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El general en retiro Mauricio Santoyo regresó al país en abril de 2019, luego de cumplir sentencia en Estados Unidos. | Foto: Felipe Caicedo / El Tiempo

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Fiscalía dicta medida de aseguramiento contra el general (r) Mauricio Santoyo

El oficial en retiro es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

28 de abril de 2020

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del general en retiro Mauricio Santoyo Velasco, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En el curso de las investigaciones se constató que el exoficial constituyó un patrimonio de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009.

Testimonios obtenidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, los cuales fueron verificados, permitieron conocer que la organización narcotraficante conocida como La Oficina y cabecillas del entonces AUC, supuestamente, le pagaron a Santoyo Velasco para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública.

Por estos favores ilícitos, el general en retiro habría recibido en su momento más de 1.700 millones de pesos. Es importante resaltar que los bienes del exoficial y núcleo familiar, y sus empresas, fueron objeto de medidas cautelares por parte de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

El general en retiro Mauricio Santoyo regresó al país en abril de 2019, luego de cumplir sentencia en Estados Unidos.

En ese momento a Santoyo lo recibió una orden de captura expedida por un fiscal especializado de la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos. La providencia corresponde a un expediente en el que le endilgan cargos de concierto para delinquir y desaparición forzada. Se trata del caso de Claudia Monsalve y Ángel Quintero, dos miembros de la organización Asfades, desaparecidos en Medellín el 6 de octubre de 2000.