La consecuencia del desplante del fiscal Montealegre al Senado

Tal como lo había advertido, el fiscal general, Eduardo Montealegre, dejó metido al Congreso. Este martes debía comparecer, junto con los presidentes de las altas cortes, para justificar el presupuesto que cada una de las entidades reclama para operar el próximo año.

No se trataba de un debate de control político porque se ha descubierto que la Constitución no contempla esta figura para el cargo de fiscal general de la Nación. Simplemente era una audiencia para oír las proyecciones del gasto para próxima vigencia, la cual tiene que ser aprobada por el propio Congreso.

Desde el 2012, Eduardo Montealegre había sido el primero en acudir a esas audiencias sobre el presupuesto general de la entidad a su cargo. En su administración, según lo recordaron algunos parlamentarios con buena memoria, la Fiscalía fue una de las entidades con mayor presupuesto de la rama judicial. Incluso recordaron que se justificó en la reforma de la entidad, que maneja una planta de personal de 25.000 funcionarios.

Como el fiscal Montealegre no fue a pedir recursos para el otro año, varios congresistas de la Comisión primera entienden que no le dará la cara al Congreso a rendir cuentas sobre el presupuesto gastado en lo que va de su administración, en la que, según los senadores del Centro Democrático, ha despilfarrado recursos públicos en por lo menos 11.500 millones de pesos.

Tras el desplante, el senador Ernesto Macías presentó una propuesta en la que pretendía hacerle “control político” al fiscal general por la contratación de la entidad entre el año 2012 y el 2015. Según su colega de bancada Jaime Amín, el Congreso sí tiene la competencia de ejercer control sobre el presupuesto, pero no para controvertir decisiones judiciales del fiscal, argumento con el que Montealegre dejó plantado al Senado. Roberto Gerlein aclaró que un debate de control al fiscal sería inconstitucional, por lo que la citación quedó reducida a invitación.

Pero Macías también pidió crear una subcomisión de congresistas para investigar la contratación de la Fiscalía y hacer averiguaciones, facultad que le da la Constitución al Congreso.

La senadora Viviane Morales, antecesora de Montealegre en la Fiscalía General, no desaprovechó la oportunidad y recurriendo al artículo 137 de la Constitución -que les da facultades a las comisiones de Congreso de “abrir investigaciones y citar a particulares” para ejercer control sobre los asuntos de su competencia-, pidió que sea la Comisión Primera del Senado la que adelante la investigación.

Dicha norma señala que "cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, que se podrán exigir bajo juramento, sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante".

Añade el texto: "Si quienes hayan sido citados se excusaren de asistir y la comisión insistiere en llamarlos, la Corte Constitucional, después de oírlos, resolverá sobre el particular en un plazo de diez días, bajo estricta reserva. La renuencia de los citados a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas será sancionada por la comisión con la pena que señalen las normas vigentes para los casos de desacato a las autoridades".

Tras revisar las normas, la Comisión Primera aprobó la petición de la exfiscal Morales, la apertura de investigación a la contratación de la Fiscalía. Además creó una subcomisión que adelantará las tareas de indagación, de la que hará parte el senador Macías.

Y la primera decisión fue emplazar a los 11 contratistas externos, entre ellos la analista Natalia Springer. El cuestionario que deberán responder será presentado en la próxima sesión de la Comisión Primera.

Lo particular del caso es que Viviane Morales, a quien Montealegre ha atacado en los últimos días, aprovechó la oportunidad para “abrirle una investigación”. Probablemente deba declararse impedida por su confrontación con el fiscal.