Juez deja en libertad a policías acusados por el crimen del profesor Francisco Ocampo

Hay una cosa que se sabe a ciencia exacta acerca del caso del profesor Francisco Javier Ocampo Cepeda. Y es que salió de su casa el domingo 4 de agosto de 2013 y nunca más volvió. El resto de la historia es parte del enredo jurídico que tiene enfrentados a los policías presuntamente responsables de maquillar la escena del crimen con la fiscalía 124 de derechos humanos de Cali encargada de investigar el caso.

Este sábado 12 de agosto de 2017, a un mes de que se cumplan cuatro años de la muerte de Ocampo Cepeda, el fiscal Aurelio Hernán Arévalo presentó las pruebas de su teoría sobre la ejecución de la que habría sido víctima el primo del senador del Polo Democrático Iván Cepeda.

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En los juzgados de Paloquemao, frente a un coro de uniformados sentados en el banquillo de acusados y a la juez 37 de garantías, el fiscal solicitó medida de aseguramiento para evitar que se fuguen u obstruyan la investigación. Pero la medida fue negada por la juez, quien no consideró que existiera evidencia suficiente de que representaran un riesgo para la sociedad o la investigación como para privarlos de su libertad. 

_{Al término de la audiencia celebrada este sábado, los policías investigados se abrazan luego de haber recuperado su libertad. Foto: Carlos Julio Martínez/SEMANA} 

La muerte del profesor hizo revivir algunos de los demonios que parecían haber dejado de aquejar a Colombia desde hace tiempo: los falsos positivos.

La versión de los policías

De acuerdo con la versión de los patrulleros adscritos a la estación Mariana Ramos que protagonizaron el incidente, el domingo 4 de agosto de 2013, a eso de las 3:40 de la madrugada, vecinos del barrio Brisas Limonar llamaron a la policía para quejarse del ruido que varios ciudadanos estaban haciendo en plena vía pública.

Luego de asisitir a ese procedimiento, los patrulleros continuaron su trayecto hasta llegar al puente de la avenida Simón Bolívar, cerca de la calle 50 con carrera 49B en donde se encontraron con un individuo de tez blanca con supuesta actitud sospechosa que cargaba un maletín negro, un pantalón del mismo color, así como unas botas oscuras y gafas, que caminaba por el caño que bordea al río Pance.

En la primera versión que rindió Javier Madrid Valenzuela -el agente que se encuentra en el corazón del embrollo- dijo que se trataba de un individuo solitario mientras que en otro interrogatorio afirmó que el hombre iba con dos personas afros a quienes marcaron el alto.

Los policías presentes aseguran que allí fue cuando el hombre blanco sacó una pistola Tauros negra de su maletín y se puso a dispararles, saltando a un matorral para esconderse de la fuerza pública. En la balacera habría fallecido el agente Oliverio Blanco Barrera y quedó lesionado su compañero Alexander Morales Reina.

En cuanto cesaron los disparos, los agentes presentes dicen que se acercaron con precaución al bosquejo en el que se ocultó su agresor, a quien descubrieron ensangrentado, acostado en posición fetal en un hueco, aferrado supuestamente a su arma. Tan aferrado que Valenzuela, en el calor de la acción, tuvo que retirársela de las manos sin tomar la precaución de coger la pistola con guantes. Como tampoco lo hizo el capitán Bruno Yesid Reyes Bohórquez a quien transfirió la prueba de los hechos.

_{Momento de la audiencia celebrada este sábado 12 de agosto, en la que los pilicías recuperaron su libertad. Seguirán vinculados a la investigación. Foto: Carlos Julio Martínez/SEMANA}

A su lado -continúa así la versión de los policías- hallaron el maletín en el que había un pasamontañas, tarjetas de identificación del profesor Ocampo Cepeda y un panfleto del grupo del crimen organizado Los Urabeños escrito en una cartulina que decía “Señor Hurtado, muy pronto jajaja”, encima de un dibujo de una calavera y la firma de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Entonces fue cuando supuestamente llamaron al coronel William Sánchez Roa, entonces comandante del distrito 4 de la Policía de Cali para avisarle de que tenían a un policía y un civil herido y que este dio la orden de trasladarlos a la clínica Amiga de esa misma ciudad.

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La versión de la Fiscalía

Pero de acuerdo con el fiscal 124 especializado en derechos humanos de la capital vallecaucana, los hechos sucedieron de una manera diferente. En su versión, los patrulleros se encontraron con unos supuestos criminales unas cuadras antes de llegar al puente Simón Bolívar y ese fue el lugar en el que cayó muerto el agente de la policía Blanco y fue herido Morales Reina. Como prueba de ello, se remitió al informe realizado ese mismo día por el CTI en el que se evidencia un enfrentamiento tan intenso que incluso las viviendas de las zonas quedaron impactadas con balas de diferentes calibres.

Luego, todavía acalorados por el intercambio de disparos, estos se habrían encontrado con el profesor Ocampo Cepeda y su hijo en el puente Simón Bolívar cerca de las 3:40 a.m., pero allí mismo habrían procedido a golpearlo mientras el niño huía corriendo a casa, de acuerdo con lo que afirmaron unos testigos que asegura haber entrevistado. En la necropsia del cadáver del profesor Ocampo Cepeda también consta una lesión contundente en el lóbulo occipital del cráneo que podría corresponder a una herida de cacha de revólver.

En ese momento habrían desplazado su cuerpo hasta el matorral en el que fue encontrado, antes de propinarle cinco disparos. Como prueba de su tesis, mencinó la existencia de otro informe realizado también por agentes judiciales de la Fiscalía en el que consta que el profesor murió a consecuencia de laceraciones cerebrales y que los disparos a su cuerpo fueron realizados a corta distancia.

Sin contar el hecho de que los círculos de casquillos que quedaron en el lugar de los hechos no correspondieron a los lugares en los que los policías dicen haberse parado durante el incidente, según el informe de balística.

Entonces, siguiendo con su versión, los policías se habrían percatado de que podía tratarse de una persona importante al verificar sus papeles de identidad y habrían tratado de maquillar la escena del crimen. Para tener más tiempo de cometer ese ilícito lo trasladaron ya fallecido a la clínica Amiga, bajo las órdenes de sus superiores jerárquicos, donde lo ingresaron como no identificado, lo cual fue el motivo para que su familia lo encontrara hasta el martes por la mañana, dos días después del incidente.

Para confirmar estos datos, el fiscal aseguró que en las comunicaciones radiales los agentes solicitaron ayuda para trasladar a un muerto a las 4 de la mañana y que en ese momento tenía que tratarse de Ocampo Cepeda por el simple hecho de que el patrullero Blanco falleció más tarde en el hospital.

Por estos hechos, el fiscal solicitó dos tipos de medidas en contra de los agentes del orden a los que agrupó en dos bloques distintos.

El primer grupo está compuesto por el capitán Bruno Yessid Lozano y los uniformados James Madrid Valenzuela, Jesús Clemente Muñoz, Elkin Felipe Muñoz, Alexander Morales Reina y Jonathan Araiza, quienes presuntamente fueron los protagonistas del crimen y del montaje que lo acompañó. El fiscal les imputó los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, con lo cual se les podrían imputar hasta 52 años de prisión.

En el segundo grupo están el coronel William Sánchez Roa, el actual subcomandante de la policía de Bogotá, el teniente coronel Carlos Andrés Mora Cerón, encargado de la policía del Vaupés, el mayor Óscar Alberto Rojas Yopaza, comandante de la estación de policía de Tame, Arauca y los patrulleros Juan Esteban Caro Zapata, Mario Alejandro Velandía Rodríguez, Héctor Alexander Giraldo y Johan Felipe Ortiz. A ellos les imputó los delitos de favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio que podría llevarlos a la cárcel por 40 años.

La penosa historia de los falsos positivos

De probarse en juicio que el crimen del profesor Ocampo correspondió a un falso positivo judicial, el país estaría reviviendo lamentables hechos que parecían superados. El montaje judicial presuntamente producido por los policías trajo a la memoria de muchos el caso de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, quien también fue aparentemente asesinado por elementos de la fuerza pública que trataron de encubrir el hecho en 2011.

Además de los alumnos y compañeros de Ocampo Cepeda de los colegios Lacordaire y Antonio José Camacho, -en los que ejercía como profesor de filosofia y economía- el propio representante de las víctimas revivió los términos de falsos positivos y ejecuciones extra judiciales, esos mismos que fueron tan sonados años atrás.

A partir de un informe de coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEE), el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos advirtió que según sus cifras todavía se habían presentado 65 casos de ejecuciones extrajudiciales en el país en 2015 mientras que el asesinato de líderes sociales había repuntado en 2016, pese a la disminución global de cifras de homicidios.

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Sin embargo, parece que su teoría no convenció del todo a la juez 37 de garantías, ya que esta decidió negar la medida de aseguramiento carcelario solicitada para los policías y dejarlos enfrentar en libertad el proceso que se adelantará en su contra.

Cuando parecía que lo que se iba a encontrar en el centro de la discusión era el papel de la cadena de la mando y la responsabilidad o no de los tres exoficiales de Cali que luego fueron catapultados a las comandancias de varias regiones, resultó que incluso los patrulleros imputados por el homicidio quedaron libres, lo cual pone en entredicho cuando menos algunas apartes de la teoría del fiscal en cuanto a la peligrosidad de los uniformados.

Pero también queda claro el hecho de que detrás del caso judicial hay una familia afligida por la pérdida de un ser querido, personas que llevaban vidas normales hasta que tuvieron que salir del país durante un tiempo por los acosos e intimidaciones que sufrieron después de los lamentables hechos en los que perdió la vida un recordado profesor.