¿Fortalecimiento de la defensa técnica o ampliación del fuero militar?

La defensa jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas volvió al centro del debate nacional. Este lunes, durante la ceremonia de posesión del nuevo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el presidente, Juan Manuel Santos, le encargó la creación de un “proceso de defensa judicial para nuestras fuerzas, donde las fuerzas se sientan cómodas, sientan que están siendo debidamente defendidas”.
 
La declaración recogió el reclamo de un sector de las Fuerzas Militares que ha argumentado que la tropa se ha “desmoralizado” debido a una supuesta “guerra jurídica” emprendida en su contra. Ese argumento ha sido esgrimido por algunos sectores, incluso, para explicar por qué la percepción de inseguridad ha empeorado (según una encuesta publicada en junio por Invamer Gallup, tres de cada cuatro personas así lo creen).
 
En su discurso de posesión, Pinzón le respondió al presidente: “Siento que nos ha dado una instrucción para trabajar en fortalecer el fuero militar y la Justicia Penal Militar; lo vamos a hacer no en contravía de la historia, lo vamos a hacer conscientes de las realidades del presente”.
 
¿Qué quiso decir el Gobierno?
 
El proyecto de ley
 
Desde cuando Santos fue ministro de Defensa -y Pinzón viceministro de esa cartera-, una de sus preocupaciones ha sido la defensa técnica de los integrantes de la fuerza pública, quienes consideran que se les ha tratado con desconsideración. Sin embargo, como explicó El Nuevo Siglo, en su artículo ‘Fuero militar: de aquello, nada…’ la promoción de una reforma al juzgamiento de los uniformados se complicó en el gobierno anterior por el escándalo de los ‘falsos positivos’, como se conoce a las ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate.
 
En los últimos años se han promovido dos iniciativas legislativas que han buscado proteger los derechos de los uniformados. Una la radicó el entonces ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, pero fue archivada. Y la segunda fue radicada por el ministro saliente, Rodrigo Rivera, luego de que varios periodistas denunciaron las aparentes estrategias dilatorias, entre otros cuestionamientos, de la Asociación Defensoría Militar (DEMIL), una organización privada que recibe dinero de 120.000 afiliados de la fuerza pública, encargada de la defensa de los soldados.
 
Las denuncias revivieron los argumentos sobre la falta de un mecanismo de defensa del Estado exclusivo para militares. Fue entonces cuando Rivera radicó el proyecto 194 del 2011. Este proyecto de ley ya pasó su primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Le faltan tres debates más para convertirse en ley.
 
DEMIL fue reformada y como director fue nombrado un civil experto en Derecho Internacional Humanitario. Jan Carlo Mejía, su director, defiende el proyecto de ley “porque es la forma de acabar con el negocio de la defensa militar. Pero ese proyecto tiene que ser mejorado, según los estándares de calidad exigidos para la justicia penal militar”.
 
En criterio de Mejía, el problema de la defensa militar en un país como Colombia es estructural porque “hay jueces y magistrados que no conocen el quehacer operacional y, sin embargo, juzgan los casos como si este fuera un país en paz”.
 
El debate
 
Varios analistas consultados por Semana.com coinciden en que es el Estado el que debe garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de los militares. No obstante, el debate se calienta a la hora de examinar quiénes deben ejercer esa defensa y de qué manera.
 
El analista de seguridad Alfredo Rangel defiende el fuero militar en su sentido más amplio. “Todos los programas que se hagan para apoyar la defensa jurídica son un intento bastante vano de solucionar el problema de fondo. Si no se devuelve el fuero militar a la tropa, no se resuelve el problema”, dice.
 
El analista argumentó que todos los países democráticos tienen ese fuero militar, “menos Colombia”. Y puso como ejemplo el asesinato de un estudiante por cuenta de un carabinero en Chile durante una manifestación. “Fue un acto de servicio y por eso lo investiga la Fiscalía, pero es juzgado por la justicia policial”. En su criterio, lo que el Estado debe hacer es fortalecer la justicia penal militar para que esta juzgue pronta y eficazmente los delitos que cometen los integrantes de la fuerza pública.
 
En el mismo sentido, el general retirado Jairo Delgado, director de análisis de Seguridad y Defensa el Instituto Hernán Echavarría Olózaga, explicó que no se puede combatir el terrorismo si las leyes están diseñadas para un país en paz. Para él, “es necesario que se le dé el significado a los actos de servicio en un país que tiene un conflicto irregular”.
 
Lo que el Gobierno busca, aduce Delgado, “es reconocer unas formas procesales que garanticen no la impunidad, pero sí unas condiciones legales que le permitan atacar el terrorismo”.
 
No así lo cree la analista Laura Gil, quien ha sido crítica del proyecto de ley promovido por Rivera. Ella está de acuerdo en que un país en conflicto debe defender a los militares, pero no la institución militar en su conjunto. “La propuesta de un sistema de defensa en cabeza del viceministro de Defensa, como está en el proyecto de ley, es politizar la justicia. ¿Quién garantiza la independencia de los defensores?”, se preguntó.
 
Gil recordó que, según lo denunció una investigación de Lasillavacia.com, la estrategia de DEMIL en la defensa de los militares era “unificar una versión frente a lo sucedido” para evitar que los soldados rasos incursos en investigaciones aventaran a sus superiores. Por esta razón, ve con preocupación el hecho de que no se busque garantizar el derecho a la defensa de los posibles investigados, sino proteger al estamento militar y mantener la impunidad.
 
Además, acotó que la jurisdicción ordinaria le ganó terreno a la justicia militar en el juzgamiento de procesos porque esta cayó en descrédito. Lo propio ha pasado con el sistema penitenciario militar que, según revelaciones de SEMANA, ha sido laxo.
 
El Polo Democrático en el Congreso en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes presentó una ponencia negativa. El ponente fue el representante Iván Cepeda, quien es el presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
 
El representante ha argumentado que los militares no deben tener ningún privilegio en comparación con el resto de los ciudadanos. “Crear una defensa técnica ante crímenes de lesa humanidad es volver a viejos tiempos cuando los militares gozaban de privilegios”, dijo.
 
Sobre la estrategia del Gobierno, dijo que era “equívoca”, pues en lugar de promover la prevención de la comisión de delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, valida la idea de que cumpliendo las reglas de juego no se puede ganar la guerra.
 
“Lo que veo es que en ese lenguaje y en esa intención del Gobierno subyace la idea de mantener en la impunidad. Se debe dar garantías a los militares que enfrentan los rigores de la guerra pero fortaleciendo la defensa pública”, argumentó.
 
El representante además resaltó que el proyecto dice que no es para los delitos de lesa humanidad, sin embargo, contempla la posibilidad de que los defensores atiendan casos ante la Corte Penal Internacional. “Esa es una contradicción, pues ese tribunal es para casos de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”.
 
El fuero militar
 
El fuero militar es la jurisdicción que corresponde a los uniformados cuando estos son procesados por la posible comisión de un delito en “relación con el servicio”. Esos procesos son vistos por la justicia penal militar. Sin embargo, los altos tribunales han interpretado que casos como las desapariciones del Palacio de Justicia, a pesar de que se dieron durante una operación militar, por tratarse de delitos de lesa humanidad, no deben ser juzgados por la justicia penal militar.
 
Un sector de las Fuerzas Armadas está en contra de esa interpretación. Por eso ha activado una campaña contra de las condenas al coronel (r) Alfonso Plazas Vega y al general (r) Jesús Arias Cabrales, quienes ya habían sido procesados militarmente.
 
En criterio de Rangel, en Colombia los militares perdieron ese fuero porque “los casos que tienen relación con el conflicto se abordan como violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario y por eso quedan en jurisdicción de la justicia civil”.
 
Para Rangel, las condenas han desanimado a la tropa que, en sus palabras, piensa “si esto les hicieron a un general y a un coronel, ¿qué no le pueden hacer a un soldado?”
 
Por eso la analista Gil considera que detrás de la discusión sobre el fortalecimiento de la justicia lo que se esconde es la ampliación del fuero militar a las violaciones de derechos humanos, que, según protocolos internacionales, como explicó Mejía, deben ser juzgadas por la justicia civil.
 
En criterio de Cepeda, revivir el fuero ampliado para los militares es "volver a épocas aciagas, en las que los militares tenían patente de corso para cometer actos de tortura o de desaparición y otras violaciones a los derechos humanos. En el fondo, eso es lo que quiere un sector del estamento militar”.
 
En un país como Colombia, en el que la fuerza pública tiene 440.000 integrantes y todos los días hay operaciones militares, es imposible que no se abran procesos judiciales. En la actualidad hay 2.238 militares detenidos. La justicia ha procesado entre 14.000 y 16.000 uniformados, según cifras de DEMIL. Y nadie duda de que el Estado deba garantizar sus derechos a la defensa y al debido proceso. El problema no es sólo quién juzga a quién, sino que no haya impunidad.