Fuego cruzado

Una de las paradojas más grandes de la guerra colombiana es que mientras más se degrada, menos diferencias hay entre uno y otro grupo armado. La semana anterior, cuando el presidente Álvaro Uribe dijo que los alcaldes del Casanare estaban siendo presionados por los grupos armados para que les dieran contratos y cuotas burocráticas, muchos recordaron a Arauca. Cuando el gobierno abrió los ojos con Arauca, ya la bonanza petrolera de Caño Limón se había esfumado en los bolsillos de los corruptos y guerrillas de la región, en especial del ELN. Pero esta vez el Presidente no hablaba de la guerrilla. Extorsión, secuestro, reclutamiento forzado son palabras que en Casanare hoy están asociadas a las Autodefensas Campesinas de Casanare, que dirige Martín Llanos, y el Bloque Centauros, que dirige Miguel Arroyave. Los dos grupos que se disputan el control del sur del departamento tienen a los gobernantes bajo constante presión y han desatado una crisis humanitaria sin antecedentes en la región. En los primeros tres meses del año hubo 115 asesinatos selectivos, tasa increíblemente alta para un departamento con apenas 200.000 habitantes. La guerra entre las dos facciones paramilitares tiene también disparado el reclutamiento forzado. La Defensoría del Pueblo de Casanare tiene conocimiento de por lo menos 80 casos en los cuales se llevan a los muchachos en contra de su voluntad. "Hace tres semanas se llevaron a 27 trabajadores de una arrocera que viajaban en una volqueta en la vereda La Iquía. Han liberado a cuatro que no les servían. El resto fue reclutado a la fuerza", relató un funcionario de esta entidad. Adicionalmente, en Maní hay 1.120 desplazados que esperan que cesen los combates entre las dos facciones paramilitares enfrentadas para regresar a sus casas. El Ejército les anunció que haría presencia en sus veredas pero hasta ahora no lo ha hecho. ¿Gobierno maniatado? Aunque en privado algunas autoridades manifiestan que no se puede hacer nada para acabar la guerra entre Martín Llanos y Miguel Arroyave y han expresado que "hay que dejar que se maten entre ellos", la dimensión del conflicto puede arrasar la frágil institucionalidad que hay en Casanare. La semana pasada, durante un consejo de seguridad, los alcaldes se atrevieron a contarle al Presidente lo que es voz popular en la región: que los grupos paramilitares se están llevando una importante tajada de los recursos públicos, extorsionando a los contratistas y creando empresas de fachada. La situación no es nueva. Durante la pasada administración, las presiones de los grupos armados fueron tan duras que obligaron a la renuncia de tres altos funcionarios de la gobernación, los secretarios de Hacienda y Obras y el secretario privado. El presupuesto de Casanare depende en 90 por ciento de las regalías que para este año serán de 268.000 millones y que por ley deben invertirse prioritariamente en servicios básicos. Ahora los contratistas están en la mira de los grupos armados, particularmente de los paramilitares, pues las guerrillas se han ido desplazando al pie de monte, donde están los municipios más pobres. Un funcionario de la secretaría de Hacienda de ese departamento calcula que en todos los contratos de obras, el 30 por ciento se está perdiendo en pagos a los dos grupos paramilitares y, en algunos casos, a los guerrilleros. Más las cuotas que se van por corrupción. "La mayoría de las obras quedan inconclusas y la administración se ve forzada a hacer adiciones y prórrogas en los contratos", dice el funcionario, que calcula además que el 70 por ciento de la contratación del Casanare la manejan testaferros de estos grupos. Si estas cifras son ciertas, los grupos paramilitares se están quedando con cerca de 80.000 millones de pesos de los recursos públicos cada año. Una cifra que explica en buena medida la encarnizada guerra que libran las dos facciones paramilitares. ¿A qué hora se convirtió Casanare en tierra de nadie?, es lo que se preguntan muchos en la región. A finales de los años 80 la presencia de las Farc y ELN era notoria en muchos municipios del pie de monte llanero y se fue extendiendo tras el rastro del petróleo descubierto en Cusiana. Mirándose en el espejo de Arauca, muchos ganaderos y comerciantes toleraron la creación de un grupo de autodefensas que operaba en el sur de Casanare y que fundó Héctor Buitrago, un gamonal del municipio de Monterrey. Durante mucho tiempo esta autodefensa contuvo el crecimiento de la guerrilla en esa parte del departamento. Este grupo, hoy llamado las Autodefensas Campesinas de Casanare y que dirige Martín Llanos -hijo de Buitrago-, se vinculó al proceso de unidad que propuso Carlos Castaño hace algunos años, pero al poco tiempo afloraron las contradicciones que terminaron en la guerra que se libra desde el año pasado y que está en su peor momento. Hace un par de años Martín Llanos vio cómo sus propios aliados de las AUC autorizaron a Miguel Arroyave construir un frente de esa organización en los Llanos, el Bloque Centauros. La disputa se hizo cada vez más profunda. Entre enero y abril se han presentado intensos combates entre los dos grupos paramilitares. Ambos dicen que han muerto cientos de combatientes, pero no hay una cifra exacta. Carlos Castaño intentó frenar esta guerra y acercar a Martín Llanos a la mesa de diálogo con el gobierno, pero como se demostró en los recientes acontecimientos, el poder de Castaño era demasiado exiguo en los últimos meses y sus llamados no tuvieron eco. En unas AUC sin Castaño, una tregua entre estos dos grupos es impensable. La oficina del Alto Comisionado para la Paz también hizo algunos acercamientos con Llanos el año pasado. La conclusión es que las Autodefensas Campesinas de Casanare no irán a una mesa única, en cambio piden un proceso regional. No obstante la semana anterior Llanos le entregó a una comisión humanitaria 21 combatientes del Bloque Centauros que mantenía como prisioneros. El remedio La Fundación Seguridad y Democracia, en su boletín de abril, reconoce que Casanare es una de las regiones donde la fuerza pública ha combatido con más intensidad. El Ejército dice que 66 paramilitares murieron en combates con sus tropas durante lo que va corrido del año y el observatorio de derechos humanos de la vicepresidencia establece que en el mismo período han sido capturadas por las autoridades 162 personas vinculadas a los grupos paramilitares. Pero el combate a los 1.200 hombres que se calcula tienen estos grupos armados en la región no es suficiente. La experiencia de Arauca demostró que el poder de coacción de estos grupos es profundo cuando han permeado la vida legal e institucional. Reconforta que haya sido el propio Presidente el primero en denunciar las presiones de los paramilitares y su enérgico llamado a las autoridades para ver a "Casanare sin paramilitares, sin guerrilla, sin narcotráfico". Si no se actúa rápido el país tendrá que ver, por segunda vez, cómo se esfuma la única oportunidad para el desarrollo que han tenido los departamentos que producen petróleo. Una bonanza que pronto terminará y que difícilmente volverán a vivir.