Fiscalía no firmará protocolos ordenados para el manejo de las protestas en el país

En una carta dirigida a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, la Fiscalía General de la Nación respondió “no” a la orden impartida por esa togada para que el ente de investigación suscribiera los protocolos que se están definiendo sobre cómo la fuerza pública puede intervenir en las movilizaciones de protesta social.

La Fiscalía aunque concurrirá a la mesa de trabajo ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca junto con las demás autoridades que fueron convocadas, dice expresamente que no participará en la elaboración de los señalados protocolos ni suscribirá el informe completo que debe ser remitido sobre el manejo de las protestas en el país.

La carta está firmada por el fiscal general Francisco Barbosa y la vicevifiscal Martha Mancera. En el texto se argumenta: “La Fiscalía ha cumplido con su obligación constitucional de adelantar la acción penal y efectuar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, ocurridos en el marco de la protesta social".

Y agrega en su punto más importante: “En ese contexto ha adelantado actuaciones dirigidas a esclarecer tanto los sucesos de vandalismo y presunta infiltración de la protesta por grupos armados organizados, como los posibles excesos en contra de la población civil por parte de la fuerza pública”.

El fiscal Barbosa señala que la “misión constitucional” del ente que dirige es investigar los hechos delictivos una vez estos ocurren, y que dentro de sus competencias no está la de “tomar parte en la formulación de protocolos dirigidos a solucionar el antagonismo violento entre las Fuerzas Militares y la población civil”, esto último es el argumento del Tribunal en que se basó la orden a la Fiscalía.

El fiscal general señala que de hacer suscribir el protocolo tal como se lo ordena la decisión judicial quedaría en dificultades de cara a su labor de investigar dado que los procedimientos con que se asuman las marchas podrían ser “susceptibles de valoración dentro de las respectivas investigaciones penales, promovidas por delitos que se cometen, justamente en el marco de la protesta social”.

La orden a la que la Fiscalía le hace relativo quite fue impartida el pasado 24 de septiembre cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida provisional frente a una tutela formulada por una ciudadana contra el presidente de la república, Iván Duque; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa.

La tutela demandó el amparo de los derechos a la vida, la libertad de expresión, la paz y protesta social. La ciudadana alegó que todos esos derechos fueron vulnerados por la fuerza pública al proceder con “fuerza desproporcionada y accionando sus armas de dotación contra los manifestantes de las movilizaciones presentadas en algunas ciudades del país desde el pasado 9 de septiembre de 2020, con ocasión del presunto asesinato del ciudadano Javier Ordóñez", y de otras diez personas más, según se lee en la argumentación de la tutela.

El documento provisional expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su punto primero ordenó que se conformara una mesa de trabajo a la que deberían concurrir el presidente de la república, el ministro de Defensa, la ministra del Interior, el fiscal general, el director de la Policía, la alcaldesa de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, a fin de elaborar un informe sobre las hechos luctuosos ocurridos durante las protestas recientes y el el nuevo protocolo.

La orden del tribunal se produjo apenas horas después de que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resolviera una tutela en la que condenó a la fuerza pública por enfrentar las movilizacones con “violencia sistemática y desproporcionada”, y ordenó la concertación de nuevos protocolos de obligatoria implementanción frente a la protesta social pública.

Lea la carta de la Fiscalía a continuación: