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| 2/24/2018 10:25:00 PM

Las asonadas sospechosas en los Supercundi

Con la expropiación de tres cadenas de supermercados, la Fiscalía volvió a dejar un manto de duda sobre los bienes que entregaron las Farc. Mientras los jefes del nuevo partido negaron cualquier vínculo, saqueos simultáneos afectaron a varios municipios. ¿Quién está detrás?

Fiscalía volvió a dudar sobre los bienes que entregaron las Farc Las asonadas sospechosas en los Supercundi

Con saqueos, actos de vandalismo y amotinamientos respondieron turbas enfurecidas al más grande operativo coordinado por la Fiscalía para desarticular los bienes de las Farc. Los manifestantes enfrentaron a los agentes de la Policía en Bogotá y otros seis municipios, horas después de que el CTI y el Ejército capturaron a los hermanos Norberto, Yaneth y Uriel Mora Urrea, supuestos testaferros de la guerrilla y dueños de los almacenes Supercundi, Merkandrea y Mercafusa.

Con esas imágenes comenzó la caída libre de un imperio que desde hace 20 años se instaló en las comunidades menos favorecidas del país. Un escenario ideal para un modelo de negocio que terminó fidelizando rápidamente a los clientes por cuenta de los bajos costos que ofrecía y los 2.000 empleos que generaba.

Aunque el liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ya había identificado irregularidades en la contabilidad de los supermercados, los testimonios de tres excombatientes de las Farc fueron la pieza clave para descubrir las inversiones ocultas que hizo esta guerrilla en el pasado, después de que se quedó con el negocio de un empresario cundinamarqués al que ellos secuestraron. Para el ente investigador el principal enlace fue María Ana Bertilda Urrea de Mora, madre de los capturados, amiga cercana del Mono Jojoy y quien junto a sus hijos terminó rindiéndoles cuentas a los jefes guerrilleros Édison Romaña y el Zarco Aldinever, hoy desmovilizados.

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Pero esa no es la única línea de investigación que tiene la Fiscalía. La contabilidad de las tres empresas, que desde esta semana quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), también genera serias dudas. ¿La razón? Si se comparan las empresas expropiadas con las del sector, entre 2002 y 2003 estas presentaron un crecimiento patrimonial del 570 por ciento frente a un minúsculo 5 por ciento de las demás. Y las investigaciones calculan un incremento injustificado de más de 27.000 millones de pesos, a pesar de los bajos precios que los caracterizaban.

“Somos los amos del ahorro”, decían sus cuñas publicitarias. “Acabé de comprar una zanahoria por 400 pesos. Ellos nos vendían un paquete que duraba toda la semana por 1.000 pesos. Con 30.000 uno llenaba la nevera. ¿Ahora a dónde vamos a comprar los pobres?”, dijo a SEMANA una mujer enfurecida al sur de Bogotá.

La desinformación inyectó una buena dosis de caos. Pese a que las autoridades nunca hablaron de sellar los establecimientos, el proceso de expropiación alertó a los empleados. Por eso la directora de la SAE, Virginia Torres de Cristancho, anunció que las empresas quedan bajo la batuta de un nuevo administrador que las hará producir después de hacer un inventario, aunque difícilmente podrán sostener los precios que ofrecían los hermanos Mora Urrea.

Quizás por eso, varias hordas de manifestantes se tomaron algunas zonas del país. Turbas furiosas provocaron disturbios en cuatro departamentos después de conocida la noticia; las autoridades tuvieron que decretar toque de queda en Saldaña, Melgar, El Guamo y en dos localidades al sur de Bogotá. Hubo saqueos, incendios e intentos de linchamiento en los supermercados, donde los clientes llegaron dispuestos a arrasar con lo que había.

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El partido de la Farc, por su parte, desmintió cualquier vínculo con la familia acusada y calificó el operativo como “una cacería de brujas para entorpecer la implementación del acuerdo”. Para sus representantes, genera suspicacia que horas después de que ellos solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz medidas cautelares para proteger el paquete de bienes que entregaron el año pasado, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunciara que iba a expropiar 5 sociedades, 60 establecimientos de comercio, 70 cuentas bancarias, 7 casalotes y 4 predios rurales, que no aparecen en inventario. “Nosotros sí hicimos inversiones en las comunidades, pero estos son negocios muy sofisticados para que los dirija una organización clandestina”, respondió uno de los excombatientes consultados por SEMANA.

Así como Drogas La Rebaja sirvió para lavar los negocios del narcotráfico de la familia Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali, el derrumbe de las cadenas Supercundi, Merkandrea y Mercafusa llegó a enlodar el tránsito de la exguerrilla a la vida civil y política. Mucho se ha especulado sobre el patrimonio que las Farc construyeron en 50 años de guerra sin que se sepa algo a ciencia cierta. Aunque el billón de pesos que entregaron en agosto pasado alivió las críticas, no les quitó el fardo que cargan ni las investigaciones que se abren.

¿Desmanes calculados?

Los ciudadanos de los municipios donde operaban los almacenes dejaron de ser privilegiados clientes de bajos costos para convertirse en vándalos encolerizados. Mientras para unos fueron reacciones propias de la comunidad que se sintió vulnerada, hay serios motivos para creer que se trató de reacciones fríamente calculadas.

En El Guamo, por ejemplo, comenzó a correr la voz de que los productos en el Supercundi estaban a mitad de precio. Una turba de no menos de 1.000 personas terminó concentrada en el pequeño establecimiento y se llevó todo. Y qué decir de lo que ocurrió en Usme y Ciudad Bolívar donde los ciudadanos redujeron a escombros el primer piso del local. Con carritos de mercado llenos de productos alimenticios y hasta peluches, papel higiénico y licores, salieron los saqueadores grabados por las cámaras de seguridad. Es tal la gravedad de lo que ocurrió que el gran operativo anunciado por la Fiscalía terminó con casi un centenar de menores de edad en manos de las autoridades. Un patrón que se repitió en cada uno de los municipios afectados.

El cuadro es tan confuso como desolador. Mientras las autoridades judicializan decenas de personas por haber protagonizado o promovido los actos violentos, otras se acercan a las Personerías Municipales para regresar lo que días antes se llevaron sin pagar. Las autoridades manejan varias teorías sobre lo que pudo haber pasado. Primero, los mensajes que circularon por cadenas de WhatsApp y en redes sociales motivaron a los ciudadanos a participar de unos descuentos inexistentes y la turba terminó mezclada con grupos delincuenciales. Y, en segundo lugar, varios chats rastreados por la Policía confirman que en Bogotá alguien ofreció a los menores de edad entre 20.000 y 30.000 pesos para que participaran de los saqueos.

EN VIDEO: Así fue la captura de los dueños de SuperCundi

De hecho, el centro cibernético de la Dijín tiene identificados en redes sociales 27 perfiles (21 de Facebook y 6 en Twitter) vinculados a procesos penales por fomentar los desmanes en establecimientos comerciales, entidades gubernamentales y policiales. Y es que no solo las empresas señaladas por el lavado de activos fueron saqueadas, sino también varios establecimientos aledaños. Aunque no se ha evidenciado un patrón de comportamiento articulado en los diferentes municipios, sobresale la gran presencia de menores de edad armados, la desinformación y que los hechos tuvieron lugar en zonas con poco personal de la fuerza pública.

Aun así, la respuesta de la Policía contuvo en su gran mayoría los ataques. En Melgar, por ejemplo, los agentes judicializaron 13 personas y detuvieron 14 menores de edad. En El Espinal, capturaron 5 hombres y detuvieron a 50 adolescentes que luego entregaron a sus padres. Un escenario similar al de El Guamo en donde 6 menores terminaron aprehendidos.

Uno de los operativos más importantes que han desplegado las autoridades para confiscar los bienes de las Farc terminó contaminado por un pecado original. No hubo planeación y coordinación de las autoridades. Aunque el CTI y el Ejército llevaron a cabo el operativo sin problema, no coordinaron con la Policía rápidos despliegues que evitaran unos desmanes poco usuales en Colombia.

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