¿Apagón inminente?

Se pensaba que la palabra apagón había salido para siempre del diccionario de los colombianos. El trauma del racionamiento a comienzos de los años noventa fue tal, que se creía que nunca más sería posible. El presidente de entonces, César Gaviria, pagó un alto precio en popularidad, las empresas incurrieron en costos millonarios y el país entero perdió 20 billones de pesos. Los ciudadanos de a pie tuvieron que cambiar sus hábitos y costumbres, e incluso adelantar su reloj. Nadie quiere revivir esa pesadilla, y hasta ahora ha existido un convencimiento generalizado de que en los últimos 25 años se tomaron las medidas necesarias para diversificar las fuentes de energía y aumentar la infraestructura en volúmenes suficientes para garantizar que el coco del apagón estuviera bien muerto.

Sin embargo, en las últimas semanas han aparecido señales de que la palabreja –o el fantasma– no está totalmente erradicado. El presidente Juan Manuel Santos ha aumentado la frecuencia y el tono para pedir ahorros colectivos de agua y de electricidad. “Tenemos que poner todos nuestro granito de arena, hacer un pequeño sacrificio cada uno de nosotros para sobrellevar este fenómeno”, dijo la semana pasada en el Cesar. Ya hay 285 municipios con racionamiento de agua. Y el ministro de Minas, Tomás Gonzalez, adoptó un paquete de medidas para ajustar el cinturón energético, que incluye alzas en las tarifas para los colombianos.

En vísperas de la temporada de fin de año, cuyo símbolo por excelencia es la luz de la Navidad, las preocupaciones por el inmediato futuro del sector eléctrico han aumentado. Tal vez el coco del apagón sigue durmiendo el sueño de los justos, pero el fantasma de algún tipo de racionamiento ya camina por ahí. Deambula, en primer lugar, por los vericuetos de la política. Mientras el gobierno asegura que hay capacidad de producción eléctrica para sobrevivir al fenómeno climático de El Niño, la oposición dice que las medidas oficiales son pocas y tardías, y cuestionan que los usuarios tengan que meterse la mano al dril para frenar una crisis que se veía venir. Y preguntan, no sin razón, qué pasó con los 7.800 millones de dólares que se giraron a las plantas térmicas por el cargo de confiabilidad precisamente para que pudieran operar cuando el agua de las hidroeléctricas escaseara.

Esos recursos se les giraron en los últimos nueve años y salieron de los bolsillos de todos los usuarios cuando pagaban sus facturas.

Más allá de la polarización, El Niño tiene parte de la respuesta a la pregunta que se hacen los colombianos: ¿hay riesgo de apagón?. Ese fenómeno se presenta cuando se calientan las aguas del océano Pacífico. Y en la actualidad su temperatura se ha incrementado en medio grado. En las dos últimas oportunidades –1997 y 2005– el sistema eléctrico colombiano logró superar las crisis sin racionar la electricidad, mientras otros países latinoamericanos –Ecuador, Venezuela, Brasil– sí tuvieron que imponer ahorros forzados. Los estudios indican que la versión 2015-2016 es la peor en varios años, aunque aún se ignoran sus verdaderos alcances cuando coincida con la etapa de sequía que llega al país en los finales de cada año y en los primeros trimestres del siguiente.

Lo cierto es que si el presidente Santos llegó a hablar de la “maldita Niña” cuando, a comienzos de su gobierno, se produjeron inundaciones que obligaron a decretar la emergencia social, lo mínimo que se puede decir ahora es que el país está a merced del “Niño terrible”.

¿Qué tan grave es la situación? ¿Habrá racionamientos? En enero de este año, cuando se inauguró la Central Hidroeléctrica de Sogamoso, el embalse más grande del país, el presidente Santos dio un parte de tranquilidad sobre el suministro de energía, a pesar que desde ese momento empezaban a aparecer los primeros indicios de que El Niño sería más intenso que sus antecesores. Sin embargo, el tono y el fondo del discurso presidencial han cambiado en las últimas semanas y la confiabilidad del sistema energético, que todo creían blindado, está en entredicho.

¿Qué cambió tan radicalmente en los últimos meses? Lo primero, desde luego, es que ha surgido la certeza de que El Niño está produciendo realidades preocupantes: ha descendido a 63 por ciento el nivel de los embalses que alimentan las hidroeléctricas, las responsables de suministrar más del 70 por ciento de la energía que requiere el país. Y aunque en los últimos días se han registrado lluvias en algunas zonas, el problema es que el líquido no está llegando a los embalses. Es decir, se inundan las calles de las ciudades pero la sequía en las fuentes de agua permanece. Por eso el gobierno insiste en que no se debe bajar la guardia en estos momentos.

En consecuencia, para preservar el agua de los embalses a finales del año y comienzos de 2016 se necesita que entren a operar a plena capacidad las plantas térmicas, que en tiempos normales suministran entre el 25 y 30 por ciento de la energía del país. Estas son una especie de depósito del cual se puede echar mano en momentos de escasez –como el actual– y para lo cual se invierte una parte del pago que los usuarios hacen mes a mes por su servicio de electricidad. Y que se denomina “pago por confiabilidad”.

No obstante, para sorpresa de muchos, varias plantas anunciaron que no estaban en capacidad de suministrar el servicio y que tenían problemas financieros porque sus costos eran mayores a lo que recibían por la entrega de energía. Y ahí fue Troya: se empezó a constituir lo que los expertos ya denominan como una “tormenta perfecta”. El debate gira en torno a dónde fueron a parar los millonarios recursos que recibieron las hidroeléctricas y térmicas –por el cargo de “confiabilidad”– para garantizar el suministro de energía en coyunturas como la actual.

Esa controversia tiene varias aristas. Una, de tipo financiero: ¿falta dinero para enfrentar la sequía que se avecina, después de los pagos que ya se han hecho? ¿Hay un problema de ineficiencia en algunas térmicas? ¿Invirtieron bien esa plata? Ante estos interrogantes, la medida gubernamental de subir las tarifas es inconveniente, injusta y arbitraria contra los consumidores.

Y el gas...

Pero si bien puede haber problemas de ineficiencia en algunas de estas empresas, detrás del problema financiero también está la escasez del suministro de gas, un combustible más barato que algunos líquidos como el diésel que utilizan las plantas para prender y entregar la energía. El gas que hay en el país alcanza para atender a las industrias, a los hogares y a los vehículos, pero comienza a escasear cuando la demanda se incrementa en cerca de un 30 por ciento por cuenta de la presión de las térmicas. La falta de gas resultó sorpresiva y se convirtió en el segundo paso de la “tormenta perfecta”. Ya el contralor general Edgardo Maya –quien desde hace varios meses viene alertando sobre la escasez de este combustible– anunció una investigación especial sobre los recursos que se les han girado a las térmicas para garantizar la prestación del servicio. Es decir, cuando hace unos años se pensaba que Colombia iba a ser un gigante regional en materia energética, incluido el gas, hoy es un frágil pigmeo y tendrá que importar el hidrocarburo el próximo año.

Además de los problemas de las térmicas y de los tropiezos en el suministro del gas, se han sumado otros factores que complican el panorama energético. La tormenta perfecta se consolidó cuando el presidente Nicolás Maduro cerró la frontera con Venezuela, lo que llevó a que la demanda por los combustibles nacionales aumentara en más del 50 por ciento en los departamentos fronterizos. Si bien el país necesita contar con un sistema energético que no dependa del contrabando, el corte abrupto –y en un momento tan complejo– agravó el problema en forma significativa.

Finalmente, las otras nubes que se agregaron a la tormenta llegaron en el diferencial en el precio de lo que vale producir la energía y lo que se les reconoce a los generadores, que está en 302 pesos por kilovatio hora (precio de escasez). El gobierno tuvo que modificar la fórmula y permitió que este precio subiera a 470,66 pesos para las plantas que utilizan combustibles líquidos, precisamente las que tienen mayores afugias financieras.

El asunto energético tiene una naturaleza técnica y con frecuencia el debate entre especialistas es inaccesible para los ciudadanos. Sin embargo, sus efectos pueden tener repercusiones muy concretas, que son de interés para todo el mundo. En particular, si habrá que pagar más por el recibo de la luz y si vendrá un racionamiento de energía. A la primera pregunta hay que decir que sí y que a partir del primero de diciembre los colombianos tendrán que sacar más plata de sus bolsillos. Los incrementos no son exorbitantes, y varían en forma proporcional según los estratos, pero se sentirán en las familias de bajos ingresos.

El segundo interrogante –el de si habrá apagón– por ahora no es ni inminente ni inevitable. El ministro de Minas y Energía, Tomás González, asegura que incluso con un El Niño muy intenso el suministro del servicio está garantizado. Su argumento principal es que la demanda de energía del país es de 190 gigavatios hora, de los cuales las hidroeléctricas proporcionan alrededor de 105 gigavatios. Las térmicas tienen una capacidad de hasta 113 gigavatios hora, que es superior a los 85 gigavatios que se requieren que suministren estas plantas en el escenario del peor Niño, por ahora previsible. Por eso es vital que sigan operando estas plantas porque según el funcionario “la energía más costosa es la que no se tiene”.

Pero una cosa es que el escenario de un apagón como el de los años noventa no sea, por ahora, muy factible, y otra, muy distinta, que no sea indispensable ahorrar. El gobierno, por ejemplo, les propondrá a los alcaldes disminuir las horas en las que estarán funcionando los alumbrados navideños en la temporada de fin de año. Un sacrificio doloroso, no solo porque las fiestas pierden brillo, sino porque los mandatarios locales están de despedida y quisieran hacer un último esfuerzo para dejar percepciones positivas en las retinas de los ciudadanos.

Además, en los servicios de agua y luz se cobrarán duras multas a los derrochadores de luz y agua, y la semana entrante el Ministerio del Medio Ambiente pondrá en marcha una masiva campaña para que los colombianos se concienticen sobre la necesidad de no malgastar estos recursos. En algunos municipios la situación es muy complicada, pues la sequía no ha sido igual de dura en todo el territorio nacional: ha golpeado más al Valle y a la región central, por ejemplo, que a la costa Caribe y a la zona Oriental.

Aun si la realidad es más la de apretar el cinturón que la de padecer un racionamiento, los usuarios están descontentos. La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (Acce) demandará ante el Consejo de Estado los incrementos en las tarifas con el argumento de que la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos señala “que no se permitirán alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales”. La Defensoría del Pueblo también anunció que demandará la medida, y las bancadas de oposición en el Congreso seguirán subiendo el tono de sus cuestionamientos a la política energética.

Lo más probable es que nada de esto echará para atrás las medidas de austeridad que son el único antídoto para prevenir una crisis mayor. Y que, en consecuencia, se aumentarán los ahorros –voluntarios u obligatorios– de agua y electricidad. Pero determinar su cuantía y su duración es imposible hasta tanto no se sepa a ciencia cierta qué pasará con el clima. La verdad es que toda Colombia está en manos de “L’enfant terrible”.

Vea la radiografía energética que hoy tiene al país en máxima tensión.

Los proyectos que se avecinan

En las próximas semanas se agregarán más de 700 megavatios de energía así:

Hidroeléctrica de El Quimbo (Huila): Generará 369 megavatios. Después de varios tropiezos y de protestas de las comunidades este proyecto entrará en operación en diciembre próximo. Será la primera hidroeléctrica construida por el sector privado. Junto con la central de Betania responderá por cerca del 8 por ciento de la energía del país.

Termoeléctrica Tasajero II (Norte de Santander): Esta segunda unidad del complejo Termotasajero responderá con 160 megavatios de energía. Entrará a operar en diciembre de este año.

Hidroeléctrica de Cucuana (Tolima): La Empresa de Energía del Pacífico (Epsa) puso en marcha la primera de las dos unidades de generación de esta central de 60 megavatios.

Hidroeléctrica Carlos Lleras (Antioquia): Es una planta con capacidad instalada de 78 megavatios que entrará a operar en diciembre.

Hidroeléctrica San Miguel (Antioquia): Esta central con capacidad de 42 megavatios estará ubicada entre los municipios de San Luis y San Francisco, a dos horas de Medellín.