Giro en Mapiripán

En enero pasado, Salvatore Mancuso les dijo a los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que dos oficiales del Ejército le habían prestado gran ayuda a su organización ilegal para cometer, hace 10 años, la masacre de Mapiripán (Meta), en la que fueron asesinadas 49 personas. El desmovilizado jefe paramilitar mencionó los nombres del coronel Lino Hernando Sánchez Prado y de un tal "coronel Plazas". Sánchez purgaba una condena de 40 años de prisión por su participación activa en la masacre cuando murió en 2005. Sobre el "coronel Plazas" se creó una confusión después de que habló Mancuso. Muchos pensaron que se trataba de Alfonso Plazas Vega, quien hoy está siendo investigado por la desaparición de 12 personas en medio del Holocausto del Palacio de Justicia.

En realidad, Mancuso se refería a Jorge Eliécer Plazas Acevedo, un oscuro teniente coronel que en 1997 se desempeñaba como jefe de inteligencia de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Urabá, y quien dependía directamente del controvertido general Rito Alejo del Río. A principios de 1998, el propio general Del Río trajo a Plazas Acevedo como su hombre fuerte de inteligencia en la Brigada XIII de Bogotá. Estando allí, se comprobó que Plazas había participado como autor intelectual del secuestro y el posterior asesinato del industrial Benjamín Khoudari. Plazas Acevedo fue detenido y condenado a 40 años de cárcel por este caso. Pero se fugó de la Escuela de Artillería hace cuatro años, cambió por completo su aspecto físico y, al parecer, en la actualidad se mueve y es protegido por grupos de paramilitares de Meta.

Desde el principio, la Fiscalía estableció que el grupo de asesinos que llegó a Mapiripán había salido en dos aviones desde los aeropuertos de Necoclí y Apartadó, en el Urabá antioqueño, ambos fuertemente militarizados. El número de paramilitares (cerca de 80) y la cantidad de armas y municiones que se transportaron hacían prácticamente imposible que hubiesen pasado inadvertidos.

Extrañamente, la Fiscalía siempre centró su indagación en ubicar a los militares y policías que ayudaron a los paras a desplazarse entre San José del Guaviare y Mapiripán, pero no se indagó por quienes los ayudaron a embarcarse en Antioquia.

No obstante, las declaraciones de Mancuso le han dado un viraje al caso. La Fiscalía tiene los ojos puestos en algunos miembros de la XVII Brigada del Ejército. Plazas Acevedo no sería el único investigado. Otros dos militares de alto rango que estarían en la mira de la Fiscalía son los tenientes coronel (r) Manuel José Pérez Pérez y Horacio Chacón Garzón. En el momento en que fue perpetrada la masacre de Mapiripán, el primero comandaba el Batallón Francisco de Paula Vélez y, al parecer, tenía el control de la pista aérea de Necoclí desde donde salió un avión DC-3 -con rumbo a San José del Guaviare- que en su interior llevaba munición y la carga para los homicidas.

El segundo oficial estaba al mando del Batallón de Servicios de la Brigada XVII y, aparentemente, tenía sus hombres en el aeropuerto Los Cedros, de Apartadó, desde donde partió el avión Antonov que transportó a los miembros de las autodefensas.

"Hace un año yo indagué al señor Mancuso sobre los hechos de Mapiripán y me contestó que todo había sido orquestado por Carlos Castaño y alias 'Doble Cero', quienes ya están muertos. Pero ahora, con lo que dijo Mancuso en enero último, la Fiscalía quiere reorientar la investigación para judicializar también a todas aquellas personas que colaboraron con la salida de los paramilitares desde el Urabá antioqueño", le dijo a SEMANA Leonardo Cabana Fonseca, jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y quien fue uno de los fiscales del caso Mapiripán.

El caso Uscátegui

La semana pasada, el Consejo de la Judicatura anunció que les había ordenado a los jueces que conocen la masacre de 10 policías en Jamundí y el asesinato de Luis Carlos Galán, que hicieran a un lado las otras investigaciones que tenían en sus despachos, y que profirieran cuanto antes las sentencias (absolutorias o condenatorias) sobre estos dos sonados casos.

Pero, al parecer, a los magistrados de la sala administrativa se les olvidó darle el mismo tratamiento a un expediente tan importante o más que los antes mencionados: la masacre de Mapiripán. Dicho proceso se adelanta en el Juzgado Noveno Penal Especializado de Bogotá, que es conducido por el juez Óscar Jaimes.

A diferencia de los casos Jamundí y Luis Carlos Galán, en el de Mapiripán la audiencia pública terminó hace dos años y, como si fuera poco, tiene como principal sindicado a un general del Ejército, Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, quien lleva casi cinco años en prisión. El martes pasado, el juez noveno le dijo a SEMANA que, con suerte, en diciembre próximo proferiría un fallo respecto del general Uscátegui y del otro sindicado, coronel Hernán Orozco Castro. "Es que por ley, antes tengo que evacuar otros procesos", explicó el funcionario.

Pero, al tiempo que el juez Jaimes advertía de su exigente carga laboral, en el Consejo de la Judicatura se percataban del olvido. Por eso, el miércoles pasado, el magistrado José Alfredo Escobar les propuso a sus compañeros de sala un tratamiento especial para el tema Mapiripán. Así las cosas, es casi un hecho que en los próximos días el juez Jaimes se quedará sólo con el expediente que sigue contra Uscátegui y Orozco y, por fin, el país y el mundo sabrán si estos oficiales tuvieron o no responsabilidad en la masacre de 1997.

El balón está ahora en manos de la justicia. La Fiscalía se apresta a mirar con lupa el origen de la masacre de Mapiripán (XVII Brigada) y el juez Jaimes tiene la palabra para decir si Uscátegui y Orozco fueron omisivos y permitieron el avance de los paras para perpetrar una de las masacres más vergonzosas de que se tenga noticia en toda la historia de Colombia.