Fiscalía imputaría cargos por matoneo a Sergio Urrego

Dentro de pocos días la Fiscalía tomará una decisión de fondo frente a las posibles fallas en el colegio Gimnasio Castillo Campestre derivadas de un posible caso de matoneo contra un estudiante que había declarado su homosexualidad. Fue tal la presión ejercida por algunos docentes y por la rectora del plantel, que el joven habría decidido quitarse la vida el pasado 4 de agosto.

Según conoció Semana.com, la Fiscalía estaría pensando en imputar cargos a la rectora, a la psicóloga y al profesor de Educación Física por considerar que tuvieron que ver en el matoneo al estudiante de 16 años. De tomar esa decisión, los cargos que recaerían contra ellos se enmarcarían dentro de una posible discriminación agravada, constreñimiento ilegal e inducción o ayuda al suicidio.

Dos de ellos, Ivonne Andrea Cheque y Mauricio Esteban Ospina (psicóloga y profesor), se presentaron al búnker de la Fiscalía el pasado 22 de septiembre para rendir interrogatorio. Por su parte, la rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, otra de las presuntas implicadas, de manera audaz logró dilatar su comparecencia.

Este portal conoció en exclusiva el interrogatorio de la psicóloga que deja en evidencia una serie de extrañas acciones en el caso del estudiante. De ese interrogatorio se desprenden detalles aún desconocidos de esta terrible tragedia.

La historia data desde el 13 de mayo, cuando el profesor de Educación Física, quien además es jefe de esa área y director del curso 11 A del colegio, relató que llegó al salón de Sergio (11 B) por un bullicio que se oía desde su salón. Al ingresar, observó que una de las estudiantes escondía rápidamente su celular y por este motivo el docente decidió retenerlo. Cuando concluyó la jornada la estudiante se acercó a pedirle el dispositivo y el docente le dijo que debía mostrarle el contenido del teléfono.

Entonces, la estudiante le mostró una fotografía de Sergio Urrego con otro estudiante dándose un beso. Desde ese momento la situación de Sergio Urrego en el colegio se convirtió en una pesadilla. El docente pidió a la estudiante que borrara la imagen y al día siguiente, remitió el caso a la directora del curso, Diana Castelblanco. Ella le hizo un llamado de atención verbal a Sergio y le llevó el caso a la psicología.

Según el manual de convivencia, el beso entre Sergio y su compañero sentimental era una falta tipo 2: “Manifestaciones afectivas dentro de la institución”, es decir, grave. El fiscal del caso le cuestionó al docente, en varias oportunidades, por qué le había retenido el celular a la estudiante, en una conducta abiertamente prohibida.

Después del episodio, según el expediente, Sergio y su pareja fueron llamados por la psicóloga a su oficina. Ella aseguró que les dijo que respetaba su condición pero que “debían hacer uso adecuado de manifestaciones afectivas”. Después, dijo la psicóloga, no volvió a hablar con los jóvenes pero aseguró que la siguiente reunión fue citada por la rectoría, no obstante con un tanto confuso: para decirles a los padres de Sergio que el joven estaba acosando a un compañero.

Los padres de Sergio solicitaron las evidencias de semejante señalamiento. Entonces la rectora hábilmente les dijo que se las entregaría en su momento. Pero además, que tenían hasta el 14 de julio para presentar los soportes de un psicólogo externo que llevaría el caso del joven hasta diciembre de este año.

Sergio dijo abiertamente que se sentía discriminado por permanecer la mayoría del tiempo en la oficina de psicorientación y que no tenía el mismo trato que allí se se daba a parejas heterosexuales.

¿Con qué criterio le exigieron un psicólogo externo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no podía volver a la institución sin los soportes? ¿No es eso una negación al derecho a la educación? Preguntó el fiscal del caso.

La psicóloga se contradijo en sus respuestas. En primer lugar, porque en el inicio de su relato dijo que el motivo por el que se le recomendó  a Sergio un especialista externo que llevara su caso, fue que el estudiante manifestaba inconformidad con el colegio y con la oficina de psicorientación. Pero después dijo que fue para prevenir síntomas de ansiedad y depresión por la situación que estaba viviendo.

A pesar de las exigencias de la rectoría del colegio, la madre de Sergio no envió los soportes del psicólogo externo el día acordado. Horas más tarde, el papá los llevó, pero las directivas les dijeron que a los documentos les faltaban los compromisos futuros y que el estudiante no podría regresar al colegio sin ellos.

En su relato, la psicóloga aseguró que hasta el 31 de julio volvió a hablar con Sergio porque se dio cuenta de que no continuaría en el plantel. Según ella, el joven había presentado una carta de retiro voluntario. En esa conversación él le dijo que se sentía indignado por el acoso del que era objeto.

En pleno interrogatorio la psicóloga se mostró desesperada por el rumbo que tomó la historia y porque su nombre estaba expuesto ante los medios de comunicación.

La investigación sigue en curso y los fiscales creen que van por la línea correcta. Hasta ahora hay muchos cabos sueltos y demasiadas contradicciones sobre el manejo que el colegio le dio a este episodio que terminó en la muerte del joven.

Ahora el turno es para la rectora, Amanda Azucena Castillo, quien se sentará en el banquillo en los próximos días. Su testimonio se enfrentará a las demás evidencias que tiene el ente acusador y de allí saldrá una decisión. La más clara que se tiene hasta ahora es que la Fiscalía llevará a los implicados ante un juez. Sin embargo, la decisión está por verse.