JUSTICIA
Fiscal Montealegre: sus primeras (y polémicas) propuestas
Desde la mañana de este martes el fiscal Eduardo Montealegre se refirió al tema del juzgamiento de aforados. Lo hizo por radio. Horas más tarde lo volvió a hacer, pero esta vez ante el Congreso. ¿Qué propone?
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No lleva un mes como fiscal general de la Nación y ya se está haciendo escuchar. Eduardo Montealegre empezó esta semana a hacer anuncios importantes. Y en varios sentidos. El lunes hizo un duro pronunciamiento sobre la condena que le fue impuesta al contratista Julio Gómez por su presunta participación en el 'carrusel de la contratación'. Cuestionó que, teniendo en cuenta la gravedad de su conducta, solo tenga que pagar una pena de ocho años de cárcel y una multa de 68 millones de pesos. Por eso anunció que apelará la decisión. Buscará que se aumenten los años que tendrá estar en la cárcel.
Pocas horas después (en la mañana de este martes) en diálogo con Caracol Radio volvió a tocar el tema de Gómez. Pero además habló de otros puntos de la agenda actual en los que según él, debe haber un ajuste. Dijo que es necesario que la Corte Suprema de Justicia investigue a los aforados (Presidente, magistrados y fiscal), pero tras un juicio de responsabilidad política. En ese sentido fue enfático en señalar que la Corte solo entraría a actuar cuando el Congreso emita una decisión de causa en las investigaciones.
"Si la Comisión señala que no existen motivos entonces no podría pasarse a la siguiente etapa en la Corte Suprema", dijo Montealegre en entrevista con Caracol Radio, en la que además agregó que está de acuerdo con "que siga existiendo la Comisión de Acusaciones", pero que le propondrá al Congreso que suprima sus funciones judiciales (...) al tenerlas lo único que se ha hecho es confundir la responsabilidad política con la penal de los altos dignatarios".
Montealegre dice que es esa la "fórmula más equilibrada" para que los altos funcionarios cuenten con una garantía institucional. "La propuesta es que para poder iniciar una investigación penal contra un alto dignatario se requiera (previamente) de un juicio de responsabilidad política ante el Congreso", reiteró. Y aclaró que la idea está encaminada a que "solo ante el hecho de que se establezca la indignidad política se inicie el juicio de responsabilidad penal".
Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, los fallidos juicios políticos que se intentaron adelantar contra el expresidente Ernesto Samper "desfiguraron ese tipo de juicios (políticos)", por lo que, aunque resulte "lógica" la propuesta de Montealegre, estaría equivocada porque se "rompería el principio de igualdad para los demás funcionarios".
Pero Montealegre insiste en lo contrario y asegura que el sentido de su propuesta es justamente que se mantenga el fuero, pero exclusivamente para efectos de una responsabilidad política.
En opinión del exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, hay una clara distinción en la Constitución entre el aspecto político y el penal, por lo que el penal no podría depender del resultado que arroje el juicio político. "Si el funcionario fue absuelto políticamente eso no lo exonera de la responsabilidad penal (...) una cosa es lo penal y otra cosa es lo político. Por algo son materia totalmente distintas. De lo contrario daría lugar a la impunidad".
Fiscalía quiere investigar a los Congresistas
Este martes Montealegre también se refirió al tema de la investigación a congresistas. Lo hizo en el Congreso, a donde llevó una nueva fórmula para la investigación de estos funcionarios aforados. Una propuesta distinta a la que contemplaba el gobierno, pero que supondrá una nueva polémica en el debate de la reforma a la justicia.
Montealegre, en la Comisión Primera del Senado, propuso que la investigación a los congresistas sea competencia de la Fiscalía general de la Nación. Actualmente los parlamentarios son investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal general también habló de un cambio en la dinámica de las investigaciones a estos aforados. Al proponer que las órdenes de captura contra estos congresistas solo puedan ser expedidas cuando sean acusados y llamados a juicio.
Actualmente, y sobre todo en el proceso de la parapolítica (el mayor escándalo que ha afrontado el Congreso en toda su historia), la Corte Suprema de Justicia ordena la captura con fines de indagatoria, es decir cuando se abra la investigación.
Montealegre argumenta su propuesta al señalar que el sistema judicial colombiano contempla las detenciones como una excepción.
La propuesta, aunque puede sonar "beneficiosa2 para los congresistas, ya empezó a generar controversia.
Por ejemplo, el senador Parmenio Cuellar (Polo) considera que la investigación de los congresistas no debe dejar de ser competencia de la Corte Suprema de Justicia, y dijo que los magistrados han advertido los riesgos de que, por ejemplo, el proceso de la parapolítica fracase si se saca de la jurisdicción de la Corte Suprema.
Es más, se consideró que esta propuesta podría ir en contravía de una sentencia de la propia Corte Suprema de Justicia, que en el año 2009 no permitió que los procesos contra congresistas salieran de su competencia.
Y fue dicha sentencia con la que se logró que procesos contra excongresistas como Mario Uribe, que en ese entonces adelantaba la Fiscalía, regresaran a conocimiento de la Corte Suprema.
También se dijo de la propuesta de Montealegre que sería similar a la estrategia que tuvieron muchos parapolíticos de renunciar a su fuero y eludir la acción de la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal Montealegre respondió estas afirmaciones. Le dijo a Semana.com que en ningún momento está proponiendo que el juicio contra los congresistas salga de la órbita del "juez natural" que es la Corte.
Y tampoco admitió que esto pueda servir como estrategia para que los procesos de la parapolítica dejaran de ser competencia de la Corte Suprema, pues asegura que si el Congreso aprueba esta propuesta, solo se podrá aplicar para los procesos con posterioridad a la aprobación de esta reforma.