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| 11/10/2015 7:27:00 AM

Revisión de indulto al M-19 une al procurador y al fiscal

El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, envió una carta a Eduardo Montealegre en la que deja ver su respaldo a la posible investigación a la cúpula del M-19 por la toma del Palacio.

Fiscal y Procurador unidos por revisión de indulto al M-19 El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez y el fiscal Eduardo Montealegre. Foto: Archivo SEMANA
Dos de las personalidades que han protagonizado las más enconadas discusiones por el proceso de paz parecen haber encontrado por fin un punto coincidente. El anuncio del fiscal, Eduardo Montealegre, sobre la posible revisión al indulto que cobijó a los integrantes del M-19 por la toma del Palacio de Justicia recibió el inmediato respaldo del procurador Alejandro Ordóñez.

Así se lo hizo saber el jefe del Ministerio Público a su homólogo de la Fiscalía General de la Nación, en una carta que le envió este martes. En ella le indicó que es imperioso establecer la parte sobre la verdad que los exmilitantes de esa guerrilla le deben al país, entre muchas otras deudas sin honrar que surgieron de la comisión de estos hechos.

Para Ordóñez, es inaceptable que quienes hicieron parte de esa organización no hayan tenido el deber de reparar a sus víctimas. Menos, cuando ha sido ese deber de resarcimiento lo que ha hecho viable la reinserción a la vida civil de los integrantes de otros grupos del crimen organizado.

Según él, urge que le expliquen al país los detalles de cómo se planeó la toma. Que indiquen claramente si se aliaron con otra organización y la manera como financiaron la planeación; si había otros propósitos adicionales detrás de la acción, distintos a los que ellos mismos han reconocido públicamente.

A su juicio, no es suficiente con que los máximos dirigentes del M-19 hayan aceptado públicamente los hechos. A la luz del derecho internacional, dice Ordóñez, es viable y además necesario establecer la responsabilidad de las cabezas de los grupos armados en la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad.

En criterio del procurador, esa es la naturaleza de los delitos que cometió el grupo guerrillero durante la toma del 6 y el 7 de noviembre de 1985. Por eso, insiste, no importa que hayan pasado ya 30 años a partir de la ocurrencia de los hechos.

"El derecho internacional consagra el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos cometidos por subordinados, por no tomar las medidas necesarias para prevenir que los hombres bajo su mando no realicen tales crímenes, entre otros supuestos. Este caso es mucho más grave, si se tiene en cuenta que es una acción terrorista ordenada por la cúpula, que lo aceptó públicamente", dijo.

Insistió en que se trata de conductas que no pueden ser objeto de aministías. Agregó que durante esa acción los guerrilleros actuaron con ferocidad y barbarie, y de ahí la necesidad de impartir justicia. 

Además, señaló que es la justicia internacional la que demuestra los graves incumplimientos en los que ha venido incurriendo el Estado colombiano, al dejar de investigar a los rebeldes que integraron esa organización y han demostrado haber tenido conocimiento previo sobre los hechos.

Dijo que así ese perdón judicial haya sido incorporado al ordenamiento jurídico a través de la Ley, no se puede considerar una barrera para investigar. Así, la amnistía tramitada por el legislador durante el gobierno de Virgilio Barco en 1989 no debería impedirle actuar a la Fiscalía ni a los jueces. Para convencer a su interlocutor, citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"(...) Son constantes los pronunciamientos de la Corte en el sentido de que 'son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y la sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura; las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos'", dice la misiva.

Mientras muchos sectores ven en el anuncio del fiscal una piedra en el zapato para el proceso de paz, el procurador Ordóñez lo ve como una medida apenas justa para no desatender obligaciones internacionales. Lo paradójico de ese respaldo es comprobar cómo posiciones que se veían irreconciliables parecen encontrar por fin la senda del consenso.

EDICIÓN 1888

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