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| 11/21/1988 12:00:00 AM

FIN DE UNA ERA

Barco, Turbay y Pastrana se ponen de acuerdo para darle el puntillazo final al 120, pero no será fácil.

FIN DE UNA ERA, Sección Nación, edición 338, Nov 21 1988 FIN DE UNA ERA
"Se acabó el Frente Nacional", fue la forma como la mayoría de los periódicos del país interpretó el resultado de la reunión que, en la Casa de Nariño, sostuvieron el presidente Barco y los ex presidentes Turbay y Pastrana, jefes de los dos partidos tradicionales.
No era una exageración. Aunque el Frente Nacional teóricamente se había acabado en 1974, después de 16 años de vida, su espíritu se había prolongado hasta 1986, cuando Barco resolvió poner en práctica lo que había propuesto durante su campaña: un gobierno de partido.
Sin embargo, el puntillazo final no vino sino hasta la decisión de la semana pasada: eliminar el parágrafo del ordinal 1° del artículo 120 de la Constitución que, a la letra, dice: "Para preservar (...) con carácter permanente el espíritu nacional en la rama ejecutiva (...) el nombramiento (de ministros y altos funcionarios) se hará en forma tal que se dé participación adecuada y equitativa al partido mayoritario distinto al del Presidente de la República".
Esta disposición constitucional fue introducida al artículo 120 durante la reforma constitucional de 1968 y tenía por objeto que, al cumplirse en 1978, 16 años de Frente Nacional más cuatro de paridad, no se corriera el riesgo del retorno a una hegemonía burocrática que, para muchos, había sido el origen de la violencia.
Aunque esta era la filosofía del famoso parágrafo, su aplicación desde que entró en vigencia el 7 de agosto de 1978, si bien ha logrado evitar la consolidación de esa hegemonía burocrática, ha impedido de paso el ejercicio real de la oposición. En la práctica, el 120 no ha hecho más que extender el espíritu de cogobierno que inspiró el Frente Nacional, cambiando la "paridad" por la "participación adecuada y equitativa", cuya aplicación se inició con el gobierno de Julio César Turbay. Cuando se creó el Frente Nacional, existía prácticamente unanimidad en todo el país sobre la necesidad de una terapia de esa naturaleza.
Pero siempre se entendió que se trataba de una medida transitoria, pactada originalmente por 16 años, que dejaría de ser requerida una vez se recupe rara el paciente. La repartición de la piñata burocrática resultó tan cómoda para todos, que se decidió incorporarla como norma permanente a través del controvertido artículo.
La comodidad se acabó volviendo complicidad y los dos partidos tradicionales se acostumbraron a insultarse durante las campañas electorales y a abrazarse inmediatamente después, a la hora de gobernar.
CIRCULO VICIOSO
En medio de esta comedia sobre rotación democrática de los partidos en el gobierno, la realidad era que el Partido Liberal y el Partido Conservador eran conjuntamente responsables de todo lo que se había hecho en el país desde la caída del general Rojas Pinilla. A pesar del maquillaje, lo que se estaba consolidando en Colombia era algo parecido al unipartidismo, que le cerraba los caminos a una verdadera oposición democrática.
Teniendo en cuenta que entre los dos partidos tradicionales no podía haber oposición real, el descontento se fue canalizando hacia vías alternas. Inicialmente, se intentaron dentro del marco democrático. Así surgieron el MRL, la Anapo, la UNO, Firmes, etc., pero el binomio gobernante acaparaba todos los factores de poder y cualquier disidencia se estrellaba contra esa fortaleza inexpugnable.
Además de la totalidad de la burocracia, que invariablemente producía mayorías en el Congreso, los dos partidos contaban con la televisión, la radio y la prensa, así como con los gremios y hasta algunos sindicatos. Estas puertas cerradas, si bien habían eliminado los vestigios de la violencia partidista, fueron creando el ambiente para el florecimiento de una violencia clasista. Ya las balas no eran entre liberales y conservadores, sino entre éstos y la guerrilla. La imposibilidad de una oposición real por las vías democráticas, sólo dejaba como alternativa las vías de hecho.
En medio de esta situación, se creó un círculo vicioso. Mientras más se agravaba la situación de orden público, más se pensaba que el palo no estaba para hacer cucharas. En otras palabras, si de por sí se libraba una guerra contra el narcotráfico y la guerrilla al tiempo, ¿qué sentido tenía agregarle un enfrentamiento entre liberales y conservadores? Más lógico parecía unir todas las " fuerzas democráticas" para constituír un frente común en un momento en que, ni más ni menos, está de por medio la supervivencia del Estado.
El argumento parecía convincente, pero tenía una falla. Tal vez la razón por la cual la situación se había vuelto tan grave era, precisamente, porque los mecanismos del Frente Nacional habían hecho imposible la oposición democrática efectiva. Aquí la palabra clave es "efectiva", pues los intentos de oposición tenían todos los derechos de que goza la oposición en las democracias avanzadas, menos uno: el de la posibilidad de llegar al poder, pues era imposible en la práctica derrotar al Partido Liberal y al Partido Conservador unidos. Y oposición que no tenga oportunidad de ganar, no puede ser considerada oposición efectiva.
Se podría alegar que el parágrafo del ordinal 1° del 120 no es obligatorio y que, por lo tanto, no habia porque desmontarlo, pues simplemente se trataba de un instrumento de carácter opcional, que podía servir para situaciones de emergencia. Sin embargo, este argumento también es simplista, porque desde el momento en que existe "el parrafito" como está hoy, la norma se vuelve aplicarlo y la excepción no hacerlo. Esto fue exactamente lo que sucedió en la administración Barco, a la cual hay que reconocerle que, en circunstancias muy difíciles, se mantuvo firme en su convicción de que era necesario restablecer las condiciones para una oposición democrática real. La costumbre de los gobiernos de coalición estaba demasiado arraigada después de 28 años de existencia y se requería de un pulso muy firme para sostener la caña, sobre todo en una situación de guerra no declarada como la que se está viviendo. Este esfuerzo fue fructífero, pues lo que comenzó como un régimen de excepción, el gobierno de partido, pasará a ser la norma si se aprueba la reforma constitucional. Barco la aclimató y Pastrana y Turbay la están tratando de institucionalizar.
LOS PUESTOS: EL MEOLLO
La contraprestación del desmonte del 120 es un acuerdo sobre un estatuto de oposición que garantice los derechos de los perdedores y de las minorías, cosa que en la historia de Colombia no se ha podido lograr hasta ahora. Este estatuto incorporaría elementos como cargos de fiscalización para la oposición, acceso a los medios de comunicación del Estado, derecho de réplica y carrera administrativa, entre otros, todo lo cual forma parte del proyecto de reforma constitucional, cuyo ponente, el senador liberal Hernando Durán Dussán, presentó la semana pasada al Congreso.
Sin embargo, el éxito del desmonte del 120 no dependerá tanto de la aplicación de principios universales, como de la solución de un problema muy concreto: cómo se van a repartir los puestos. La razón por la cual hubo guerra entre liberales y conservadores en los años 40 y 50 no fue propiamente por diferencias ideológicas, sino por hegemonias burocráticas. Y el Frente Nacional, así como el 120, tenía como principal objetivo solucionar este problema.
El reto que se viene ahora es el de establecer un mecanismo para manejar el reparto de la piñata burocrática. El único es el de la carrera administrativa y todo el mundo está de acuerdo sobre este punto. Es decir, que los funcionarios públicos sean nombrados por concurso y no por recomendaciones. Esto suena fácil, pero en un país donde la estructura de poder está estrechamente ligada al poder burocrático, es casi imposible. Requiere inmensas dosis de voluntad política que no se han visto en el pasado, pues no es fácil decirles a Guerra, Name, Santofimio, a Gerlein o a Lloreda, que los cargos estatales se adjudicarán en adelante con base en exámenes tipo Icfes y no palancas y cartas de recomendación. Es por esto que la carrera admininistrativa no ha podido ser puesta en práctica nunca, aunque existe como norma desde 1938 y fue reiterada como prioridad nacional en 1968. Lo que aquí se llama carrera administrativa no corresponde al espíritu del mecanismo. En los países civilizados, ésta se utiliza para que sea difícil entrar a la administración y los que lleguen sean los mejores. En Colombia, por el contrario, se ha utilizado para que sea difícil salir, pero no entrar. En otras palabras, para institucionalizar la mediocridad. Por esta razón sería conveniente discutir la carrera administrativa en términos concretos, porque estar a favor de la carrera administrativa es como estar a favor de la justicia social. Suena muy noble, pero no significa nada, hasta que no se explique cómo se hace.
En el país, en el momento, a lo máximo que se puede aspirar, es a que se congele la situación burocrática actual y a que el concurso de méritos sea aplicado para los nuevos nombramientos. En todo caso, lo que hay que tener muy claro es que el desmonte del 120 puede fracasar si los jefes políticos no dejan de hablar retóricamente de la carrera y empiezan a pensar en serio en cómo la van a poner en práctica.

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