La controvertida medida antiterrorismo que propone Francia

Francés europeo con orígenes tunecinos. Emin Sassi, 33 años, jefe de prensa, se define así. “Tengo un nombre y un color de piel que me recuerdan mis orígenes. Es todo”. Tal mezcla solo es posible gracias a la llegada a París de sus padres en los años setenta, antes de que él naciera, y al Ius soli, derecho del suelo, que permite a quienes vean la luz por primera vez en el Hexágono gozar de la nacionalidad gala. Francés, sí, pero no como los otros, al menos si se cree en las palabras del presidente François Hollande que propone en algunos casos privar de la ciudadanía a los binacionales “nacidos franceses”.

Un presidente de tono guerrerista evocó la medida el 16 de noviembre, tres días después de los atentados perpetrados por el grupo Estado Islámico en París que dejaron 130 muertos. Al frente del Congreso reunido en el Palacio de Versalles, el mandatario socialista propuso inscribir en la Constitución el retiro de la nacionalidad a quienes hayan nacido franceses, que tengan la doble ciudadanía y que sean condenados por actos terroristas. Hoy, solo quienes hayan pedido y adquirido la nacionalidad desde hace menos de 15 años pueden perderla. Esta semana, el proyecto de ley comenzó a estudiarse en el Parlamento.

Aunque, según las encuestas, la medida es popular entre los ciudadanos, la polémica hierve en la clase política y entre los intelectuales, periodistas y asociaciones. La controversia radica, principalmente, en el peso simbólico de la pena en un país que no logra reconciliar a sus comunidades. Para sus detractores se crearían dos tipos de ciudadanos frente a la ley. “Existirían dos categorías: los binacionales nacidos franceses, ‘un poco menos franceses’, y los franceses que solo tienen una nacionalidad y que serían ‘un poco más franceses’”, señala la reconocida asociación SOS Racisme, en una petición contra el proyecto firmada por más de 30 organizaciones. En total, la nueva medida podría referirse a más de 3 millones de personas, cerca del 5 por ciento de la población.

Así, muchos ‘bi’, a pesar de que no tienen nada que ver con el terrorismo, sienten que el Estado los distingue de los otros ciudadanos, diferenciación incomprensible en la patria de l’égalité. Otros temen que la reforma constitucional debilite el Estado de derecho y permita que una fuerza política antidemocrática haga lo que quiera en el futuro. “El riesgo es que la extrema derecha llegue al poder y extienda el retiro de la nacionalidad a todos los delitos”, afirmó Emin a SEMANA, quien a pesar de sus raíces apoya la propuesta.

El gobierno reconoce que la ley sería inútil contra el fanatismo pues ningún yihadista va a abandonar su empresa por temor a perder el pasaporte. “Privar de la nacionalidad a quienes matan ciegamente otros franceses en nombre de una ideología de terror es un acto que sanciona a quienes se excluyeron a sí mismos de la comunidad nacional”, escribió el primer ministro Manuel Valls en su página en Facebook. 

Hay quienes van más lejos. Para que todos los franceses sean iguales ante la ley, políticos como el presidente del Partido Socialista, Jean-Christophe Cambadélis, han evocado la posibilidad de quitarles la nacionalidad a todos aquellos que cometan un acto terrorista. Pero ¿cómo el país en el que se adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948 podría dejar personas sin patria? El artículo 15 señala que “nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad”.

Las reticencias más importantes de la izquierda se cristalizaron con la renuncia tan solo una semana antes del debate parlamentario de la ministra de la Justicia Christiane Taubira, quien debía defender el proyecto ante los diputados. “Osemos decirlo: un país debe ser capaz de arreglárselas con sus nacionales”,  advierte en Murmullos a la juventud, libro que publicó inmediatamente después de su dimisión.

Según los cálculos del gobierno, la ley saldrá victoriosa del Parlamento. El debate promete ser largo y doloroso y seguramente atizará las tensiones entre franceses que, en medio de amenazas terroristas, crisis migratoria y fortalecimiento de la extrema derecha, dudan sobre su destino común. Quizás valdría la pena escuchar a la exministra Taubira, quien invoca en su ensayo: “En el país de Descartes, convoquemos la razón”.