GOBERNABILIDAD

Durante los últimos ocho meses 'crisis' ha sido la palabra favorita de los colombianos. La semana pasada, la que se puso de moda fue 'descertificación'. Pero como van las cosas, la que se va a imponer en los próximos días es 'gobernabilidad'. Este es el resultado de un proceso en el que de manera creciente se ha evidenciado que el presidente Ernesto Samper enfrenta cada día mayores problemas a la hora de timonear la nave del Estado. Las aguas nunca han estado calmadas para el Presidente desde cuando comenzó su gobierno. Pero en los últimos 15 días las olas han llegado a elevarse a niveles sin precedentes en relación con frentes como el sindical, el de los militares y el de Estados Unidos.
Pero, ¿qué es eso de la gobernabilidad? Para el común de la gente la gobernabilidad tiene que ver con la capacidad que poseen los mandatarios para hacer lo que quieren y dejar de hacer lo que no quieren. Pero, tal y como la entienden los politólogos, es mucho más que eso. Según la definición adoptada por el Banco Interamericano de Desarrollo _BID_, una de las instituciones que más ha utilizado este concepto para la evaluación de los gobiernos, gobernabilidad "no es sólo el ejercicio del poder, sino además todas las condiciones necesarias para desempeñar esta función con eficacia, legitimidad y respaldo social". Es decir, lo que necesita un gobierno para desarrollar adecuadamente la tarea para la cual fue elegido.Y esa capacidad es justamente la que muchos analistas creen que el gobierno de Ernesto Samper está perdiendo a diario. Así el Presidente y sus colaboradores insistan permanentemente en que el proceso 8.000 no les ha impedido cumplir con las labores de gobierno, lo cierto es que desde cuando el escándalo se escaló a mediados del año pasado, gran parte de las energías de la administración en general y del Presidente en particular se han ido en tratar de demostrar la inocencia del jefe del Estado y, paralelamente, en buscar el suficiente respaldo de distintos sectores sociales y políticos para seguir en el poder. Esto lo han logrado en gran medida, pero la pregunta es a qué costo.
El Ejecutivo no sólo no ha podido hacer lo que quiere sino que, en muchos casos, ha terminado haciendo lo que no quiere. Y no hay mayor síntoma de debilidad que no poder decir que no. La mayoría de las decisiones importantes que debe tomar un presidente son impopulares o afectan a algún sector de la población con capacidad de protesta o presión. Es por esto que la calificación de un gobierno tiene a veces que ver más con su capacidad para imponer decisiones difíciles que con los aplausos que recibe por aquellas decisiones que le gustan a todo el mundo.
La noche de los generales
Sin duda el más delicado de los ejemplos de falta de gobernabilidad es el de las relaciones de Ernesto Samper con los militares. Desde la segunda semana de noviembre del año pasado, cuando el ministro de Defensa Juan Carlos Esguerra visitó a Estados Unidos, las autoridades de esepaís le hicieron saber que existía cierto grado de desconfianza en algunos de los más altos oficiales de las Fuerzas Militares. Aunque las autoridades estadounidenses no dieron detalles sobre el origen de sus sospechas, el rumor hizo carrera no sólo en Washington sino en Bogotá.
La evidencia de que el tema dejaría de estar reducido a los círculos gubernamentales y diplomáticos fue la rueda de prensa que el Presidente ofreció el 20 de diciembre, cuando anunció que no aceptaría imposiciones de Estados Unidos en el tema militar y que desconocía si el gobierno estadounidense iba a suspender la visa a algunos generales. Pero días después algunos medios de comunicación hicieron público que el asunto de las visas era muy grave. Señalaron en concreto a cinco oficiales, entre ellos al de más alto rango, el comandante de las Fuerzas Militares, general Camilo Zúñiga Chaparro. El general Zúñiga decidió entrevistarse con el embajador estadounidense, Myles Frechette, quien lo tranquilizó y le dijo que hasta ese momento su gobierno no había tomado determinación alguna en ese sentido. Pero independientemente de ese mensaje, lo cierto es que en losdías siguientes el Presidente y el ministro Esguerra convinieron en que lo mejor era buscarle al asunto una pronta salida. La idea era que Zúñiga se retirara voluntariamente, argumentando razones personales, de tal manera que el episodio no hiciera demasiado ruido. Con ello, además, el gobierno enviaba una señal a Washington que podía servir al propósito de la certificación. "El Presidente y el Ministro estaban de acuerdo en que si a Zúñiga le quitaban la visa en ejercicio de su cargo, la cuestión se volvería inmanejable, pues ni se podía ir por imposición de Estados Unidos, ni se podía quedar como comandante de las Fuerzas Militares un general sin visa estadounidense" explicó a SEMANA una fuente del gabinete.
Según fuentes militares, Zúñiga se mostró dispuesto a colaborar en la solución a pesar de que consideraba que con él se estaba cometiendo una injusticia. A mediados de febrero todo indicaba que se avecinaba un cambio en la comandancia de las FF.MM. Sin embargo, el jueves 22, cuando todo estaba listo y Zúñiga tenía su carta de renuncia sobre el escritorio, la noticia fue filtrada a los medios de comunicación desde el propio palacio presidencial. Como el tema había sido manejado con gran reserva y los demás generales ni siquiera estaban enterados de lo que iba a suceder, con el agravante de que la Casa de Nariño hizo saber que el sucesor de Zúñiga sería el comandante de la Armada, almirante Holdan Delgado, la filtración logró frustrar el relevo y desencadenó una serie de delicados episodios.Hacia las 9 de la mañana del viernes 23 los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, generales Harold Bedoya, Héctor Gil Nieto y almirante Holdan Delgado, respectivamente, se presentaron en el despacho de Zúñiga y de manera unánime le manifestaron su apoyo y le pidieron que no renunciara. Dos horas más tarde hizo lo mismo el jefe del estado mayor conjunto, general Ramón Niebles Uscátegui. Zúñiga agradeció el gesto de sus subalternos y les dijo que de todas maneras no había tomado una decisión final.
Hacia las tres de la tarde los generales Bedoya, Gil y Niebles y el almirante Delgado regresaron al despacho de Zúñiga y le pidieron que gestionara una reunión con el presidente Samper para esa misma noche. El comandante de las FF.MM. localizó al jefe del Estado en Tuluá y acordaron reunirse sobre las 7 de la noche en Palacio. Cuando los militares llegaron a la cita se sorprendieron al encontrar en el despacho del primer mandatario al ministro Juan Carlos Esguerra. Entonces Bedoya le dijo a Samper que prefería que la reunión se efectuara sin el Ministro de Defensa, porque él no hacía parte de la línea de mando castrense. El Presidente, visiblemente desconcertado, le pidió a Zúñiga que los dos se reunieran en privado. El diálogo se prolongó por espacio de 15 minutos, al término de los cuales Samper convenció a Zúñiga de que en la reunión debía estar Esguerra.
Pero el daño estaba hecho: que los militares de Colombia se atrevan a decirle al primer mandatario que no desean la presencia del Ministro en una reunión, e incluso los términos en que se dirigieron al jefe del Estado en dicha reunión (ver recuadro) evidencian un grado de independencia castrense frente al poder civil sin antecedentes en la Colombia contemporánea.
La semana pasada las aguas parecieron volver a la calma. Y aunque la salida de Zúñiga sigue en la agenda del gobierno, el Presidente y el ministro Esguerra tuvieron con el general un gesto que ha sido interpretado como un indiscutible triunfo del comandante de las FF.MM. y de los generales que lo han respaldado: Zúñiga fue designado Ministro de Defensa encargado durante los siete días que dura la visita de Esguerra a España.
Esta secuencia de episodios de un gobierno tratando de negociar con los militares la salida de su comandante deja muy mal parado al ministro Esguerra, quien aparece ante la opinión pública como un funcionario incapaz de controlar a sus subalternos. De hecho, muchas de las críticas de la oficialidad se dirigen contra él. Pero lo cierto es que más que de la debilidad del Ministro se trata de la debilidad del gobierno. Porque sin duda el Ministro hubiera tenido mucho más margen de maniobra si el Presidente no se encontrara en medio de la crisis actual, una crisis frente a la cual el apoyo de los militares puede resultar definitivo.

El chantaje sindical
Pero si con los militares el gobierno no ha sido capaz de imponer sus decisiones, con los sindicatos la situación no ha sido mejor. Todos los años por esta época el gobierno tiene que enfrentarse al muñequeo propio de la negociación de las convenciones colectivas de trabajo. Sin embargo pocas veces se había visto tan poca fortaleza en el manejo de los conflictos.
La primera experiencia de debilidad fue el arreglo con el sector eléctrico, en el que luego de que los trabajadores amenazaran con iniciar apagones en medio país, el gobierno firmó un acuerdo que le costará a las empresas más de 80.000 millones de pesos. Así, aparte del aumento salarial como tal, cada trabajador obtuvo más de 5,3 millones de pesos en prebendas y bonificaciones. Lo peor del asunto es que esos 80.000 millones se comen de un solo bocado el alza de hace algunas semanas en las tarifas de energía, derivada del desmonte de subsidios para los estratos del 1 al 4. Como quien dice, ese desmonte ya no servirá para que los dineros recaudados se utilicen en nuevos desarrollos eléctricos, sino que apenas alcanzarán para llenar por un rato y parcialmente el barril sin fondo de la nueva convención laboral del sector.
ÇLa semana pasada, con el arreglo en la Caja Agraria, una entidad que llevaba más de un año en cuidados intensivos, el gobierno también perdió el pulso. Tras siete días de una huelga que el ministro de Trabajo Orlando Obregón nunca quiso declarar ilegal a pesar de que las normas lo obligaban a ello, el gobierno terminó no sólo cediendo a nuevas pretensiones sino entregando la cabeza del presidente de la Caja, Carlos Gustavo Cano, quien había frenteado al sindicato. El Presidente, que una semana antes había amenazado con liquidar la Caja si el sindicato se iba al paro, echó reversa ante la posibilidad de perder a su ministro de Trabajo en tiempos en que conseguir a alguien que acepte un ministerio no es tarea fácil. Los sobrecostos del acuerdo, en relación con lo que proponía la administración de la Caja, alcanzaron los 18.500 millones de pesos, sin contar privilegios tan onerosos e incalculables como la congelación de los aportes de los trabajadores para pensiones, independientemente del alza que tenga su salario.Ha habido otros casos menos conocidos, como el de Ecopetrol, en el cual la Unión Sindical Obrera _USO_, uno de los más beligerantes sindicatos del país, ni siquiera tuvo que amenazar con irse al paro, pues en una mesa de negociación logró frenar por un buen rato los proyectos de reestructuración de la empresa, diseñados como resultado de un detallado estudio de la firma consultora Booz Allen, el cual costó más de 500 millones de pesos. Aunque el presidente de Ecopetrol, Luis Bernardo Flórez, niega que el gobierno haya abandonado esos planes, lo cierto es que los pasos que debían darse este año en cumplimiento del estudio no se ven por ahora en el horizonte.
En todos estos casos el gobierno se defiende asegurando que ha conseguido puntos importantes en el curso de las negociaciones, pero parte de la crisis de gobernabilidad está en que la gente no le cree. El hecho es que se ha consolidado la imagen de un gobierno chantajeable por los sindicatos, por cuenta de lo cual ya hay ruido de conflicto laboral en varios sectores y empresas, como Telecom, la ETB, Inravisión, el sector salud, los bancos, el Instituto Penitenciario y hasta la Policía Nacional. Los empresarios privados, por su parte, están aterrados de sólo pensar que si les estalla un paro en sus empresas el Ministerio de Trabajo en manos de Obregón pocas garantías les va a dar. Los casos de militares y sindicatos son quizás los más destacados y recientes, pero están lejos de ser los únicos. En estos momentos al gobierno le cuesta gran trabajo decirle que no a los grupos económicos. Pero si este es el caso en las relaciones entre el Presidente y los más poderosos del sector privado, en las relaciones entre él y sus propios ministros son éstos quienes se han dado el lujo de decirle que no. Hace dos semanas, cuando el presidente Samper propuso en un discurso en plaza pública instaurar la pena de muerte para los delitos atroces, en menos de 24 horas media docena de ministros salieron por radio y televisión a oponerse a la idea. Y algo parecido le sucedió la semana pasada a Samper con uno de sus embajadores. Tras las declaraciones del jefe del Estado en las que condenó a Cuba por el derribamiento de las avionetas de exiliados, el representante colombiano en la ONU, Julio Londoño, se le vino en contravía y defendió los derechos el régimen de Fidel Castro.
Hay otros ejemplos de falta de gobernabilidad que resultan menos obvios, pero no por ello menos graves. En materia de guerrilla, las Farc y el ELN, que nunca en más de una década de ofertas de negociación de una salida política han querido sentarse a dialogar en serio, han encontrado ahora una excusa presentable para ello: según esos grupos, por cuenta de las acusaciones sobre infiltración de narcodineros en la campaña presidencial, el gobierno de Samper no tiene legitimidad y por eso mismo no es un interlocutor válido para la guerrilla. Hasta hace un año en Colombia se discutía si se debía o no dialogar con la narcoguerrilla. Ahora es la guerrilla la que se plantea si debe dialogar con el que un comunicado del ELN de hace algunos meses llamó "narcogobierno".
La debilidad externa
Pero si en plano interno llueve, en el externo no escampa. Aparte del caso de Estados Unidos y la descertificación (ver siguiente artículo), Colombia ha afrontado como nunca en el pasado una creciente agresividad de los países vecinos, en especial de aquellos con los cuales hay diferencias limítrofes. El tono de Venezuela ha venido en alza constante hasta tal punto que ahora su gobierno ha decidido aplazar indefinidamente el encuentro de su Canciller con su colega colombiano porque, según han sugerido fuentes oficiales a la prensa del vecino país, la administración Caldera no cree que en estos momentos puede avanzar con Colombia en terreno alguno.
El más reciente ejemplo de debilidad exterior se dio pocos días después de la entrevista del ex ministro Fernando Botero a CM& y mientras el presidente Samper vivía una de sus peores semanas: su colega panameño Ernesto Pérez Balladares aseguró públicamente que las últimas revelaciones del narcoescándalo lo obligaban a dudar del mandatario colombiano. Lo más increíble es que semejante declaración no mereció de la Cancillería colombiana ni siquiera un llamado a consultas al embajador en Panamá, ni mucho menos una nota de protesta.
Por su propia crisis interna, el manejo de las relaciones exteriores se le ha ido saliendo de las manos al gobierno, y sobre todo a la Cancillería. Como dijo a SEMANA un analista internacional, "pocas veces Colombia había tenido un Canciller mejor preparado y con tan pocas posibilidades de hacer una política exterior sólida". Un ejemplo de lo anterior fueron las declaraciones del general Rosso José Serrano, comandante de la Policía, en Washington hace dos semanas, que afectaron directamente las relaciones con México, país que Serrano cuestionó por su falta de colaboración en la lucha antidrogas. La declaración no sólo acabó con la posibilidad de que México y Colombia hicieran un frente unido para pelear por la certificación, sino que además originó airadas protestas en ese país, donde se hicieron manifestaciones en contra del embajador colombiano Gustavo de Greiff.
En resumen, Colombia tiene graves dificultades con Venezuela, ha experimentado algunos roces con México y hasta Panamá, y vive hoy el peor momento de sus relaciones con Estados Unidos desde la separación de Panamá. Lo más dramático de esto es que hace apenas dos años el país estaba, al lado de Chile, encabezando la lista de candidatos al Tratado de Libre Comercio en el que ya están Canadá y México. Ahora Colombia ha desaparecido de esa lista y se encuentra en otra, la más denigrante de todas, la de los descertificados por Washington, al lado de Afganistán, Birmania, Siria, Irán y Nigeria, todos ellos regímenes antidemocráticos, algunos considerados como los gobiernos más corruptos del planeta.
Esto último es una injusticia sin nombre, como bien lo señaló el viernes en la noche el presidente Samper en su alocución televisada. Colombia, el país que en unos cuantos meses puso tras las rejas a la cúpula del cartel de Cali y erradicó más hectáreas de coca y amapola que cualquier nación en el mundo, el país que durante más de una década entregó a algunos de sus mejores líderes en una sangrienta lucha contra el narcoterrorismo, el país que ha tenido que dejar de lado muchas de sus tareas más urgentes para concentrar sus energías en una batalla casi solitaria mientras los países consumidores hacen entre muy poco y nada para reducir la demanda de drogas ilícitas, ese mismo país fue calificado por el gobierno de Bill Clinton como uno de los menos colaboradores en la lucha antidrogas, como un paria en la comunidad internacional.
Es sin duda una arbitrariedad descomunal y una clara e inaceptable señal en el sentido de que Estados Unidos decidió romper su neutralidad frente a la crisis política colombiana y ha decidido buscar la caída del Presidente. Pero por ello mismo, por el hecho de que Colombia tenía todas las credenciales para una nueva certificación, es indiscutible que lo sucedido el viernes en Washington es una prueba definitiva de las graves consecuencias que le produce a un país encontrarse en el estado de ingobernabilidad en que se halla Colombia. Como dijo en su editorial del sábado el diario El Espectador: 'Lo de la certificación es apenas uno de los lados de la figura geométrica irregular de la desestabilización y el vacío de poder'. Estas palabras, en especial cuando provienen del periódico que más ha defendido a Samper a lo largo de esta crisis, demuestran que, más allá de la gran solidaridad nacionalista que a nivel popular produjo su alocución del viernes en la noche _y que sin duda se reflejará en nuevos aumentos de la popularidad del Presidente_, a nivel de clase dirigente, que es quizás donde se va a definir la suerte del primer mandatario, el sentimiento generalizado es que hay una creciente pérdida de gobernabilidad y que la nave del Estado timoneada por Ernesto Samper está apenas sobreaguando.

EL MEMORIAL DE AGRAVIOS
Aparte de defender al general Zuñiga los militares han aprovechado la coyuntura para hacerle serios reclamos al gobierno.¿De que se quejan?

A UNQUE EL principal tema tratado en la noche del 23 de febrero en el palacio presidencial fue el del apoyo incondicional que los comandantes de fuerza le dieron al general Zúñiga, en los diferentes contactos que se produjeron en esas horas quedó en evidencia que el malestar de los militares tenía muchos más motivos. Las quejas estaban relacionadas principalmente con lo que los altos oficiales consideran es el incumplimiento de las promesas de gasto militar que Samper les había hecho el año pasado. "En medio de la crisis política en noviembre pasado, el Presidente nos ofreció elevar el gasto a más de 1.500 millones de dólares para el cuatrienio, pero ahora, tras las reuniones de recorte con el Ministro de Hacienda, quedóen claro que la cifra apenas superará los 400 millones de dólares" explicó a SEMANA una fuente militar del Ministerio de Defensa. Según el alto mando, todos estos recortes que en el rubro de funcionamiento para 1996 alcanzan los 40.000 millones de pesos tienen a las tropas "al borde de la parálisis", a tal punto que en algunos de los batallones que mayor riesgo de confrontación con la guerrilla tienen "no estamos en capacidad de aguantar más de seis horas de combate continuo". Eso explica, según las mismas fuentes, que en estos momentos el accionar contraguerrillero sea merarnente defensivo y que, salvo contadas excepciones, la tropa no esté patrullando con todas las de la ley las zonas de mayor influencia de las Farc y el ELN.
En el marco de los contactos del viernes 23, también afloraron otros elementos de descontento entre los oficiales. Uno es el sentimiento generalizado de que el gobierno y para ser exactos el Presidente y su Ministro no defienden a los militares que son acusados por violaciones a los derechos humanos. No pretendemos que nos protejan de cualquier acusación, pues al fin y al cabo sabemos que cualquier causa debe defenderse ante la justicia, pero si esperamos unas minimas expresiones de solidaridad que nunca se han presentado, agrego unos de los funcionarios.
Finalmente hubo una queja adicional y que, a pesar de parecer la menos grave, es señalada con insistencia como muy delicada por las fuentes militares. Se trata del sentimiento más omenos generalizado entre los comandantes de división y de brigada en el sentido de que, en las correrias que el Presidente emprensa los fines de semana por distintas regiones del pais, los propios oficiales y la propia tropa esten siendo utilizados para engrosar las manifestaciones. A esto se agrega otra molestia de la oficialidad según la cual cada vez que vamos a Casa de Nariño para cualquier reunión de trabajo, los asesores de comunicaciones del Presidente le filtran a los medios la noticia de que hemos ido a brindarles nuestro apoyo al doctor Samper, lo que nos ha obligado en repetidas ocasiones a aclarar que las Fuerzas Armadas respaldan a las instituciones y no a las personas.
Como puede verse la inquietud en la oficialidad parece estar cargada de motivos, aunque la verdad sea dicha muchos de estos motivos sólo han aflorado en medio de una insatisfaccion general que el diario El Tiempo resumio a cabalidad con su titular del miercoles pasado: Los militares no quieren pagar costos de la crisis. A eso, tal vez, se reduce todo.