Fortuna en veremos

El 25 de agosto del año pasado el general Luis Ernesto Gilibert, director general de la Policía, no se cambiaba por nadie. Logró, después de un año de labores de inteligencia, incautar 35 millones de dólares procedentes del tráfico de drogas en una operación conjunta con la DEA, denominada Horizonte III.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana no se había logrado incautar una suma en efectivo tan enorme en la lucha contra el narcotráfico. Los 35 millones de dólares estaban divididos en sumas de 20 y 15 millones encaletados en paredes de concreto en dos apartamentos al norte de Bogotá. Sus propietarios, los hermanos Víctor Manuel y Miguel Angel Mejía, son conocidos con el alias de ‘Los Mellizos’ y operaban, según la DEA y la policía colombiana, como una organización independiente en la Costa Atlántica.

Ese mismo día el general Gilibert, acompañado por la embajadora estadounidense en Bogotá, Anne Patterson, sostuvo ante la prensa que era el más grande decomiso de dinero de la mafia en la historia del país.

Hoy esos 35 millones de dólares —unos 85.000 millones de pesos— están a punto de perderse e irían a parar a manos de un juez de Estados Unidos. Esa misma suma equivale a la ayuda adicional que le pidió la semana pasada el presidente Andrés Pastrana al presidente George Bush, específicamente para la lucha contra el terrorismo. Esa misma cifra equivale al presupuesto de inversión destinado al Ministerio de Cultura o, para poner otro ejemplo, perder más de tres veces la cantidad que se negoció en el caso de Dragacol.

Por eso el director de Estupefacientes, Gabriel Merchán, no ha podido volver a conciliar el sueño. Inició todo un proceso para invertir los 35 millones de dólares en una operación financiera que le diera una mayor rentabilidad y seguridad pero se ha encontrado con miles de obstáculos. Primero consultó con el comité que lo asesora en materia de inversiones qué hacer con el dinero y todos coincidieron en que había que recurrir a los títulos de tesorería de la Nación, que pagan una tasa efectiva anual del 7,40 por ciento y tienen un término de cinco años.

Pero cuál no sería su sorpresa cuando, al recurrir a la Dirección General del Tesoro Nacional para adquirir los títulos, le exigieron la monetización del dinero, abrir una cuenta en dólares en un banco en el exterior y declararla ante el Banco de la República. Luego la situación se complicó aún más. Ante una consulta adicional de Merchán al Banco Emisor, por intermedio del secretario de la junta directiva, Gerardo Hernández Correa, recibió como respuesta que la operación no se podía efectuar porque hasta ahora nadie había certificado la autenticidad de los billetes incautados.

La respuesta le cayó como baldado de agua fría porque ese dispendioso requisito sólo se puede lograr de dos maneras: se podrían enviar los 35 millones de dólares a Estados Unidos o solicitar al Fondo de Reserva Federal que desplace a Colombia a uno de sus funcionarios para que certifique si los billetes son auténticos o no.

Frente a esta situación lo mejor para el gobierno era mover los hilos diplomáticos, por lo cual le solicitó al embajador, Luis Alberto Moreno Mejía, adelantar las averiguaciones pertinentes en el Departamento del Tesoro en Washington. Pero los resultados de su consulta no fueron más alentadores. La única entidad que tiene competencia para certificar la autenticidad de los 35 millones de dólares es el servicio secreto y hay que recurrir a su representante en la sede de la embajada estadounidense en Bogotá.

Como quien dice, borrón y cuenta nueva, porque después de cuatro meses con 35 millones de dólares quietos en las bóvedas del Banco de la República Merchán estaba como al principio, sin saber qué hacer.

Sin embargo, preocupada por el destino del dinero, la embajadora de Estados Unidos coordinó una reunión entre sus diplomáticos y funcionarios colombianos para evaluar directamente la exigencia del Banco de la República de certificar cada uno de los billetes.

Por parte de la embajada asistieron Carmen Colón, agregada judicial, y Rodolfo Peña, en representación del servicio secreto. Y por Colombia María Mercedes Vásquez, secretaria general de Estupefacientes, y dos asesores de la DNE. Al término de la reunión Peña les dio la mala noticia de que a pesar de ser un experto en verificación de billetes y de contar con dos ayudantes en la sede diplomática podría tardar más de un año en analizarlos uno por uno. Así que propuso trasladar las cajas con los 35 millones de dólares a las bóvedas del Fondo de Reserva Federal en Miami, donde existe una máquina que permite seleccionar las denominaciones de los billetes y detectar, con un procedimiento más rápido, su falsificación.

Con la preocupación de que una vez en territorio de Estados Unidos el dinero podría ser reclamado por uno de los jueces federales que siguen los procesos jurídicos de los narcotraficantes, el gobierno colombiano manifestó sus reservas. Pero el representante del servicio secreto dejó constancia de que no es posible garantizar la no congelación o incautación de los 35 millones de dólares. Según Peña, si bien el gobierno federal puede asegurar que el Departamento de Justicia no incautará los dineros, ellos no pueden evitar una eventual reclamación por parte de la justicia federal de una manera independiente.

Ahora Colombia está entre la espada y la pared. Si evita a toda costa que el dinero sea enviado a las bóvedas del Fondo de Reserva Federal en Miami, la única alternativa que queda es abrir una cuenta en el exterior.

Para esa operación consultó con varias instituciones financieras y el Citibank fue el único que presentó una oferta. En ella se comprometía a abrir una cuenta en Nueva York, trasladar los 35 millones de dólares desde las bóvedas del Banco de la República hasta el aeropuerto internacional El Dorado y enviarlo al aeropuerto La Guardia en Nueva York. Con el efectivo en mano, procedería a verificar la autenticidad del dinero y a expedir la certificación.

Hace dos meses, según la oferta, el banco le cobraba a la DNE el 2,5 por ciento sobre el total del dinero transportado, es decir, la suma de 874.725 de dólares. Pero por alguna razón desconocida, según fuentes del Ministerio de Justicia, la semana pasada el Citybank elevó el costo de sus servicios en más del 400 por ciento y pide cuatro millones de dólares por la operación financiera.

Por ahora el gobierno prefiere mantener los 35 millones de dólares quietos en el interior de la bóveda del Banco de la República y mientras tanto acelerar el proceso jurídico de la llamada operación Horizonte III para lograr que la Fiscalía dictamine la extinción del dominio de los dueños originales de la fortuna que aun el gobierno tampoco puede asegurar que podrá obtener.