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| 5/25/2016 6:38:00 PM

Los investigados por el lío de los carros del Congreso

La Fiscalía encontró que 99 vehículos que estaban a nombre del Parlamento rodaban por el país sin el debido traspaso de documentación a sus nuevos propietarios.

Fiscalía investiga carros subastados del Congreso Las investigaciones se realizan por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato y concierto para delinquir. Foto: Archivo particular

La incautación de 614 millones de pesos en un vehículo adscrito al Senado de la República el 5 de abril pasado abrió las puertas a una gran investigación que podría terminar con más de un empresario o servidor público enredado con la justicia.

Luego de ese hallazgo, que ocupó los grandes titulares de prensa, salió a flote un fenómeno que no había sido detectado: la subasta de vehículos del Congreso que terminaban en manos de compradores, pero cuyos papeles seguían a nombre del Parlamento. Y más tarde fue revelado otro caso. El de John Jairo López Montero, un presunto miembro de una banda criminal en Meta que fue capturado en un vehículo a nombre del Senado (Lea: Detienen vehículo del Congreso que cargaba más de $613 millones).

Tras esas capturas, la Fiscalía encontró, en una rápida indagación, que 99 vehículos que estaban a nombre del Congreso rodaban por el país sin el debido traspaso de documentación a sus nuevos propietarios. Por esa razón, y porque en este caso se habrían configurado presuntos delitos derivados del contrato para el remate de esos vehículos, el ente acusador llamó a interrogatorio a varias personas para que expliquen estos temas (Vea también: Funcionario del Congreso era quien llevaba millonaria suma en vehículo oficial).

Entre ellos Nazareno Conrado, representante legal de la empresa Nave ltda; Édgar Israel Molina, representante legal de Servicios Integrales Automotriz ltda, y Ludy Batista Arrieta, jefe de suministros del Senado de la República.

“Las investigaciones se realizan por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato y concierto para delinquir”, dijo la Fiscalía. Según los datos entregados por esta entidad, “estas personas podrían haber incurrido en omisiones durante las fases preliminares y liquidación del contrato sobre los automotores, así como en el control del inventario de bienes del Senado y sobre la posible utilización que de estos vehículos se estaría dando para actividades delictivas”.

Según los datos entregados, el ente investigador ha oído en entrevista a Astrid Salamanca Rahín, actual directora administrativa del Senado, y Ludy Batista Arrieta, jefe de suministros de esa corporación. En los próximos días, la entidad tomará decisiones de fondo frente a este fenómeno que podría complicar la suerte de muchos de los que han intervenido en estos remates (Lea: Un escándalo que inquieta al Congreso y al Partido de La U).

EDICIÓN 1888

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