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Las declaraciones de Barbosa sobre el aborto pueden tener un efecto contrario en la Corte Constitucional. | Foto: Corte Suprema de Justicia

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El No del nuevo fiscal al aborto libre

A tan solo unos días de haber sido elegido, Francisco Barbosa ya tomó partido por la tesis de solo mantener los tres casos despenalizados. Su posición será clave en la decisión que está ad portas de tomar la Corte Constitucional.

2 de febrero de 2020

La elección de Francisco Barbosa como nuevo fiscal general de la nación ha abierto una serie de preguntas sobre cuál será su posición en los casos judiciales más importantes del país. La solución del enredo por la corrupción de Odebrecht, la decisión sobre la libertad durante el juicio del abogado Diego Cadena, los intríngulis del caso Mattos, la posición que tendrá la entidad ante la JEP, son algunos de los interrogantes que se hacen en este momento analistas e implicados en esos entuertos.

Sin embargo, hay otro tipo de temas, vitales para miles de colombianos en el día a día, sobre los que un fiscal tiene una enorme incidencia. Barbosa se pronunció de inmediato sobre uno de los más sensibles: el aborto. 

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El nuevo fiscal hizo mención a este complejo debate en una entrevista que le concedió este fin de semana al periódico El Tiempo. “Yo me sujeto a las condiciones que definió la Corte Constitucional. Creo que son válidas y se debe mantener la interrupción voluntaria del embarazo por las tres causales que ya definió la corte”, respondió Barbosa. Esto es, en caso de violación, malformación del feto o  riesgo para la vida o la salud de la mujer. 

La posición de Barbosa no tendría nada de extraordinario sino fuera porque justo en pocas semanas la Corte Constitucional tendrá que definir este tema. Hay varios elementos que hacen que su postura sea fundamental en la controversia jurídica que tiene el país alrededor del asunto, pues es esta entidad la que decide si abre o no investigación contra las mujeres que toman esa decisión por fuera de las causales que la corte estableció y los médicos que realizan estos procedimientos. 

El tema no es de poca monta. En primer lugar, se trata quizás de la discusión más compleja que tendrá que resolver la Corte Constitucional este año. Este alto tribunal ha sido históricamente el que toma las decisiones sobre temas que el Congreso no resuelve porque tienen un costo político para los parlamentarios o porque en el legislativo los temas no logran mayorías. En este grupo están derechos de la comunidad LGBTI y esa pregunta esencial de la humanidad de quién toma las decisiones para que la vida comience o se termine, como es el debate del aborto y la eutanasia. 

¿Aborto legal en los primeros meses?

En este momento, la corte está dividida. El magistrado ponente, Alejandro Linares, ha propuesto que Colombia tome la vía que tienen la mayoría de países del llamado primer mundo: que la decisión de interrumpir el embarazo debe ser libre para las mujeres hasta la semana 16.

Así, con un límite, funciona en Estados Unidos desde 1973, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia hito Roe versus Wade, que hoy quisiera echar para atrás Donald Trump. Esa misma tesis, la mayoría apuntada hacia el primer trimestre, la sostienen hoy casi todas las naciones en Europa. España, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza, entre ellas. En América Latina, solamente Uruguay tiene un sistema semejante. 

Vea el mapa interactivo del aborto en el mundo del Centro Internacional de Derechos Reproductivos

En la corte, es posible que la propuesta de Linares sea aprobada. En contra de la iniciativa, en principio, solo estarían los magistrados Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo Schlesinger. Los otros seis togados podrían terminar apostándole a una decisión menos restrictiva, pues consideran que las barreras de acceso dentro de las causales permitidas siguen ocasionando estragos en la salud de las mujeres gestantes. Para que haya humo blanco en la Corte Constitucional se requieren cinco votos.  

Al lado de la discusión de la Corte, el gobierno Duque trabajó en una iniciativa que envío una señal. El año pasado, el entonces ministro Juan Pablo Uribe había propuesto reglamentar por la vía de una resolución el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo que estableció la corte en el año 2006. El funcionario explicó que su propuesta no pretendía legalizar el aborto, sino generar las claridades necesarias para que las mujeres pudieran acceder a los derechos que ya les había dado la Corte Constitucional.

“La resolución detalla cómo debe ser ese acceso seguro y de calidad a servicios asistenciales en los casos despenalizados por la corte y lo define determinando cuáles deben ser las condiciones mínimas a dar, los tiempos de respuesta por parte de los profesionales de la salud, las responsabilidades y la necesidad de dar información", explicó el ministro Uribe en su momento. 

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Su propuesta generó un enorme rechazo en las comunidades religiosas, católicas y cristianas, que habían respaldado la llegada de Duque a la Casa de Nariño para las cuales la prohibición del aborto es un punto fundamental. “Es imposible legal y lógicamente pretender que una resolución del Ministerio de Salud le dé el carácter de derecho fundamental”, respondió Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión Episcopal de Vida. Los grupos cristianos hicieron lo mismo. Al final, el ministro renunció, Duque no firmó nunca la resolución y el tema quedó en el olvido. 

Las cinco ‘papas calientes‘ del nuevo fiscal general

La semana pasada, el debate estuvo otra vez sobre la mesa por cuenta de una historia puntual que llegó a los medios de comunicación. #SalvemosAJuanSe se convirtió en la principal tendencia en las redes sociales durante unas horas. La movían principalmente los detractores del aborto libre. Detrás estaba la queja de Juan Pablo Medina, un joven de 25 años que no quiere que su pareja, quien tiene ya siete meses de embarazo, tome la decisión de interrumpir la gestación. “Ya es un niño”, le dijo Medina a la periodista Vicky Dávila. 

Las reacciones que generó esta historia, tanto a favor como en contra, demuestran que lo que viene en los próximos meses será una discusión muy fuerte sobre ese tema. La Corte Constitucional, consciente de lo sensible que es el asunto, decidió no hacer una audiencia pública sino pedirle a las principales entidades del país que le envíen un concepto sobre el tema.

Una de estas es la Fiscalía General de la Nación que asumirá en los próximos días Barbosa. Su rechazo a la despenalización total en las primeras semanas, paradójicamente, puede caer mal en la corte, un organismo que ya ha demostrado que no duda en decidir temas que considera clave, aún en contra del gobierno y las mayorías.