de las empresas Traffic, Torneos y Competencias y Full Play en el 2013. Dicha sociedad era dirigida por los empresarios argentinos Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis.

Las tres empresas tenían el triángulo del negocio del fútbol: publicidad, televisación y organización. Todo en una misma organización garantizaba la comercialización de las próximas ediciones de la Copa América.

El problema resultó ser que su elección estuvo precedida por un supuesto soborno que benefició a los presidentes de las 10 confederaciones que conforman la Conmebol, entre ellas la colombiana, presidida por Luis Bedoya para el momento de los hechos.

El texto original de la acusación habla de “1,5 millones de dólares para cada uno de los otros siete presidentes de federaciones de la Conmebol”, lo que incluiría al dirigente colombiano y que, multiplicado por las cuatro ediciones que se negociaron, daría un total de seis millones de dólares para cada uno.

Esa millonaria suma es la que comprometería al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. La pregunta es: ¿El dinero del presunto soborno fue a los bolsillos de los presidentes de las federaciones o a esas instituciones? A juzgar por el documento de la fiscalía estadounidense, los dineros fueron directamente a los dirigentes.

El equipo de investigación de Semana.com buscó comunicarse en repetidas ocasiones con Bedoya para preguntarle por el delicado asunto, pero hasta el momento de publicación de este artículo no respondió a los llamados ni a los mensajes. Se trata de un tema espinoso que merece las respuestas de la Federación, a la que, de todas maneras, le cabe el beneficio de la duda porque no ha sido requerida por las autoridades de EE. UU. que investigan el caso.

No obstante, la Fiscalía colombiana, quizá por todo esto, ofició una carta al Departamento de Justicia de EE. UU., para establecer si habría colombianos involucrados en el escándalo de corrupción.