FISCAL PA'RATO

EL MARTES EN LA MAÑAna, pocas horas antes de que la sala plena del Consejo de Estado se reuniera para decidir la permanencia más allá del mes de marzo del fiscal general Alfonso Valdivieso, las apuestas estaban en su contra. Los rumores sobre la consolidación de una mayoría de consejeros alrededor de la tesis de que el Consejo debía inhibirse en este caso y dejar como estaba la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que Valdivieso tenía que dejar su cargo antes de cuatro meses, eran cada vez más insistentes.
Los días precedentes se habían caracterizado por una alta tensión informativa en torno del asunto, alimentada en buena parte por la forma como durante meses distintas salas del Consejo de Estado se habían pasado la pelota unas a otras, ya que en ese alto tribunal nadie parecía dispuesto a decidir sobre este caso. Prueba de esa alta tensión es que horas antes de la decisión el diario El Tiempo publicó una noticia en primera página para reseñar que el gobierno de Estados Unidos había notificado al colombiano que, en caso de que el Consejo de Estado resolviera que el Fiscal debía irse, podía darse por descontado desde ya que Colombia no obtendría ni certificación plena ni condicional de Washington en cuanto a la lucha antidrogas, algo que colocaría al país en una situación económica y política insostenible en el ámbito internacional, expuesta a todo tipo de sanciones comerciales y a la suspensión de toda ayuda por parte de Estados Unidos.
Pero era difícil que estos argumentos extrajurídicos pesaran sobre los consejeros de Estado, entre otras cosas porque la mayoría de ellos ya había decidido su voto. Hacia el mediodía, entre los periodistas que cubren el alto tribunal, tomaron fuerza dos informaciones: la primera, que la consejera que había tenido a su cargo el caso, Clara Forero de Castro, presentaría una ponencia favorable a anular la decisión de la Corte de limitar el período de Valdivieso; la segunda, que a pesar de esa ponencia una mayoría de 12 consejeros estaba ya lista a votar en su contra y en favor de que el Consejo se declarada inhibido y dejara la decisión de la Corte en firme.
El primer dato resultó cierto. Clara Forero presentó una ponencia pidiendo que se declarara nula la decisión de la Corte, basada en una argumentación sencilla pero contundente: la Constitución de 1991 establece en su artículo 249 que "El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia...". Según la consejera, esa norma estaba por encima de cualquier otra y no podía por ello la Corte Suprema decidir algo en contrario, como lo había hecho al elegir a Valdivieso en julio de 1994 y definir que, en vez de designarlo por cuatro años, lo hacía para que terminara, en marzo de 1996, el período para el cual había sido elegido su antecesor Gustavo de Greiff.
El segundo dato era casi exacto. En efecto, un gran bloque de consejeros ya estaba casado con la intención de dejar en firme la decisión de la Corte. Pero no eran 12 -lo cual hubiera constituido una mayoría absoluta sobre los 22 miembros de la sala plena- sino 10, lo que ya era bastante. Del lado de la ponente estaban siete consejeros que, unidos a ella, sumaban ocho votos en favor de su ponencia. Había cuatro consejeros más sobre cuya posición poco o nada se sabía, tres de ellos llegados recientemente al Consejo, y un conjuez nombrado en reemplazo de Libardo Rodríguez, quien se había declarado impedido por su estrecha amistad con Valdivieso.
En conclusión, la ponencia tenía que convencer a esos cuatro consejeros. Y lo logró. En opinión de uno de esos magistrados, "la exposición de la doctora Forero de Castro fue francamente brillante, sin vericuetos ni adornos, pero absolutamente concluyente: la norma constitucional que ella citó está por encima de cualquier otra consideración y el Fiscal sólo podía haber sido elegido hasta 1998". Fue así como, pasadas las 6 de la tarde, el presidente del Consejo Diego Younes -quien también apoyó la ponencia- comunicó a los periodistas que por 12 votos contra 10 el alto tribunal había decidido que el Fiscal seguiría hasta 1998.

EL PULSO
"Jefe, nos quedamos" le dijo a los pocos minutos de conocerse la noticia la jefe de prensa de la Fiscalía Marcela Durán a Valdivieso. Había terminado un pulso de varias semanas en el cual jugaron en contra del Fiscal muchos intereses, cuya presión se hizo sentir en el Consejo de Estado "de manera bastante fuerte", según palabras de uno de los consejeros.
El primero de los sectores fue un grupo de abogados de narcotraficantes y personas detenidas como consecuencia de las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre narcocorrupción, que empezó a hacer lobby en el alto tribunal desde hace varios meses. Varios memorandos para sustentar la tesis del retiro en marzo fueron entregados privadamente por estos abogados a algunos consejeros entre septiembre y noviembre. "También hubo muchos rumores sobre supuestas ofertas de dinero -dijo a SEMANA un funcionario administrativo del Consejo-, aunque eso, aparte de ser difícil de demostrar, resulta difícil de creer".
Otras fuentes atribuyeron al procurador general Orlando Vásquez el haber ejercido presión sobre algunos consejeros para que votaran en favor del retiro de Valdivieso en marzo. Según esas fuentes, aparte de haber conceptuado -como era su derecho- en favor de esa tesis, el Procurador "estuvo tramitando hojas de vida entregadas a él por algunos consejeros con el fin de que nombrara personas cercanas a ellos en la Procuraduría". Funcionarios de la Procuraduría consultados por SEMANA rechazaron categóricamente esas versiones y negaron que el agudo enfrentamiento que han protagonizado Procuraduría y Fiscalía desde cuando Vásquez fue mencionado dentro del proceso 8.000, haya podido llevar al procurador a actuar de ese modo.
En cuanto a la actitud del gobierno frente al proceso, las versiones son encontradas. El Ministerio de Justicia envió hace varios meses un memorial en favor de la permanencia del Fiscal, pero a medida que las relaciones entre Valdivieso y el Ejecutivo se fueron deteriorando por cuenta del 8.000, los informes en el sentido de que el gobierno ya no veía con buenos ojos que el Fiscal se quedara aumentaron, a tal punto que el propio vicepresidente Humberto de la Calle envió a principios de noviembre una carta al ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez, solicitándole que el gobierno presentara nuevos argumentos ante el Consejo en favor de la permanencia de Valdivieso. Dos semanas antes de la decisión algunos consejeros trataron de indagar en fuentes de la Fiscalía si era cierto, como al parecer les había hecho saber un ministro del gabinete, que Valdivieso era quien quería irse en marzo. A partir de entonces el Fiscal comenzó a repetir en todas las entrevistas que concedía que le encantaría quedarse.
Lo que queda claro en medio de estas historias es que quizás el gobierno nunca deseó muy sinceramente que el Fiscal continuara. Pero así como esto puede ser cierto, también lo es que poco o nada hizo para interferir la decisión del Consejo de Estado. Tanto es así que la semana pasada, al conocerse la determinación, algunos parlamentarios que públicamente habían abogado por el retiro en marzo de Valdivieso, cuestionaron en privado al gobierno porque supuestamente no había hecho el suficiente lobby en el Consejo para impulsar una decisión en contra del Fiscal.

LO QUE VIENE
Pero más allá de los anteriores análisis, lo que es evidente es que la permanencia del Fiscal hasta 1998 debe llevar a muchos de los involucrados en los procesos que maneja la Fiscalía a replantear sus estrategias. Para empezar, están las personas vinculadas al proceso 8.000, que habían centrado sus esperanzas en un cambio de Fiscal en marzo que les garantizara una nueva concepción jurídica en cuanto a este proceso y un ablandamiento general del ente acusador. "Sabemos que más de uno, al conocerla decisión del Consejo de Estado, está consultando con sus abogados las posibilidades de colaborar con la justicia y negociar", dijo a SEMANA el viernes un penalista vinculado al proceso.
En cuanto al gobierno, todo indica que la ambiguedad frente al Fiscal continuará. El martes en la noche, apenas se conoció el fallo del Consejo de Estado, el ministro de Gobierno Horacio Serpa, al igual que su colega de Justicia, declararon públicamente su satisfacción con la decisión.
Pero al día siguiente esta actitud positiva quedó borrada de un tajo con las declaraciones del abogado del presidente Ernesto Samper, Antonio José Cancino, según las cuales el pronunciamiento del Consejo había sido una "decisión desastrosa".
Pero ningún punto es más delicado que el cambio de actitud que pueden experimentar los carteles de la droga frente a la evidencia de que el Fiscal se va a quedar hasta 1998. Para algunos de los cabecillas del narcotráfico -unos en prisión, otros libres- la permanencia de Valdivieso es simple y llanamente la peor noticia que han recibido en muchos meses. "Hasta ahora -explicó a SEMANA una alta fuente de la Policía- los capos habían concentrado sus esfuerzos en presionar decisiones jurídicas en contra del Fiscal. De ahora en adelante hay que pensar que van a pasar a tácticas mucho más de hecho. Por eso no es descartable que tengamos que irnos preparando para una oleada violenta".